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Análisis de las políticas públicas en el contexto mundial,
latinoamericano y ecuatoriano: una visión panorámica
Ángela Evelina Farfán Tigre *
Josue Alejandro Arias Medranda **
Viviana Auxiliadora Saltos Palacios ***
Juan Miguel Moreira Largacha ****
Resumen
Las políticas públicas representan la manera de como se le da coherencia, integralidad y
sostenibilidad a las decisiones y acciones de los gobiernos. El propósito de este trabajo
es realizar una revisión de la literatura acerca del análisis de las políticas públicas en el
contexto mundial, latinoamericano y ecuatoriano. Este estudio se realizó a partir de una
investigación hermenéutica utilizando un diseño documental, soportado en una revisión,
análisis, sistematización e interpretación de libros, artículos cientícos, tesis, entre otros
documentos. Las políticas públicas son orientaciones, direccionamientos o cursos de acción
que adoptan los políticos o tomadores de decisiones en los diferentes niveles de gobierno
para procurar soluciones prácticas a los problemas públicos. El análisis de las políticas
públicas es una disciplina que surge en las sociedades industrializadas en la década de
los cincuenta del siglo XX, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. El interés en
América Latina por la disciplina de la política pública aparece justamente en los años en que
se llevaron a cabo las reformas del Estado, del gobierno y de la economía. Su recepción
y aceptación en el medio académico, cívico y administrativo latinoamericano se debió
en gran medida a que la disciplina con sus ideas y métodos analíticos ofrecía un aporte
signicativo para sustentar los cambios económicos y políticos necesarios para superar el
agotamiento del patrón de gobierno del Estado autoritario y reclamaban a la par un nuevo
modo de gobernar y un perl diferente del gobernante. En el caso del Ecuador, en cuanto
a la condición de autonomía de la sociedad para participar en la formulación de políticas
públicas, si bien se ha avanzado signicativamente en procesos de participación ciudadana,
todavía no se ha logrado que las autoridades ejecutivas y legislativas de los distintos niveles
de gobierno se conviertan en auténticos mandatarios de la sociedad civil.
Palabras clave: ciencia política, políticas públicas, administración pública, Estado, gobierno.
Recibido: 20-04-2020 / Aceptado: 25-06-2020.
* Ingeniera Comercial (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador). Magíster en Gestión Empresarial (Universidad Técnica
Particular de Loja, Ecuador). Doctorante en Ciencias Sociales, Mención Gerencia (Universidad del Zulia, Venezuela). Docente de la
Facultad de Hotelería y Turismo (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador). Correo: angela.farfan@uleam.edu.ec.
** Ingeniero en Sistemas (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador). Personal Administrativo (Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí, Ecuador). Correo: josue.arias@uleam.edu.ec.
*** Licenciada en Secretariado Ejecutivo (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador). Maestrante en Gestión del Talento Humano
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador). Docente de Nivelación Universitaria (Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí, Ecuador). Correo: e1310150287@dn.uleam.edu.ec.
**** Ingeniero Comercial (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador). Magíster en Administración de Empresas (Universidad
Marítima de Chile, Chile). Docente de la Facultad de Contabilidad y Auditoría (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador).
Correo: juan.moreira@uleam.edu.ec.
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Ángela E. Farfán T., Josue A. Arias M., Viviana A. Saltos P., Juan M. Moreira L.
Analysis of public policies in the World, Latin American
and Ecuatorian context: an overview
Abstract
Public policies represent the way in which coherence, comprehensiveness and sustainability
are given to the decisions and actions of governments. The purpose of this work is to carry
out a review of the literature on the analysis of public policies in the global, Latin American
and Ecuadorian context. This study was carried out from a hermeneutical research using a
documentary design, supported by a review, analysis, systematization and interpretation of
books, scientic articles, theses, among other documents. Public policies are orientations,
directives or courses of action adopted by politicians or decision makers at dierent levels
of government to seek practical solutions to public problems. The analysis of public policies
is a discipline that emerged in industrialized societies in the 1950s, especially in the United
States and England. The interest in Latin American for the discipline of public policy
appears precisely in the years in which the reforms of the State, the government and the
economy were carried out. Its reception and acceptance in the Latin American academic,
civic and administrative environment was largely due to the fact that the discipline with its
ideas and analytical methods oered a signicant contribution to sustain the economic and
political changes necessary to overcome the exhaustion of the pattern of government of the
authoritarian state and demanded at the same time a new way of governing and a dierent
prole of the ruler. In the case of Ecuador, regarding the condition of autonomy of society
to participate in the formulation of public policies, although signicant progress has been
made in citizen participation processes, it has not yet been achieved that the executive and
legislative authorities of the dierent levels of government become authentic leaders of civil
society.
Keywords: political science, public policies, public administration, State, government.
Introducción
La ciencia política y las ciencias de las políticas o políticas públicas, como comúnmente se
le denomina hoy, han tenido una historia paralela. La ciencia política se inicia en la década
de 1920, con los desarrollos teóricos y metodológicos del conductismo, que le permitieron
alcanzar el estatus epistemológico de ciencia a partir de la década de 1950. La ciencia
política incorporó elementos de tipo descriptivo y explicativo en el análisis de los fenómenos
individuales y colectivos de la política, elementos semejantes a los utilizados por la economía
y la sociología, adquiriendo con ello identidad propia. A partir de aquel momento se presentó
un rápido crecimiento del estudio politológico, que dio origen a un mapa bastante diverso de
subdisciplinas y campos de acción (Almond, 2001).
Las ciencias de las políticas o políticas públicas nacen en Estados Unidos con el impulso
pionero de Harold Lasswell en la segunda mitad del siglo XX, quien después de trabajar
como docente e investigador en ciencia política, incorporó sus conocimientos cientícos al
manejo del gobierno de este país. Su propuesta fue mejorar el desempeño administrativo
y la acción gubernamental del Estado a través de una nueva disciplina, las ciencias de las
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políticas (policy sciences). Este sería un trabajo transdisciplinario en torno a la hechura y
el proceso de las políticas públicas, con el n de conocer y explicar tanto la formación y
ejecución de las políticas, como mejorar su contenido concreto mediante la aplicación de
conocimiento usable (Valencia y Álvarez, 2008).
De forma particular, el interés de la ciencia política por el estudio de las políticas públicas
está referido al Estado y la administración pública. Las políticas públicas se relacionan
con las diversas instituciones que toman decisiones para resolver problemas y desajustes
sociales. Por consiguiente, las políticas públicas son la forma como se le da coherencia,
integralidad y sostenibilidad a las decisiones y acciones de los gobiernos (Muller, 2007).
Bajo esta perspectiva, temas como el sistema y el régimen político, la coherencia ideológica
y programática de los partidos políticos, la fortaleza institucional, la gobernabilidad (capacidad
del ejecutivo para conducir la política), el poder legislativo (legitimidad y representatividad),
el poder judicial (autonomía e independencia) y la sociedad civil (organización y acción
colectiva) son temas que comparten la ciencia política y las políticas públicas. En general,
las políticas públicas van a permear la política en todas sus dimensiones y, con ello, a
agregarse como tema de estudio de la ciencia política.
En este sentido, la discusión acerca de qué mecanismos de decisión colectiva es más
apropiado el “Estado” o el “mercado” está de fondo, en la evolución del enfoque de las
políticas públicas (Strada, 1996). Si bien es cierto que una política pública es un producto
del Estado que está envuelto en formas legales y técnico-administrativa, no obstante, la
mencionada política es el reejo de un proceso previo de complejas relaciones de poder
(Rincón, 2017).
El propósito de este trabajo es realizar una revisión de la literatura acerca del estudio
sistemático de las políticas públicas en el contexto mundial, latinoamericano y ecuatoriano,
para que sirva como herramienta para la reconstrucción histórica de la relación y mutuo
acompañamiento que han tenido la ciencia política y las ciencias de las políticas, hoy
popularizada como el estudio del análisis de las políticas públicas. Este estudio fue realizado
a partir de una investigación interpretativa utilizando un diseño documental, soportado en
una revisión, análisis, sistematización e interpretación de libros, artículos cientícos, tesis,
entre otros documentos, relacionados con el análisis de las políticas publicas.
1. Conceptualización de las políticas públicas
El estudio sistemático de las políticas públicas fue iniciado bajo un enfoque principalmente
racional, en el cual la acción del Estado podría adoptar el nuevo instrumental de gestión y
aplicarlo a su intervención social. Posteriormente, en su evolución ha sido incorporado el
análisis de la complejidad en las relaciones de poder que se dan en el sistema político
especíco. El uso extenso de la noción de política pública fue una consecuencia de la
revolución teórica de posguerra que sacudió a la ciencia política. Dicha noción encontró
sentido, en un marco conceptual donde el proceso de toma de decisiones públicas se
convirtió en el propósito explícito de la ciencia política (Álvarez, 1992).
El signicado contemporáneo de política es de origen anglosajón (policy). La dimensión
general de su acepción hace referencia a toda decisión social, en donde el sujeto de la
decisión puede ser un individuo, una organización (políticas corporativas) o el Estado
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(políticas públicas). Las políticas públicas son orientaciones, direccionamientos o cursos
de acción que adoptan los políticos o tomadores de decisiones en los diferentes niveles de
gobierno para procurar soluciones prácticas a problemas o situaciones públicas (Nateras,
2006).
Por tanto, las políticas públicas representan opciones de gobierno para aportar soluciones
a problemas sentidos e identicados por las comunidades locales, regionales o nacionales.
Los gobiernos, al enfrentar muchos de los problemas sociales y económicos que afectan a
la sociedad, transitan del ejercicio puro de la política hacia las políticas públicas y así ejercen
el poder, el gobierno, porque dichos problemas necesitan que se les busque una solución.
Sin embargo, es un error asumir que el término política es idéntico al término políticas
públicas. Se reeren cuestiones diferentes. La política es un concepto y está vinculado con
la gestión del poder y su uso legítimo en la sociedad, mientras que las políticas públicas son
un instrumento de gobierno para resolver los problemas más sentidos de los ciudadanos
(Proaño, 2011).
1.1. Origen del estudio de las políticas públicas
El desarrollo de la moderna fundamentación de las políticas públicas tiene fecha precisa:
1951 (Guerrero, 1991; Salazar, 1999). En ese año, en la Universidad de Stanford, se reúne
un notable grupo de cientícos sociales con el objeto de discutir temas relacionados con
las ciencias de las políticas (policy sciences). Allí se consolidan los antecedentes, iniciados
desde 1937, cuando en la Escuela de Graduados de Administración Pública de la Universidad
de Harvard se introdujo el estudio de las políticas públicas. En 1940, con base en esta
experiencia, se conformó un Comité Interdisciplinario dedicado al desarrollo curricular de la
nueva disciplina. Resultado de este hecho, fue el libro de Administración pública y políticas
públicas de Stein Harold, que comenzó a utilizarse como libro de texto en el año de su
publicación: 1952 (Fuenmayor y Ochoa, 2014).
Las ciencias de las políticas es una disciplina que surge en las sociedades industrializadas
en la década de los cincuenta del siglo XX, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra
y está enfocada a estudiar los problemas considerados públicos, así como los procesos
de toma de decisión por parte de las autoridades públicas. Por eso, cuando se estudia las
políticas públicas se tiene que hacer referencia a tres elementos fundamentales que forman
parte de éstas: los objetivos públicos del Estado, los programas diseñados para cumplir con
esos objetivos, así como su impacto en la sociedad (Nateras, 2006).
Fue Harold Lasswell (1902-1978), politólogo y sociólogo estadounidense, reconocido
en los ámbitos de la academia y en la asesoría gubernamental, quien contribuyó a la
estructuración de la disciplina de las políticas públicas (Carillo y Medina, 2020). Por lo
tanto, es considerado el padre fundador del análisis de políticas como campo de estudio
independiente y pionero, a mediados del siglo XX, de un movimiento para racionalizar la
toma de decisiones en los asuntos gubernamentales, línea que posteriormente siguieron
autores destacados como Herbert Simon (1916-2001), Charles Lindblom (1917-2018) y
David Easton (1917-2014).
1.2. Denición de política pública
Para denir el objeto o el concepto de política pública es común partir de la dicultad
semántica que existe en español con el término política. Se pueden señalar tres acepciones
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de este término y que el idioma inglés si distingue (Roth, 2006). Primero, la política concebida
como el ámbito del gobierno de las sociedad humanas, polity en inglés. Segundo, la política
como la actividad de organización y lucha por el control del poder, politics en inglés. Y tercero,
la política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas,
policy en inglés. Esta última acepción es la que tiene que ver con las políticas públicas.
En las últimas décadas se ha generado una producción académica de los que son las
políticas públicas, por lo tanto hay un número de deniciones similar al de autores. De
acuerdo con Meny y Thoenig (1992), “el estudio de las políticas públicas no es otra cosa
que el estudio de la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad” (p. 7).
El enfoque en términos de políticas públicas puede denirse, según estos autores, a la vez
como un campo de estudio y como un método.
Por una parte, cómo un campo de estudio: el conocimiento del trabajo gubernamental
permite abordar algunos fenómenos clave del mundo contemporáneo como la aparición
y la naturaleza del Estado, la esencia de la política y el impacto que causa la intervención
pública en el seno de la sociedad. Por otra parte, como método o conjunto de métodos
permite descomponer la compleja esfera de la acción pública en actividades, es por ello que
añade que la política pública está referido al programa de acción de una autoridad pública.
Este programa y las actividades de las autoridades públicas que comprende, componen
la unidad de base de la que se sirve el analista del trabajo gubernamental. El analista de
políticas públicas caracterizará el contenido y el proceso; posteriormente, por acumulación
de observaciones, vericará si existen variaciones o convergencias según tres dimensiones:
por sector, por tipo de autoridades públicas y por épocas.
Para Salazar (1999) se puede entender políticas públicas como “el conjunto de sucesivas
respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”
(p. 41). Cuando se señala en esta denición que es un conjunto de respuestas del Estado,
quiere decir que casi nunca una política pública es una sola decisión, que por lo general,
involucra un conjunto de decisiones que se pueden dar de manera simultánea o secuencial
en el tiempo.
Son asimismo decisiones del gobierno, o mejor dicho, del régimen político. La decisión
agrega además, frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas, es decir, en
cualquier sociedad, sea desarrollada, en vías de desarrollo, tradicional, moderna, entre otros,
siempre hay un conjunto de problemas por resolver. Sin embargo, no siempre el Estado
puede enfrentarlos a todos por múltiples razones: falta de recursos, tiempo, circunstancias,
presiones, interés, entre otros. El Estado, entonces, enfrenta de manera prioritaria aquellos
que socialmente obedecen a una mayor presión, o tienen una mayor incidencia.
Es posible entender la disciplina de las políticas públicas como aquella que se encarga
de los cursos de acción promovidos y asumidos por el Estado para enfrentar problemas
concretos, proceso en el cual están presentes diversos actores y grupos de presión, estatales
y fuera del Estado, y en donde predominan la incertidumbre, los problemas no estructurados,
las limitaciones y asimetrías de información y, por ello, el resultado previsto inicialmente por
los promotores y decisores no se encuentra totalmente garantizado (Mascareño, 2003). Por
consiguiente, la manera como se formulan, decidan, negocian, ejecutan y rediseñan las
políticas públicas, forma parte sustantiva de los procesos de gobierno, lo que ha llevado a
armar que la política pública es al gobierno lo que la estrategia es a la empresa.
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1.3. Elementos de las políticas públicas
A partir de estas deniciones se puede considerar que hay cuatro elementos centrales
que permiten identicar la presencia de una política pública: implicación del gobierno,
percepción de problemas, deniciones de objetivos y proceso. En este sentido, una
política pública consiste en un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos
considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con el propósito de
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modicar una situación
percibida como insatisfactoria o problemática (Roth, 2006).
Toda política pública se dene por la presencia de los siguientes elementos (Aguilar,
1996):
a) Un componente de autoridad (institucional). Puesto que la política pública constituye
un acto de autoridad adoptado por una autoridad que dispone de la legitimidad y que
se ajusta a todos los procedimientos establecidos legalmente.
b) Un componente decisional. En tanto toda política pública implica la presencia de una
decisión (acción o inacción).
c) Un componente conductual. Dado que toda política pública desencadena un conjunto
de acciones, actividades y comportamientos de múltiples actores, no necesaria o
exclusivamente gubernamentales.
d) Un componente causal. En la medida que toda política busca producir determinados
resultados o efectos sobre los comportamientos de ciertos actores o grupos sociales o
sobre los contextos o situaciones en la que despliegan sus acciones los ciudadanos.
2. El análisis de las políticas públicas
El análisis de políticas públicas es un enfoque de carácter aplicado que se ubica entre
la ciencia política y la ciencia de la administración (Delgado, 2009). Para comprender este
enfoque hay que revisar el signicado de las palabras con las cuales se expresa: lo público,
las políticas y el análisis.
2.1. Lo público
La discusión acerca de las políticas públicas debe comenzar por considerar qué se
considera “público”. El calicativo de “público” se reere a la esfera o dominio de la vida
que no es privada ni individual, sino común, y que con frecuencia necesita de regulación o
intervención gubernamental o social. En este sentido, cabe señalar varias consideraciones
(Delgado, 2009):
1) El análisis de lo público requiere enfoques diferentes a los utilizados para analizar las
cuestiones pertenecientes al ámbito de lo privado.
2) Lo público y lo privado no son esferas independientes, claramente separadas la una de
la otra, sino que entre ellas hay una relación de interdependencia.
3) En relación a la demarcación entre lo público y lo privado no hay fórmulas para todo
tiempo y lugar.
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4) La demarcación entre lo público y lo privado es una decisión política de gran calado
social.
2.2. Las políticas
El signicado moderno de la política (policy) data de la segunda postguerra. El estado
democrático liberal moderno que toma forma en dicho período pretende denir su legitimidad
en términos de políticas: a través de las políticas públicas se amplía y se intensica la
intervención del Estado en la sociedad y en la economía (Rincón, 2015). En este contexto, las
políticas constituyen una expresión de racionalidad política: tener una política en algún sector
de actividad equivale a tener razones o argumentos racionales que permitan comprender
tanto un problema como una solución. Una política pública es un marco de orientación para
la acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográco.
Las políticas públicas son conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo
un gobierno para solucionar los problemas que en un momento dado los ciudadanos y el
propio gobierno consideran prioritarios. A menudo se distingue entre políticas, planes y
programas (Fernández y Schejtman, 2012). Una política es una lista de metas o propósitos
en orden de prioridad Un plan es un conjunto de objetivos medibles para alcanzar un
propósito. Un programa es un conjunto de acciones especícas para alcanzar un objetivo.
2.3. El análisis
A principios del siglo XX empezó a fraguar la idea de que los gobiernos podían,
desarrollando políticas públicas, solucionar los problemas de la población. En ese momento
las ciencias sociales comenzaron a establecer una nueva relación con la política y los
gobiernos. A partir de la década de los cincuenta del siglo XX, y sobre todo a principios
de los sesenta, la interrelación entre la sociología, la ciencia política, la administración, e
incluso las ciencias naturales más implicadas en determinadas políticas, se hizo cada vez
más fuerte. Asimismo, fue en Estados Unidos donde comenzó a surgir un campo unicado
sobre el estudio de los problemas y las políticas públicas. Así surgieron las ciencias de las
políticas, a partir de los trabajos de Harold Lasswell y Daniel Lerner (Pastor, 2014).
Las políticas públicas se plasman e inspiran en por lo menos tres vertientes (Parsons,
2007):
1) En la postura o posición política del tomador de decisiones, por lo tanto, expresan
preferencias ideológicas. Cabe destacar que el compromiso con la convicción política
y doctrinaria es legítimo y no debe soslayarse o peor armar que los políticos al
ingresar en un cargo deben despojarse de su camiseta política, peor todavía si esa
camiseta política representa sus creencias o doctrina política con la que se presentó a
la comunidad para hacer su oferta electoral.
2) En el conocimiento de la realidad, es decir de los problemas y posibles soluciones
que aquejan a la comunidad o mejor dicho, a los miembros de la comunidad a quien
representan los tomadores de decisiones. Implica entonces conocer los hechos,
«conocimiento» acerca de los «problemas» de manera tal que se formulen «soluciones
mejores». Es importante recalcar que el conocimiento de la realidad es garantía para
que en el seno del consejo se presente soluciones prácticas y técnicas. La formulación
de políticas públicas es el intento de denir y estructurar una base racional para actuar.
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3) Las teorías politológicas señalan que el consenso y el conicto son elementos propios
de la política, por consiguiente las políticas son elaboradas a partir de la interacción
entre el gobierno y los ciudadanos.
3. Enfoques teóricos del análisis de políticas públicas
El análisis de cada política pública en particular, al igual que todo estudio empírico en las
ciencias sociales, conlleva a plantear una cuestión y construir una hipótesis de respuesta.
Esta hipótesis, dependiendo de la cuestión planteada y de la perspectiva ideológica del
analista, estará fundamentada en algún enfoque teórico enmarcado con mayor o menor
claridad en alguna de las teorías de la ciencia política. La selección de este enfoque teórico
está estrechamente ligada a la selección del modelo de análisis que se utiliza (Hernández,
1999).
Los diversos enfoque para el análisis de políticas públicas vienen a dar respuesta a
las diferentes interrogantes que se plantea el Estado. Dada la pluralidad de disciplinas
cientícas que intervienen, es considerado estos enfoques, como un campo multidisciplinar,
ya que los contenidos del análisis de políticas públicas “no pueden precisarse a través de
lo que serían los límites propios de las disciplinas cientícas, sino que será la naturaleza
del problema planteado la que determinará los instrumentos que será necesario utilizar”
(Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne, 2008, p. 17). Como campo del saber tiene un área
bien denida de estudio, que sería el gobierno y más especícamente, su acción, “pues
el espíritu vital de las políticas públicas es perfeccionar esta acción, hacerla más racional”
(Guerrero, 1992, p. 3).
Todos estos enfoques intentan resolver las cuestiones principales que se plantea esta
disciplina: por qué varían las políticas entre los diferentes países y entre los diferentes
sectores de un país; por qué cambian o permanecen estables las políticas; por qué una
política es o no efectiva; y nalmente, qué tan democrático es el proceso de producción
de las políticas. Existen seis enfoques teóricos principales, cada uno de los cuales otorga
prioridad a alguno de los diferentes elementos susceptibles de determinar la formulación de
las políticas públicas (Hernández, 1999).
3.1. Elección pública
La escuela de la elección pública tiene su origen en los trabajos de Gordon Tullock (1922-
2014), The Politics of Bureaucracy, 1965; Anthony Downs (n. 1930), An Economic Theory
of Democracy, 1957, William Niskanen (1933-2011), Bureaucracy and Representative
Government, 1971, entre otros (Hernández, 1999). Para un análisis global destaca la obra
de Dennis Mueller, Public Choice, 1979 (Mueller, 1984).
Este enfoque señala, fundamentalmente, que la conducta de los individuos, constituye su
principal unidad de análisis, y asumen, a partir de los principios de la economía neoclásica,
que los actores políticos al igual que los actores económicos actúan racionalmente con el
objetivo de satisfacer sus intereses personales y de maximizar sus utilidades (Casares,
2002). Esta suposición lleva a los autores de esta corriente a observar el proceso de
producción de las políticas como una interacción entre ciudadanos (votantes) interesados
en la mayor cantidad de bienes públicos al menor costo posible (impuestos), y unos actores
políticos que intentan proveer esos bienes para adquirir mayor poder y prestigio.
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El resultado de dicha interacción será un incremento permanente de la intervención estatal
en la economía y por tanto de la burocracia, para satisfacer los intereses de esta misma y
de ciertos individuos particulares, todo lo cual termina por perjudicar el interés público. Es
decir, una politización nociva de la producción de políticas. La elegancia de esta teoría se
ve debilitada por la distancia que la separa de la realidad. El supuesto desde el cual parte
simplica de manera excesiva la complejidad de la actividad política, que va más allá del
comportamiento de los individuos, y por su frágil capacidad de predecir el futuro de esta
actividad: los gobiernos no crecen indenidamente, y su eventual crecimiento no se explica
únicamente gracias a la dinámica competitiva inherente a la democracia (Hernández, 1999).
3.2. Economía del bienestar
La corriente de la economía del bienestar es considerada descendiente directa de los
trabajos de Jeremy Bentham (1748-1832) y de John Stuart Mill (1806-1873), pero sus
principios fueron establecidos por Alfred Marshall (1842-1924), en Principles of Economics,
1890, y por Arthur Pigou (1877-1959), The Economics of Welfare, London, 1932 (Casares,
2002). Este enfoque, al igual que el anterior está inspirado en la ciencia económica, disciplina
que constituye el fundamento teórico principal y el paradigma dominante del análisis de las
políticas públicas.
Los trabajos que se sustentan sobre este enfoque se ubican dentro de aquellos calicados,
anteriormente, como orientados directamente a la resolución de problemas, atendiendo a
un proceso de producción de políticas fundado sobre un análisis racional, y en su gran
mayoría observan dicho proceso utilizando el enfoque de las etapas. Este enfoque reside
en la aplicación de los postulados de la economía del bienestar para mejorar la racionalidad
y la eciencia del proceso de producción de políticas públicas, partiendo del supuesto que
los individuos, a través de los mecanismos de mercado, deberían tomar la mayor parte de
las decisiones sociales (Hernández, 1999).
Sin embargo, reconociendo que los mecanismos de mercado no pueden siempre distribuir
los recursos ecientemente, dado que no pueden agregar el comportamiento individual que
maximizan las utilidades para así optimizar el bienestar general, admiten que el gobierno
debe intervenir para corregir estos defectos del mercado (Fernández, Parejo y Sáiz, 2006).
Por lo cual se señala que la función del gobierno consiste en analizar las necesidades
sociales, y en la medida que dichas demandas se originen en un defecto del mercado,
producir una política que permita resolver el problema. Una vez se decide es necesario
intervenir, la cuestión esencial es cómo determinar la manera más eciente de hacerlo.
El método mas utilizado para ello es el análisis costo-benecio, para lo cual es relevante
estudiar cada una de las alternativas disponibles y medir sus consecuencias en términos de
sus costos y de sus benecios, escogiendo nalmente la óptima en el sentido de Vilfredo
Pareto (1848-1923).
3.3. Teorías de clases
El fundamentos sobre el cual se basa el enfoque de la teorías de clases son los trabajos de
Karl Marx (1818-1883). Para una apreciación destacan los trabajos de Stanislaw Ossowski
(1897-1963), Class Structure in the Social Consciousness, 1963; Bob Jessop, State Theory:
Putting the Capitalist Stata Back in its Place, 1991 (Hernández, 1999).
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Los trabajos elaborados en el marco de este enfoque otorgan un lugar primordial
a las entidades colectivas, denidas generalmente en términos objetivos, a partir de las
características, principalmente, económicas de los individuos. Según este enfoque, las
políticas en las sociedades capitalistas se explican a partir de los intereses de ciertas
clases sociales. Por consiguiente, los trabajos neomarxistas, a pesar de existir diferencias
considerables entre ellos, intentan demostrar cómo las políticas particulares favorecen los
intereses del capital y reejan la falta de autonomía del Estado (Valencia, 2011).
Su importancia se centra en el análisis en los resultados de la acción pública, no sólo
el proceso, y en observar para ello el papel del Estado (Roth, 2006). Este tipo de análisis,
excesivamente deductivo, obedece en ocasiones más a la intención de transmitir una
supuesta verdad, que al interés de analizar unos hechos para descubrir una verdad. Prueba
de esto es su incompetencia para explicar las políticas públicas adoptadas en contra de los
intereses del capital, por ejemplo en el Estado de bienestar. Esta debilidad se explica en
parte por su dependencia exagerada en la variable de clase, la cual es difícil de denir, y
además por el determinismo económico sobre el cual se fundamenta.
3.4. Pluralismo y corporatismo: Estado producto de la sociedad
Los enfoques pluralista y corporativista, al igual que el anterior, están basados en la
observación de grupos y no de individuos, pero ya no lo hacen de manera deductiva sino
inductiva (Hernández, 1999). El pluralismo o behaviorismo, que fue durante largo tiempo la
orientación dominante en la ciencia política en los Estados Unidos, supone la primacía de los
grupos de interés en el proceso político, e incluso algunos de los seguidores de esta corriente
consideran la sociedad como el conjunto de grupos que la componen (Roth, 2006). A pesar
de contar entre sus antecedentes a James Madison (1751-1836) y Alexis de Tocqueville
(1805-1859), generalmente se considera a Arthur Bentley (1870-1957), quien estableció los
principios fundadores de este enfoque, en su obra The Process of Government, 1908 y más
recientemente, David Truman (1913-2003), con The Government Process: Political Interests
and Public Opinion, 1964.
Los grupos son considerados numerosos, los miembros pueden cruzarse entre los
grupos, carecen de monopolios controlando la representación, y son desiguales en términos
de recursos y de acceso al proceso de producción de políticas. El resultado de esta visión
es una perspectiva de la actividad política como un proceso en el cual varios grupos de
interés en competencia se reconcilian. Las políticas son percibidas como el resultado de
este proceso de competencia y colaboración entre los grupos de interés, en el cual dichos
grupos intentan aumentar los benecios de sus miembros. El papel del gobierno es el de
una arena de competencia, o cuando más el de un arbitro, a partir de: Robert Dahl (1915-
2014), Pluralist Democracy in the United States: Conict and Consent, 1967.
El enfoque pluralista es excesivamente simple de la acción pública, dado que asume
que los diferentes actores toman una posición homogénea, que los actores públicos no
tienen preferencia propias (dejando de lado el efecto burocrático), y además pasa por alto
los vínculos que dichos actores puedan tener con ciertos grupos de interés. Los autores
denominados neo-pluralistas han intentado resolver estos problemas, en particular: Charles
Lindblom (1917-2018), con su obra The World›s Political Economic System, 1977.
Pero el principal problema de este enfoque con respecto al proceso de producción de
políticas es la excesiva importancia que otorga al papel de los grupos de interés, y por
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ende el descuido de otros factores determinantes en este proceso. Debido al hecho que el
pluralismo es difícilmente aplicable a países diferentes de los Estados Unidos, producto de
la ausencia de grupos de interés de esa naturaleza, en Europa fue desarrollado otro enfoque
similar denominado corporatismo (Schimitter, 1985). Entre ellos, se puede señalar a Philipp
Schmitter, «Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western
Europe», en Comparative Political Studies (Vol. 10, No. l, 1977). Acerca de América Latina
resalta el trabajo de J. Malloy, Statecraft, «Social Policy and Governance in Latin America»,
en Governance, (Vol. 6, No. 2, 1993).
A diferencia del pluralismo, en el modelo corporatista el sistema de intermediación de
intereses está organizado en un número de grupos limitado, que no compiten entre ellos,
que están organizados jerárquicamente, que fueron creados o autorizados por el Estado,
y del cual los miembros fueron obligados de alguna manera a hacer parte. El resultado de
esta dependencia de los grupos frente al Estado será el control de éste sobre la producción
de políticas de la cual participe cada grupo. De esta forma, el proceso de producción de
políticas públicas es percibido como el resultado de la interacción entre el Estado y los
grupos de interés reconocidos por el Estado.
Si bien es probable que la descripción del enfoque corporatista de la actividad política
en ciertos países sea veraz, existen problemas con respecto a su utilización para analizar
el proceso de producción de políticas. Principalmente, está el hecho que este enfoque
describe los sistemas políticos en términos globales, sin detenerse a observar con precisión
la actividad del gobierno, según la visión de Leo Panitch (1945-2020), «The Development
of Corporatism in Democracies», en Comparative Political Studies, (Vol. 10, No. 1, 1977).
3.5. Estatismo: sociedad producto del Estado
El enfoque estatista está inspirada en Georg W. F. Hegel (1770-1831), para el cual
la sociedad moderna no existe sin Estado (Ávalos, 2010). Igualmente, tiene origen en la
sociología alemana de nes de siglo pasado, en particular en los trabajos de Max Weber
(1864-1920) y Otto Hinze (1861-1940). Estos autores consideraban que las estructuras
sociales, gracias al monopolio de la fuerza, permiten organizar y desarrollar la sociedad
(Roth, 2006). Es importante destacar el trabajo de J. P. Nettl, “The State as a Conceptual
Variable», publicado en World Politics, Vol. 20, No. 4, 1968 (Hernández, 1999).
El enfoque estatista está basado en las críticas de los dos anteriores, y de allí que tenga
como principal unidad de análisis las organizaciones sociales y/o las instituciones políticas.
Por ello el Estado, la institución fundamental de esta interpretación, es percibido como un
actor independiente y capaz de concebir e implementar sus propios objetivos, tal como
lo plantean J. Skocpol, et al. (Eds.), Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in
Current Research (Hernández, 1999).
Los autores próximos a este enfoque consideran que el énfasis en el Estado como variable
explicativa les permite demostrar una orientación constante y duradera en la producción de
políticas, y por consiguiente la diferencia entre las políticas de los diferentes Estados. El
problema de este enfoque es su incapacidad para explicar la existencia de políticas que
incorporan libertades y derechos, y su impotencia frente a las diferentes situaciones donde
no puede imponer su voluntad. Es evidente que cometen el error de forzar el valor del
Estado como variable explicativa, y reconociendo este problema los seguidores del enfoque
señalan la necesidad de recurrir a otras variables para explicar los fenómenos políticos.
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3.6. Neoinstitucionalismo
El enfoque neoinstitucional está basado en el reconocimiento de los límites de las teorías
fundamentadas en la observación de individuos o de grupos, en particular el behaviorismo,
por lo cual para explicar la actividad política centran su atención en el análisis de las variables
de tipo institucional (Hernández, 1999).
Los economistas observan las instituciones como instrumentos para resolver los
problemas de información y de intercambio (costos de transacción), y de esta manera facilitar
las negociaciones en las organizaciones sociales, tal como lo planteó Douglass North, en su
obra Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990 (Hernández, 2016).
En la ciencia política son denidas las instituciones como un conjunto de reglas (formales
e informales) que establecen un tipo de comportamiento, impulsan la actuación de los
actores, y moldean sus expectativas (Caballero, 2007). Por tanto, no solamente impactan
los costos de transacción sino que inuyen en las preferencias de los actores.
Los seguidores de este enfoque no están de acuerdo acerca de varios puntos.
Algunos hacen énfasis sobre las cuestiones relativas a las organizaciones y otorgan
una gran importancia a los roles, rutinas, y símbolos institucionales, el cual se denomina
institucionalismo sociológico (Hernández, 2016). Destacando los autores J. March y J. Olsen,
Rediscovering Institutions, 1989; W. Powell y P. Dimaggio, Institutionalism in Organizational
Analysis, 1991.
Otras corrientes coneren gran importancia a la historia e intentan rastrear en el pasado
la continuidad de la actividad gubernamental, para luego observar su efecto sobre dicha
actividad en el presente y hacia el futuro, el cual es llamado institucionalismo histórico
(Pierson y Skocpol, 2008). Entre ellos están: P. Pierson, «When Eect becomes Cause:
Policy Feedback and Political Change», (World Politics, No. 45, 1993); S. Steinmo et al.,
Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis, 1992.
Todos los autores neoinstitucionales están de acuerdo sobre tres puntos fundamentales
(Hernández, 1999; Vargas, 2008):
1) EI comportamiento de los actores esta determinado por las reglas del juego (las
instituciones).
2) Las instituciones determinan la actividad política: las instituciones están constituidas
por ciertas presiones, que estructuran el comportamiento de los actores políticos (su
identidad, poder, y estrategias), y así determinan los resultados de la actividad política.
Por ello, los resultados de dicha actividad no pueden reducirse a la simple interacción
entre los actores sociales.
3) Las instituciones están determinadas por la historia: las instituciones incorporan una
trayectoria histórica que crea una especie de inercia.
Así, la historia es importante porque es path dependent: lo que viene antes (incluso si es
accidental), determina los que viene después. De manera consecuente, según este enfoque
la producción de las políticas públicas está determinada por las instituciones,60 las cuales
moldean la interpretación de los problemas y las alternativas de solución disponibles, y por
ende constriñen el proceso de decisión y de aplicación de las políticas. Si bien los individuos
y los grupos intentan realizar sus objetivos, lo hacen dentro del marco de un conjunto de
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reglas formales e informales que determinan dichos objetivos y las posibilidades de hacerlos
realidad (De la Hoz, 2016).
Por consiguiente, las reglas determinan el comportamiento de los actores (los incentivos y
las sanciones), y a través de ello el contenido de las políticas. Lo interesante de este enfoque
es que permite observar, a través del prisma institucional, un conjunto de variables amplio
y, dependiendo de los resultados de la investigación empírica, mayor o menor importancia
será acordada a dichas variables. El problema de utilizar esta teoría para analizar políticas
públicas es que a pesar de señalar como la actuación de los policy-makers está determinada
por ciertos elementos de la actividad política, no permite explicar con claridad y precisión las
causas de una decisión.
4. La recepción de la disciplina de políticas públicas en América Latina
Mientras en los años setenta y buena parte de los ochenta del siglo XX, fueron en la
mayor parte de los países latinoamericanos años oscuros de crisis destructivas (políticas,
scales, económicas); el nal de los años ochenta y el inicio de los noventa de ese mismo
siglo, fueron un tiempo de profundas transformaciones del Estado y del gobierno a n de
superar la crisis de la sociedad, provocada por las arbitrariedades y represiones políticas
de los gobiernos autoritarios y por sus decisiones económicas equivocadas y catastrócas
(Bresser, 1998).
El interés en América Latina por la disciplina de la política pública aparece justamente en
los años en que se llevaron a cabo las reformas del Estado, del gobierno y de la economía
(Franco y Lanzaro, 2006). Su recepción y aceptación en el medio académico, cívico y
administrativo latinoamericano se debió en gran medida a que la disciplina con sus ideas
y métodos analíticos ofrecía un aporte signicativo (no una panacea) para sustentar los
cambios económicos y políticos que eran necesarios para superar el agotamiento del patrón
de gobierno del Estado desarrollador autoritario y reclamaban a la par un nuevo modo de
gobernar y un perl diferente de gobernante, que se caracterizara por su representatividad
política, legalidad estricta, ecacia directiva y responsabilidad / responsividad social (Aguilar,
2012a).
En lo que respecta a la recepción latinoamericana, se puede armar que comparte el
énfasis norteamericano en la ecacia de la política pública pero lo complementa y perfecciona
con el énfasis en su institucionalidad y, especícamente, en la naturaleza pública de la
política pública, que no es una situación de gobierno o una calidad de la política que se da
por supuesta o asegurada, sino se trata de una realidad por construir, consolidar y asegurar
en el régimen político y en la gobernanza de las democracias recientes de la mayor parte de
los países latinoamericanos (Aguilar, 2012b).
El espíritu y el aporte de la recepción latinoamericana de la disciplina es justamente
la reivindicación de los valores públicos que deben inspirar el análisis, la decisión y la
implementación de la política pública: observancia de la ley pública, compromiso con el
interés público, cuidado de los recursos públicos, participación del público ciudadano en la
hechura de la política. Estos temas no fueron los originarios de la disciplina de la políticas
públicas en su nacimiento y hoy son preponderantes (no solo en los países latinoamericanos)
en la prescripción del modo de elaborar y efectuar las decisiones de políticas públicas ante
arraigados hechos de arbitrariedad, corrupción y populismo clientelar.
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Si se ubica la recepción latinoamericana a nes de los años ochenta o al comienzo de
los noventa del siglo pasado, el ambiente de la recepción de la disciplina de política pública
fue la política de ajuste y la transición democrática, que fueron la respuesta que de gana o
por fuerza dieron la mayor parte de los gobiernos del continente para salir del desastre de
su crisis económica y política.
En esos años, por razones conocidas, se asiste al colapso político de los gobiernos
autoritarios, militares o civiles, con su negra historia de ilegalidad, arbitrariedad, atropello
de derechos, exclusión, liquidación física de adversarios, y a la quiebra nanciera de su
hacienda pública, debido en gran medida al agotamiento del modelo de desarrollo de
industrialización sustitutiva de importaciones, estatalmente estructurado y protegido, y a las
decisiones equivocadas de política económica y social de los gobiernos, ocasionadas por el
predominio de un presidencialismo sin controles políticos y por la politización improductiva
de su gasto a n de no perder sus bases de apoyo.
En el contexto de la transición democrática, el aporte valioso de esta disciplina es haber
centrado la atención en el momento gubernativo más que en el electoral de la democracia,
en contraste con la tendencia intelectual y política preponderante de los países en este
subcontinente y, dicho más genéricamente, en la construcción de la democracia no solo
como forma de gobierno sino como forma con capacidad superior de gobierno, por lo menos
superior respecto de los gobiernos desarrollistas autoritarios del pasado reciente.
Por consiguiente, el desarrollo de la disciplina de política pública es un movimiento
intelectual que refuerza la exigencia cívica de que las decisiones del gobierno democrático
(nuevo o restaurado) construyan o reconstruyan su corrección y ecacia decisoria, su
capacidad de resolver problemas públicos endémicos y de producir situaciones de vida
social de superior calidad y seguridad, dejando atrás de una buena vez los nocivos errores
y daños económicos y sociales de los gobiernos autoritarios.
Más aún, abandera la exigencia política y social de que los gobiernos construyan o
reconstruyan su naturaleza pública y, por consiguiente, se sujeten a la ley pública y al
control de los otros poderes públicos del Estado, sean gobiernos abiertos a la participación
ciudadana, transparentes, que rindan cuentas a los poderes públicos y al público ciudadano,
y se distingan por la inclusión e igualdad de trato a los ciudadanos en sus decisiones y
acciones, en contraste y oposición a toda una larga tradición gubernamentalista de
hombres fuertes (caudillos, caciques, líderes), marcada por el oportunismo institucional, la
discrecionalidad, el espíritu faccioso, la persecución de las diferencias. Sobre todo, el mérito
de la disciplina fue introducir un concepto de lo público (de la realidad, el interés, el benecio
público), alternativo y opuesto a la idea colectivista dominante de entender lo público en los
países latinoamericanos.
Entre estos países lo público posee una denotación más sociológica que politológica
(republicana-liberal), es equivalente a lo nacional o a lo popular, de modo que el interés o
el benecio público es equivalente a las acciones y los objetivos que favorecen la unidad
nacional y el benecio de los pobres, y suele tener una denotación que es adversa al valor
del mundo privado y de las libertades de los ciudadanos, con el resultado de que en muchas
circunstancias y épocas la referencia normativa nacional-popular ha servido de base
conceptual para justicar autoritarismos y colectivismos.
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5. Breve panorama del análisis de políticas públicas provinciales en Ecuador
Para tener éxito en la gestión de las políticas públicas, es necesario que los gobiernos
provinciales cumplan de mejor manera con estos dos requisitos (Proaño, 2011):
1) Que impulsen la autonomía y libertad de las comunidades o individuos para presentar
sus problemas más sentidos al respectivo nivel de gobierno.
2) Que dispongan de capacidad institucional para resolver los problemas de la comunidad.
5.1. Primera condición: impulso a la autonomía y libertad de las comunidades o
individuos para presentar sus problemas más sentidos al respectivo nivel de gobierno
En la primera, la capacidad y autonomía de la sociedad civil para hacerse sentir frente a
un nivel de gobierno, para denir su problemática y sus alternativas de solución implicaría
que:
a) Los conictos no siempre los resuelve el Estado sino también la propia sociedad.
b) Las negociaciones, usualmente se desarrollan en entornos favorables y tolerantes, al
interior de la propia sociedad.
c) El Estado no rige a la sociedad, es ésta misma la que se auto controla y regula.
d) El Estado no garantiza la cohesión social, es la misma sociedad y sus líderes, con
visiones comunes, los que construyen esa cohesión social.
En todos los casos, las autoridades públicas son mandantes que reciben encargos de
la sociedad. Lo anterior nos lleva a señalar que las políticas públicas serán más exitosas y
ecaces cuando se formulan y aplican con fuerte protagonismo de la sociedad, instancia en
la que el poder público juega un rol de facilitador.
La visión anglosajona de las políticas públicas, fundamentada en las condiciones
analizadas, difícilmente se replica en América Latina y Ecuador (Proaño, 2011). En el
caso del Ecuador, y reriéndonos a la primera condición, referida a la autonomía de la
sociedad para participar en la formulación de políticas públicas, si bien se ha avanzado
signicativamente en procesos de participación ciudadana, todavía no se ha logrado que
las autoridades ejecutivas y legislativas de los distintos niveles de gobierno se conviertan
en auténticos mandatarios de la sociedad civil; por tanto, debe ser revisado el tradicional
enfoque y estilo de gobierno vertical, para dar cabida a las demandas de una sociedad civil
con plena capacidad y autonomía para presentar su problemática y alternativas de solución.
5.2. Segunda condición: disposición de capacidad institucional para resolver los
problemas de la comunidad
En cuanto a la segunda condición, referida a la capacidad institucional de esos niveles de
gobierno, se puede armar que esta capacidad es insuciente para responder y solventar
las demandas de la comunidad y así ejecutar los programas y proyectos previstos en las
políticas públicas. Su capacidad o penetración institucional casi siempre responde a una
planicación concebida desde la oferta y a proyectos con claros rasgos clientelares que
buscan, más que otro n, votos para la reelección.
Este panorama, es más palpable en el ámbito de las políticas públicas para el fomento
productivo, atribución que, tímidamente, han venido adoptando los gobiernos provinciales
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en el Ecuador (Proaño, 2011). Si en Ecuador, la formulación de políticas públicas se hiciera
con el protagonismo de la sociedad civil, seguramente sería la excepción, más no la regla.
Por lo general, esas políticas, cuando están disponibles, son formuladas en el nivel del
gobierno central o también por técnicos de los gobiernos subnacionales pero con una visión
centrada en la oferta y con anuencia de las autoridades. Estas políticas, usualmente son
difundidas bajo la forma de marcos legales que, más que orientaciones o cursos de acción
políticas, responden a presiones populistas o clientelares con alta rentabilidad electoral.
Lo expuesto en este último párrafo se puede vericar en las estructuras institucionales de
los gobiernos provinciales, en los cuales los temas productivos y de fomento apenas llegan a
ser jefaturas departamentales y por excepción direcciones y coordinaciones de área. Estas
instancias administrativas y gerenciales, por lo general tienen limitaciones presupuestarias
que en ningún caso reejan la prioridad de atacar la pobreza y el desempleo. He aquí la
principal restricción para formular e implantar políticas públicas productivas en los gobiernos
provinciales autónomos en el caso ecuatoriano.
Conclusiones
Es ineludible sentar las bases para un enfoque local del proceso de las políticas públicas
(Eslava, 2011). Cada vez se resalta la necesidad de contar con un marco analítico de las
políticas públicas proveniente de la realidad propia de América Latina, con la nalidad de
hacer frente al panorama desalentador en donde el discurso de políticas públicas en la
academia es todavía incipiente, desarticulado y disperso (Cuervo, 2007).
En esta misma dirección, Roth (2008) señala la insuciencia de contribuciones para la
construcción de herramientas conceptuales y metodológicas en la disciplina del análisis
de políticas públicas, que permitan abordar la complejidad y dinámica de las sociedades
latinoamericanas; también arma que los aportes a la construcción de un marcos de análisis
desde la realidad latinoamericana podrían ser muy enriquecedores y pertinentes tanto para
la comprensión de la realidad política del continente como para la comunidad epistémica de
los analistas de políticas en general.
En este sentido, vale la pena destacar la propuesta formulada por Jolly y Salazar
(2006) denominada el “Decálogo del enfoque latinoamericano de políticas públicas”, cuyos
planteamientos fomentan y contribuyen a iniciar, estructurar y profundizar la necesaria
discusión y el debate franco, transparente y sin prevenciones sobre este ineludible tema.
Los diez puntos abordan lo siguiente:
1) Distinción semántica entre politics y policy –juego político y acción pública–.
2) Hacer política es hacer políticas.
3) Política económica como política pública.
4) Mediadores de los referentes –hacer deseable lo posible–.
5) Prospectiva.
6) Descentralización –redistribución de responsabilidades y de poder–.
7) Gobernanza local –dimensión local de lo político–.
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8) Estado en acción –hacer o dejar de hacer–.
9) Resolver conictos mediante invenciones intelectuales.
10) Marketing de políticas públicas –comunicar es gobernar–.
En denitiva, urge contar con un enfoque nativo de políticas públicas que se alimente de
la riqueza de las experiencias locales –tanto de los fracasos como de aquellas que llegan
a feliz término–. Su proceso de construcción debe dar cuenta del desafío intelectual, pero
también del quehacer gubernamental; es decir, la comprensión no solo compete a expertos
analistas sino también a gobernantes y ciudadanos.
En este escenario aparecen algunos antagonismos cruciales cuya resolución determina
buena parte del curso de decisiones y acciones que congura la política pública: el dilema
de economía política entre la capacidad de un proyecto político y la lógica de mercado para
resolver la cuestión en alusión al juego de poder sugerida por Lahera (2004).
También está presente el dualismo entre poder de jure y poder de facto que consiste en
conciliar la pretensión consignada en instituciones formales con las restricciones o facilidades
que puede ofrecer el predominio de la informalidad en la realidad de nuestra acción pública.
También existe un dilema en la coexistencia de conciencia ciudadana respecto al potencial
participativo y apatía e indiferencia respecto a los asuntos de interés colectivo.
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Esta revista fue editada en formato digital y publicada
en junio de 2020, por el Fondo Editorial Serbiluz,
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Vol.32 Nº57
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CUADERNOS LATINOAMERICANOS
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