Volumen 32 Nº 2 (abril-junio) 2023, pp.32-54

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8075103

De mafias carcelarias a bandas criminales. Las gobernanzas en el estado Guárico, Venezuela1

*Adrián González y **Astrid Márquez

Resumen

Este artículo explora el papel de algunas políticas de estado en la consolidación de bandas delincuenciales y el desarrollo de gobernanzas criminales dentro del contexto del estado Guárico. Para ello, el abordaje de la violencia delincuencial se llevó a cabo haciendo uso de indagaciones a fuentes primarias efectuadas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) expresadas en tasas. Luego, con una estrategia de monitoreo de prensa, triangulamos este análisis con la información reportada por 10 medios de comunicación entre enero y noviembre de 2022. Asimismo, revisamos la literatura en busca de un marco conceptual que ilustrara las intersecciones entre políticas públicas e inseguridad. Desde las triangulaciones propuestas se muestra que el encarcelamiento masivo, resultó crucial en la conversión de pandillas en grupos criminales organizados. La política de expropiaciones desmanteló el circuito agroalimentario y dejó a muchos jóvenes a merced de las economías ilícitas. La influencia de la minería ilegal en manos de grupos irregulares, que hizo el hábitat delictivo más denso en Guárico, parece estar asociado al fenómeno institucional del Arco Minero del Orinoco. En muchos casos, las medidas securitarias enérgicas contribuyen a que los delincuentes se militaricen y enfrenten a las fuerzas estatales.

Palabras clave: Política de estado; gobernanzas criminales; encarcelamiento masivo; expropiaciones; Arco Minero del Orinoco; securitarismo

*Universidad Rómulo Gallegos. E-mail: adriangonzale@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8695-0212

**Universidad Rómulo Gallegos. E-mail: astridmarquez512@gmail.com

ORCID: 0009-0005-9976-8777

Recibido: 08/01/2023 Aceptado: 14/03/2023

From prison mafias to criminal gangs. Governance in the state of Guárico, Venezuela

Abstract

This article explores the role of some state policies in consolidating criminal gangs and developing criminal governance within the context of the Guárico state. For this, the approach to criminal violence was carried out using inquiries to primary sources from the Venezuelan Violence Observatory (OVV) expressed in rates. Then, using a press monitoring strategy, we triangulated this analysis with the information reported by ten media outlets between January and November 2022. We also reviewed the literature for a conceptual framework to illustrate the intersections between public policies and insecurity. From the proposed triangulations, it is shown that mass incarceration was crucial in the conversion of gangs into organized criminal groups. The expropriation policy dismantled the agri-food circuit and left many young people at the mercy of illicit economies. The influence of illegal mining in the hands of irregular groups, which denser the criminal habitat in Guárico, seems to be associated with the institutional phenomenon of the Orinoco Mining Arc. Strong security measures often help criminals become militarized and confront state forces.

Keywords: State policy; criminal governance; mass incarceration; expropriations; Orinoco Mining Arc; securitarianism

Introducción

En el estado Guárico el crimen y la violencia testimonian una fatídica cotidianidad en la vida de los ciudadanos. Es así como las mafias carcelarias se han transformado en poderosas bandas criminales que controlan el territorio y la dinámica diaria habitual de sus habitantes, donde la entidad guariqueña (Observatorio Venezolano de Violencia [OVV], 2022), en conjunto con Venezuela (World Population Review, 2023), poseen indicadores de violencia que superan los valores de países de America Latina y de otras partes del mundo. De hecho, en muchas áreas del territorio, grandes sectores de la población viven bajo el dominio de las pandillas delincuenciales. Estos grupos, son conocidos con diversas denominaciones dependiendo del lugar del país donde surgieron, como “El Tren de Aragua” en el estado Aragua (Risquez, 2021), “Los Melean” en el estado Zulia (InSight Crime, 2021a), La banda de “Wilexis” en el Distrito Capital (InSigth Crime, 2021b) y “El Tren del Llano” en el estado Guárico (InSight Crime, 2019), por nombrar tan solo algunos. Asumimos junto a Biderman et al. (2014); Lessing (2020); Ferreira & Gonçalves (2021) y Briceño-León et al. (2022) que estas organizaciones, pueden competir con el gobierno para brindar servicios, protección e imponer su propio sistema de justicia alternativa en comunidades pobres, decidiendo quién es castigado y qué tipo de castigo deben recibir. Además, se sugiere que, en el estado Guárico, el surgimiento, consolidación y escalamiento de la banda “El Tren del Llano” es la continuación del liderazgo de prisiones exacerbado por algunas causas combinadas como la deficiente organización de la política de encarcelamiento masivo, externalidades intencionales y no intencionales del modo de gestionar la seguridad ciudadana, la política de expropiaciones y la creación del Arco Minero del Orinoco.

En la heterogeneidad de la violencia que prevaleció en Guárico durante el año 2021, destacaban tres actores fundamentales: las bandas delincuenciales de origen carcelario; los grupos armados no estatales (ELN, disidencias de las FARC) -provenientes de Colombia- y, por último, ciertos actores estatales responsables de la violencia generada por la actuación de algunos cuerpos de seguridad. Para el año 2022, no solo se mantuvieron estos mismos protagonistas, sino que su presencia se hizo más intensa. Prueba de ello, es el incremento registrado en la tasa de muertes violentas, que pasó de 33 muertes por cada 100 mil habitantes (100 m/h) -en 2021- a 44 proyectados para finales de 2022. A diferencia del discurso oficial, que atribuye tales manifestaciones de violencia a influencias e intereses supranacionales, en el estado Guárico, la evidencia orienta la búsqueda de explicaciones hacia ciertas políticas gubernamentales, implementadas intencionalmente o no, particularmente las referidas a encarcelamiento y seguridad ciudadana, entre otras políticas. Este, constituye el nodo central de nuestra hipótesis e intenta invitar al cambio para, con un horizonte inclusivo y de ampliación del derecho, arrojar luces sobre cómo poner fin a las políticas de estado o de gobierno que van diezmando la calidad democrática de la convivencia en Venezuela.

Con esta idea en mente, triangulamos metodologías y fuentes de información para superar la censura y falta de datos oficiales que impera en el país en materia de violencia desde el año 2005. En este sentido, el abordaje de la violencia interpersonal letal se llevó a cabo haciendo uso de las indagaciones a fuentes primarias efectuadas por los investigadores de la sede central del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) expresados en tasas, número de individuos muertos por cada 100 mil habitantes (100 m/h), con la finalidad de hacer posible el análisis comparativo entre las disímiles entidades administrativas que integran el estado Guárico. El análisis de las tasas de mortalidad violenta fue complementado con la información fruto del seguimiento y sistematización de los eventos de violencia interpersonal acaecidos en la entidad, reportados por 10 medios de comunicación durante el periodo comprendido entre el 1ro. de enero y el 30 de noviembre de 2022 y que denominamos delitos “conocidos por la sociedad”. Asimismo, exploramos la literatura existente en busca de nuevos conocimientos analíticos que arrojen luces sobre las intersecciones entre algunas políticas públicas y el auge de la inseguridad en el estado Guárico. Basándonos en estas discusiones, este capítulo aborda las siguientes preguntas: ¿cómo las políticas de estado o de gobierno dan forma a la interfaz entre mafias carcelarias y grupos delictivos organizados? ¿Y qué papel juegan los actores estatales en la consolidación de gobernanzas criminales?

Para ayudar a comprender un poco las circunstancias socioeconómicas de la entidad, este documento parte con una primera sección intitulada “contexto situacional del estado” que busca establecer el marco “ecológico social” en el que se desarrollan los eventos de violencia interpersonal, para tratar de indicar sus impulsores clave y el delicado equilibrio de los contextos institucionales y políticos que interactúan en la vida de las personas. Luego, en la sección “Expansión de los grupos criminales de origen carcelario en Guárico” hemos adaptado nuestro marco conceptual para la interpretación de los principales observables de violencia, subrayando, en cada categoría, el contexto institucional prevaleciente que las caracteriza y poder establecer así el vínculo con las gobernanzas criminales guariqueñas. Después, en la siguiente sección, “Intervención policial-militar: formas temporales de orden”, ofrecemos ejemplos y rasgos cualitativos tanto de víctimas como de victimarios y de las circunstancias que rodearon las principales manifestaciones de violencia en la entidad provenientes de organismos de seguridad y sus posibles consecuencias no deseadas en la consolidación de grupos criminales. Por último, resumimos nuestras consideraciones finales en la sección “Conclusiones”, enfatizando las lecciones que probablemente se apliquen a la prevención de otras formas de violencia y para otros contextos.

Contexto situacional del estado Guarico

Como región el estado Guárico viene experimentando procesos de desigualdad creciente, signados por las pérdidas de ingresos generalizados en la población y procesos de exclusión social que han dado origen a una gran masa de ciudadanos “excedentarios” frente a la oferta de servicios sanitarios, alimentación y oportunidades laborales. Siendo una entidad de vocación agropecuaria, el impacto de la disminución de la superficie sembrada de maíz y arroz, principales cultivos, que cayeron 60 y 40% respectivamente, ocasionó importantes pérdidas de puestos de trabajo que, en el caso particular de estos cereales, se estima rondan entre 2.300-2.500 empleos estacionales directos, y alrededor de 4.000 empleos indirectos. La realidad esbozada se manifiesta a través de varios mecanismos, desde los patrones de migración forzada debido a las oportunidades limitadas de generación de ingresos, hasta la dependencia de economías ilícitas en espacios físicos que, aumentan la exposición a la violencia y, contribuyen a la superposición de vulnerabilidades como enfermedades y desnutrición.

Los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Condiciones de Vida (Universidad Católica Andrés Bello [UCAB], 2021) muestran un panorama alarmante con 96% de los hogares guariqueños viviendo por debajo de la línea de pobreza y 74% de estos haciéndolo por debajo de la línea de pobreza extrema. Entre tanto, 21% de los hogares concentran la población de niños menores de 5 años, 26,8% de los hogares albergan a los adultos mayores y 60% de los hogares son sostenidos por mujeres. Las tasas de mortalidad infantil de menores de un año y la de menos de cinco años se situaron en 32 y 28 defunciones de niños por cada mil nacimientos vivos registrados, respectivamente. La tasa de ocupación ronda el 51% y, el 34% de los jóvenes con edades entre 15 y 24 años ni estudian, ni trabajan. Los últimos datos disponibles de la mencionada encuesta, referidos a desnutrición infantil, indican que 34,4% de los niños presentaban talla inferior a la edad, 8,9% tenían peso inferior a la edad y 5,5% peso inferior a la estatura.

Por su parte, los resultados de la Encuesta Socioalimentaria conducida por la Red Agroalimentaria de Venezuela (2022), que pulsa la percepción de los pobladores de las principales regiones agrícolas del país, acerca de un conjunto de variables que dan cuenta del entorno socio-económico que las rodea, practicadas en 8 localidades guariqueñas: Altagracia de Orituco, Chaguaramas, El Sombrero, Guardatinajas, Las Mercedes del Llano, Tucupido, Valle de La Pascua y Zaraza, permitió identificar la insuficiencia de los ingresos, las deficiencias de los servicios médico asistenciales y el auge de la delincuencia entre los problemas que más preocupación causan a la población.

Al adentrarnos en la exploración de algunas de las variables consultadas en la encuesta, se observa que la percepción predominante de relativa estabilidad en el número de empleos fijos y de establecimientos comerciales operando, estuvo acompañada de un incremento en el empleo informal. Refiere, asimismo, un repunte de los robos y la extorsión, persistencia en las fallas del servicio eléctrico y de distribución de agua; a las que se suman dificultades para el abastecimiento de combustibles, (distribución controlada por funcionarios de las Fuerzas Armadas) y desmejoras en la calidad de las telecomunicaciones. Los encuestados coincidieron al señalar que las mejoras en la distribución de gas han permitido a los hogares retomarlo como principal medio para la cocción de alimentos.

La reducción de los flujos migratorios hacia el exterior e incluso hacia otras regiones de la geografía nacional permite inferir estabilidad en el número de habitantes. En opinión de los consultados la frecuencia y montos de las remesas no sufrieron cambios significativos, al igual que la recepción de los subsidios gubernamentales, representados por los bonos y las cajas de alimentos, coincidiendo al indicar que los montos de los bonos son insignificantes, además de cuestionar seriamente la calidad de los alimentos incluidos en las denominadas cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento). No obstante, la sumatoria de los ingresos percibidos (remesas, bonos y remuneraciones) son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas alimentarias de la población.

Otro de los problemas acuciantes detectados está referido a la calidad de la instrucción pública, en términos de cualificación del personal, condiciones de la infraestructura física e inexistencia y/o pésimo funcionamiento de los comedores escolares que afectan considerablemente a la niñez. En síntesis, podemos afirmar que son múltiples las barreras que dificultan la reactivación y pleno aprovechamiento del circuito agroalimentario, eje de la economía guariqueña, principal generador de empleos directos e indirectos.

Para finalizar esta sección, consideramos oportuno destacar las notorias coincidencias encontradas al comparar los hallazgos reportados por la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2022 (UCAB, 2022) referidos al país y la Encuesta Socioalimentaria (Red Agroalimentaria de Venezuela, 2022) aplicada en 8 localidades guariqueñas, entre ellas el repunte marginal de la actividad económica, persistencia de la inflación, severas limitaciones en la calidad y cobertura de la red de servicios públicos médico asistenciales y educativos, entre otros.

Expansión de los grupos criminales de origen carcelario en Guárico

Para comprender mejor la acción delincuencial en Guárico, vale la pena recordar que buena parte de la violencia observada hoy en el estado, tiene su origen en la política de encarcelamiento masivo puesta en práctica por el gobierno nacional durante el bienio 2009-2010. El “punitivismo carcelario” y el “militarismo” en los operativos policiales y de seguridad ciudadana (Ávila, 2019), donde la población de presos pasó de 30.000 a 50.000 (Hanson & Zubillaga, 2021) desbordó la capacidad instalada de los recintos y dio paso al hacinamiento, al florecimiento de economías ilícitas dentro de la cárcel y a la proliferación de focos violentos con visos de para- estatismo carcelario. En este contexto, el Estado impulsa una serie de negociaciones “micro” con los líderes prisionales (Pran) y prácticamente les “terceriza” la función de supervisores de los recintos (Mayorca, 2016; Bocaranda, 2016; Coscojuela, 2016; Antillano et al., 2016). Estos acuerdos abrieron las compuertas de redes de acumulación predatoria extrema, primero con los mercados de privilegios y derechos dentro de las cárceles, y después con las economías de extorsión que, rápidamente, permearon hacia su entorno cercano.

En este punto, es donde resultan consolidados los vínculos entre la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) y los sindicatos de la construcción, en particular aquellos vinculados a las obras del ferrocarril del centro (Antillano et al., 2020; Mayorca, 2016; Moreno-Losada, 2015). En otras palabras, la PGV aportó los elementos clave de la estructura criminal a través de su grado de cercanía con los sindicatos de la construcción y, el patrón seguido por el trazado de las vías ferroviarias, permitió propagarlo en los municipios afectados por este, dando paso a la formación de grupos armados que extorsionaban a las empresas constructoras y prácticamente a todos los eslabones del circuito agroalimentario guariqueño. Queda bastante claro el rol que tuvo la PGV en la ampliación del potencial de las pandillas para evolucionar como amenazas del crimen organizado con miembros ‘radicalizados’ a través de contactos extremistas en prisión. Sorprende, que las autoridades venezolanas no hayan avizorado tal externalidad, en especial, porque se trata de un fenómeno ampliamente documentado, desde hace mucho tiempo, por la comunidad criminológica internacional (Vicziany, 2007; Kinnes, 2000).

La crisis económica, la paralización de las obras del ferrocarril, la caída de los precios del petróleo y el desmantelamiento del circuito agroalimentario mediante la política de expropiaciones hicieron inviables las economías ilícitas basadas, tan solo, en la extorsión a constructores y productores agropecuarios. Esto propició nuevos faccionalismos prisionales y nuevos espacios de “paraestatalismo” apoyados por grupos armados dentro y fuera de las cárceles (Mayorca, 2016). Es así como en 2016, luego de un cruento enfrentamiento, se produce el cierre de la PGV (El Estimulo, 2016) y se implementan múltiples operativos de saturación policial (Ávila, 2017) que acaban con la vida de líderes delincuenciales que operaban en coordinación con las facciones carcelarias en el municipio Mellado y sur de Aragua (Hanson et al., 2021; Bravo, 2016; Meza, 2016).

Este cambio drástico en los mercados ilícitos, delineó las nuevas estrategias adaptativas adoptadas por la delincuencia, y otros actores que se incorporan, como resultado del surgimiento de nuevas trayectorias de mercancías ilícitas y semi-ilícitas (alimentos, medicinas, mercado cambiario, etc.). Básicamente, tras el derrumbe del circuito agroalimentario y la paralización de grandes obras de infraestructura, emerge el contrabando de la droga desde Colombia, “materiales estratégicos”, armas y la minería ilegal con base en el Arco Minero del Orinoco. En otras palabras, esta confluencia de aspectos dio paso a lo que, dentro de la teoría de “ecosistema del crimen”, se conoce como los “hábitats delictivos densos” descritos por Felson (2006), los cuales no solo contienen una multitud de escenarios para actividades ilegales sino que son ricos en objetivos para esta y, también, brindan el espacio para que las pandillas se autoorganicen y los aprovechen.

Adicionalmente, estos “hábitats delictivos densos” incluyen lo que también Felson (2006) describió como “lugares de convergencia de delincuentes” donde los criminales pueden compartir información, encontrar co-infractores, hacer planes, y lugares a donde ir para recuperarse de contratiempos (Ayling, 2009). En Guárico, un claro ejemplo de esto son los nuevos actores que dominan la escena, donde encontramos: 1) Mega bandas evolucionadas, mejor estructuradas y mucho más sofisticadas tras los operativos de mano dura implementados desde 2016 y 2) Grupos armados no estatales extranjeros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos un frente (Nro. 16) de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atraídos por la política minera y abandono territorial por parte del Estado.

La mega banda “El Tren del Llano” (López, 2021; InSight Crime, 2019; Rojas, 2019) opera fundamentalmente en los principales corredores urbanos del norte del estado, explotando las economías de extorsión que aún persisten, logrando controlar también parte del mercado de minería ilegal, desde el Arco Minero del Orinoco, y el tráfico de drogas -proveniente de Colombia- hacia las Islas del Caribe. Esta banda, ha logrado adaptarse y reorganizarse tras múltiples operativos militarizados en su contra y, actualmente, todo parece indicar que poseen una estructura mucho más compleja, con capacidad para reclutar nuevos integrantes (en su mayoría jóvenes 18-25 años), gran poder de fuego y capacidad de movilización para absorber y repeler ataques de otros actores (estatales y no estatales).

Por su parte, los grupos armados foráneos operan principalmente en el suroccidente del estado para garantizar el tráfico de drogas, también hacia las Islas del Caribe, mediante la gestión y control de pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas en los municipios Miranda, Guayabal y Las Mercedes. Adicionalmente, utilizan la red fluvial para movilizar minerales, que extraen de los territorios que controlan en el Arco Minero del Orinoco, hacia Colombia.

Además de su participación en el flujo de actividades ilícitas, uno de los aspectos que genera gran preocupación son las actividades de control social que llevan a cabo estas organizaciones (Cancilleria Colombiana, 2019). Por ejemplo, se ha documentado bastante bien que al sur de Guárico, cerca del límite con el estado Apure, tanto el ELN como las FARC han establecido, tácitamente, sus límites territoriales dominando la vida económica y política de la región (Marti, 2010). Hacen presencia en ciudades apureñas relativamente cercanas a la frontera con Colombia como Guasdualito, San Fernando de Apure y El Nula en las que hasta prestan servicios médicos, distribución de alimentos y la población local acude a ellos para la resolución de disputas personales y comerciales, dando paso así, a la constitución de economías y ciudadanías grises o de sombra (Idler & Forest, 2015). Estos hallazgos, hacen presumir que si la inercia de este fenómeno continua hacia el norte del país, en Guárico, pudiéramos ver replicar este modelo en los próximos años. Lo cual, dialoga muy bien con los trabajos previos de Izzo (2021); Idler (2020); Zulver & Idler (2020) e Idler (2016).

Entre los casos analizados, vale la pena evaluar algunos aspectos cuantitativos específicos de algunos observables de violencia cuya dinámica, puede diferenciarse un poco de la evolución de las construcciones examinadas anteriormente. Obsérvense que, por ejemplo, tras cuatro años de continuos descensos en la tasa de muertes violentas, el estado Guárico exhibe en 2022 un incremento de 32%, al ubicarse el número de víctimas por cada cien mil habitantes (100 m/h) en 40,5. Esto sitúa a la entidad dentro de las 5 más violentas, posición que no ocupaba desde 2019. La figura 1, ilustra la evolución tanto de la tasa estimada anual de muertes violentas del estado Guárico como el promedio nacional –ambas derivadas de procedimientos estadísticos-, allí podemos observar que exceptuando el año 2021, la tasa de Guárico ha superado el promedio nacional. Evidencia, asimismo, un repunte de esta en contraposición con la tendencia de la tasa promedio a nivel nacional.

Figura 1. Dinámica de muertes violentas para el estado Guárico expresadas en tasas de muertes por cada cien mil habitantes

Por su parte, la figura 2, muestra la evolución de las tasas de: homicidios, muertes en averiguación e intervención policial, durante el último trienio, las cuales también se generaron a partir de procedimientos estadísticos. La gráfica evidencia tendencias similares tanto para homicidios como para muertes por intervención policial, aunque las magnitudes- de las variaciones de las intervenciones policiales son significativamente mayores a las de los homicidios.

También se puede observar que con excepción del año 2020 la tasa de homicidios supera la correspondiente a muertes por intervención policial. Revela, asimismo un leve descenso en la contribución de la tasa muertes en averiguación que pasa de aportar 60,5% en 2021 a 52,3% en 2022. No obstante, llama la atención que la tasa en cuestión es la única que muestra un crecimiento sostenido, máxime al considerar que la misma es vista como una categoría residual, que registra las muertes ocasionadas por causas externas de intencionalidad indeterminada, es decir, todos aquellos decesos que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar, catalogada como zona oscura en los anales de la criminalidad del país (OVV, 2020).

Figura 2. Evolución de las tasas de homicidio (THOM), muertes por intervención policial (TMIP) y muertes en averiguación (TMAV) para el trienio 2020-2022

En este contexto, cabe preguntarse ¿Por qué la cardinalidad de los observables de violencia disminuye si la crisis generada por las políticas de estado ha venido agudizándose de manera inexorable? Nuestra tesis, para 2021, era que tal reducción obedecía -en parte- a que los grupos delincuenciales organizados -como “El Tren del Llano”- controlaban la vida ciudadana y regulaban la violencia mediante una suerte de sistema judicial paralelo, creando nodos de baja penetración estatal o soberanías criminales a lo largo del territorio. También argumentábamos que este tipo de control social, va precedido del desarrollo y perfeccionamiento de funciones extrajudiciales de gobernanza. Es así, como frente a la siempre recurrente pregunta ¿cómo es que los grupos irregulares reducen la violencia? Nuestra respuesta, sobre la base de la experiencia comparada, es que la pacificación trae ventajas económicas que benefician a los grupos criminales, y por eso, buscan poner fin al desbordamiento de represalias y concentrar, en la pandilla, el uso de la fuerza para consolidarse en un territorio (Lessing, 2020, 2022).

A los fines de ilustrar la distribución espacial de la letalidad antes descrita, empleamos las gráficas conocidas como embudo, aprovechando que este tipo de representación nos permite ordenar los municipios en forma descendente atendiendo al valor de las tasas.

Antes de proseguir, deseamos resaltar que las tasas calculadas tan solo expresan la ocurrencia de muertes violentas por cada cien mil habitantes durante el año 2022, e indicar que los asteriscos señalan que el número de muertes ocurridas fue menor que 20, circunstancia identificada como causante de tasas inestables. No obstante, decidimos mostrarlas para ofrecer una panorámica de la distribución espacial de las diversas letalidades acaecidas en todos los municipios, incluyendo aquellos donde la probabilidad de satisfacer el criterio de 20 eventos es baja debido a su reducida población.

La ocurrencia de operativos policiales de envergadura y la actuación de bandas delictivas organizadas nos persuadieron de efectuar el ejercicio incluyendo las tasas consideradas inciertas o inestables, en un intento por explicar y visibilizar el impacto de la letalidad en jurisdicciones con poca población.

El examen de la figura 3 evidencia, que tan solo el municipio Infante satisface el criterio de estabilidad. Allí se observa también que los municipios localizados al oriente del estado ostentan las tasas más elevadas, exceptuando Guayabal ubicado en el extremo sur occidental de la entidad, limitando con el estado Apure, proximidad que podría explicar tal valor.

Al contrastar las tasas de homicidios provistas por el OVV Central con las reseñas de los medios de comunicación encontramos que la letalidad en 4 de los 5 municipios que la encabezan pareciera estar vinculada al accionar de grupos delincuenciales sobre la ciudadanía, además de las muertes violentas como resultado de las disputas entre bandas en su lucha por alcanzar sus objetivos pecuniarios. Destacan, dos células de la mega banda conocida como “Tren del Llano” otrora lideradas por Edgar Mariano y Kenny Meza en los municipios Infante y Zaraza respectivamente. En tanto que en Santa María de Ipire el dominio es ejercido por un grupo delictivo liderado por “El Pepón” (La Patilla, 2022). El monitoreo a los medios de comunicación apuntó al municipio Zaraza como la jurisdicción donde los enfrentamientos entre bandas delincuenciales adquirió mayor notoriedad tanto por el número de decesos asociados a estos, como por el uso que hicieron de las redes sociales para amedrentar a los productores víctimas de extorsión, en su afán por monopolizar el cobro de las extorsiones.

Figura 3. Tasa de homicidios, discriminada por municipio, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia

La figura 4 evidencia que ninguna de las tasas de muertes producto de intervenciones policiales cumple con el umbral de estabilidad referido, no obstante, las incorporamos con la intención de explorar las posibles conexiones entre estas y los operativos policiales.

Figura 4. Tasa de muertes por intervención policial (TMIP), discriminada por municipio, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia

En este sentido resulta revelador que los municipios que exhiben las tasas más elevadas son contiguos y se encuentran localizados en el oriente de la entidad, además de coincidir con las localidades donde fueron desplegados las denominadas Operaciones Trueno. En efecto, los datos recabados por el observatorio de prensa del estado Guárico, evidencian que 32%, como mínimo, de las muertes a partir de las cuales se calcula esta tasa son atribuibles a la ejecución, en septiembre de 2022, de la denominada “Operación Trueno III”, que dejó al menos 14 presuntos delincuentes fallecidos (Monitor de Víctimas, 2022).

La figura 5 muestra el patrón espacial de las tasas de muertes en averiguación, donde emergen cinco nuevos municipios dispersos en la geografía guariqueña como las jurisdicciones que ostentan las tasas más elevadas, lideradas por Roscio con 38 muertes por cada 100 m/h. Allí también se puede observar un leve incremento en el número de jurisdicciones con tasas estables, atribuible a que los decesos incluidos en esta categoría prácticamente duplican a los producidos por homicidios y casi triplica a los causados por la policía.

Figura 5. Tasa de muertes en averiguación (TMAV), discriminada por municipio, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia

Este predominio de las muertes en averiguación además de develar desidia, causa suspicacia, pues pudiera estar siendo empleado para enmascarar homicidios y muertes por intervención policial, lo que permite a las autoridades hablar de contención de la criminalidad letal.

El cuadro 1, muestra la población estimada de cada uno de los 15 municipios que integran el estado Guárico, acompañada del número de víctimas letales ocurridas en cada jurisdicción discriminadas en: homicidios intencionales (HOM); muertes por intervención policial (MIP); muertes en averiguación (MAV) y la sumatoria de todas ellas que denominamos muertes violentas ampliada (MAV) con el objeto de ofrecer una panorámica de los datos empleados en la determinación de las tasas de letalidad.

Cuadro 1. Población y número de víctimas estimadas según tipo, estado Guárico 2022

Con ánimos de superar la elevada variabilidad asociada a las tasas calculadas para eventos cuya ocurrencia es menor a 20, procedimos a determinar la tasa de muertes violentas ampliada, que básicamente consiste en adicionar los homicidios, muertes por intervención policial y las muertes en investigación, estrategia que eleva a 6 el número de municipios que exhiben 20 o más muertes violentas y cuya salida cartográfica es recogida en el mapa 1.

Mapa 1. Representación cartográfica de la tasa de muertes violentas ampliada (TMVA), que resultaron estables según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia

A simple vista podemos apreciar que la región oriental del estado muestra las zonas más oscuras, resultando el municipio Ribas (63,1) el más violento, seguido de Zaraza (54,1) Monagas (50,1) e Infante (36,2). La letalidad de estas jurisdicciones está relacionada con los mosaicos de gobernanzas criminales y rebeldes que operan en esa zona, la mortalidad asociada a las intervenciones policiales, y en menor medida a las muertes en averiguación.

En contraposición las muertes en averiguación predominan en la zona occidental de la entidad. El caso de Roscio resulta particularmente notorio, donde la participación de la aludida tasa se situó en 37,9 lo que significa, que 94,5% de las muertes violentas registradas en el municipio permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar.

En el municipio Miranda, también localizado en la zona occidental del estado, la tasa de muertes violentas ampliada se situó en 41,9; observándose un predominio de las muertes en averiguación con 25,7; seguido de homicidios y de intervenciones policiales con 11,5 y 4,7 muertes violentas por cada 100 m/h respectivamente. El análisis de las reseñas periodísticas parece indicar que la letalidad asociada a los homicidios no es producto del accionar de bandas delincuenciales estructuradas. Con relación a las muertes en averiguación persisten las incógnitas ya referidas.

Prosiguiendo con la caracterización de la victimización letal en la entidad, seguidamente presentamos la figura 6 que ilustra las muertes calificadas como homicidios intencionales, obtenidas a partir del monitoreo de prensa desagregadas por edad y sexo. Una primera mirada a la gráfica en cuestión, evidencia el predominio de los individuos del sexo masculino al reunir el 89% de las víctimas de homicidios intencionales, masculinidad que se torna absoluta en la victimización letal a manos de funcionarios de seguridad.

Figura 6. Número de muertes por homicidio intencional discriminadas por edad y sexo

Con relación a la edad, la observación de la figura 6, no revela patrón alguno, más allá de la concentración de los decesos de los individuos de sexo masculino en los rangos etarios comprendidos entre 20–44 años. Por el momento, pudiéramos presumir a manera de síntesis que, además de la política carcelaria, en buena medida las muertes violentas en Guárico producto de la dinámica delincuencial, responden a la consolidación del estado como sitio de paso de las trayectorias dominadas por las mercancías y mercados ilícitos. Por supuesto, como resultado del resquebrajamiento de la soberanía producto del vacío territorial dejado por los actores estatales y el incumplimiento de sus funciones protectoras de la ciudadanía.

Otros aspectos dignos de mencionar, son las políticas económicas estatistas como la nacionalización y la expropiación, tanto del sector agrícola (Singer, 2022) como minero (Rosales, 2019), las cuales se generalizaron a partir del año 2000. El efecto neto de tales políticas fue el aumento desmesurado del desempleo, la pobreza y la fractura de las políticas de protección social. Paralelamente, tras la aprobación del Arco Minero del Orinoco, la minería irregular se intensificó y las organizaciones criminales ejercieron nuevas formas de autoridad sobre los mineros artesanales y sobre los corredores urbano-rurales guariqueños a través de los cuales se propagan sus flujos ilícitos y las soberanías criminales necesarias para gestionarlos.

Intervención policial-militar: formas temporales del “orden”

A diferencia de los homicidios, las muertes producto de intervenciones policiales (figura 7), según los medios de comuniación monitoreados, muestran un gradiente asociado al grupo etario, presentando la mayor frecuencia el grupo de jóvenes (20-24 años) que disminuye progresivamente al avanzar la edad. La elevada proporción de casos perdidos, que roza el 50%, pone de manifiesto la desinformación que suele rodear a las muertes producto de intervenciones policiales. También, resulta notorio el domnio masculino de la victimización letal a manos de funcionarios de seguridad.

Figura 7. Número de muertes por intervención policial discriminadas por edad y sexo.

En cuanto a los organismos involucrados en los decesos reportados como intervenciones policiales encontramos importantes variaciones al compararlas con 2021. La más notoria es el desplazamiento del liderazgo de la Policía del estado Guárico (Poliguárico) por los operativos conjuntos con participación de al menos dos componentes, quienes dominaron las acciones este 2022, al ser responsables de cerca del 46% de las víctimas, seguido por operaciones independientes conducidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) asociados a 14% de los decesos cada uno. Funcionarios de la Policía del estado Guárico (Poliguárico) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) aparecen como responsables del 9% de las muertes cada uno. Oficiales de las policías municipales lideraron las acciones que dieron cuenta del 8% restante.

Si bien el número de muertes violentas provocadas por los cuerpos de seguridad puede cambiar de manera impredecible, el equilibrio logrado hasta el momento parece concentrarse en el núcleo o corredores urbanos donde predomina el micro tráfico de drogas o menudeo, en los que prevalecen actores poco estructurados, independientes y que manejan pequeñas porciones del mercado. Por extraño que parezca, el “policiamiento” de los mercados de la droga tiende a centrarse en estos grupos de pequeños vendedores “freelance” (Antillano et al., 2020). Por lo general, los organismos policiales suelen evitar a los grupos mejor estructurados debido a su gran capacidad de movilización interna frente a las amenazas, a su potencial para absorber el impacto de las arremetidas oficiales y, por último, pero quizá lo más importante, el volumen de ingresos que manejan les permite negociar la participación en la renta y coludir con actores estatales para el fomento de actividades ilícitas.

Una atenta lectura a los reportes de prensa a comienzos de 2023, nos permite sugerir que la banda “El Tren del Llano” ha tenido una gran capacidad para desarrollar redes de colaboración con el sistema judicial venezolano (NoticiasCOL, 2023; Carabobo Es Noticia, 2023). Algo similar ha ocurrido con los cuerpos de seguridad, donde esa banda, desde hace casi una década, se las ha arreglado para involucrar a varios niveles de la cadena de mando en fuerzas policiales regionales (NotiPascua, 2022; La Patilla, 2015) con quienes, se presume, comparten parte de la renta de la actividad criminal. Ejemplos de este tipo han sido documentados en muchos lugares del mundo donde la colusión con las autoridades marca el paso de la vida de algunas pandillas y constituye un elemento clave para su consolidación (Ayling, 2009).

Una de las posibles consecuencias de este fenómeno, es el establecimiento de organizaciones ilícitas relativamente poderosas y políticamente bien conectadas. Los trabajo de Idler & Forest (2015), Colmenares (2016) y Cancillería Colombiana (2019) son precursores documentando este tipo de cooperación y ofrecen indicios de cómo se pudieran estar utilizado los municipios guariqueños, y buena parte de la Orinoquía colombo-venezolana, en la organización de vuelos ilícitos que conectan con el Caribe dentro de posibles esquemas de colusión con las autoridades. Sin embargo, de llegar a concretarse estas actuaciones, podrían conducir -a la postre- a modelos muy irregulares de asociación entre organismos oficiales y delincuentes con relaciones muy inestables y, por lo tanto, con tendencia a desenlaces violentos y un gran potencial para alimentar las tasas de muertes en averiguación y resistencia a la autoridad (Idler, 2020). Aquí la violencia gubernamental y paraestatal puede resultar sustancial debido a la competencia por mercados ilícitos, con el agravante, de que estos corredores espaciales se encuentran, en gran medida, fuera de la vista de la sociedad civil y en medio de desiertos informativos (IPYS, 2020), razón por la que muchas veces pasa inadvertida.

Operación Trueno III

El operativo de saturación policial, denominado “Operación Trueno III”, desplegado a principios de septiembre del año 2022 por los organismos de seguridad, dirigido a desmantelar las organizaciones delictivas en los municipios Infante, Monagas, Ribas y Zaraza, generó sentimientos encontrados. Una parte de la población considera que tales acciones son necesarias para controlar la actividad delictiva, sin embargo, quienes hacen vida en los sectores que teóricamente suelen ser frecuentados por los presuntos delincuentes denuncian ser víctimas de amedrentamiento por parte de los funcionarios, quienes según relatos de algunos testigos y víctimas irrumpen en los domicilios y/o establecimientos aledaños, tratándolos como sospechosos, instalando una suerte de comandos en residencias seleccionadas arbitrariamente (Tal Cual, 2022). El decomiso de mercancías de las que son objeto los dueños de modestos expendios de víveres que operan en las zonas intervenidas, se suman a las razones por la que estos operativos contribuyen con el afianzamiento del apoyo local hacia el grupo criminal.

De acuerdo a las notas periodísticas al 5 de septiembre del año 2022, fecha de culminación del operativo el número de supuestos delincuentes que murieron en medio de los presuntos enfrentamientos alcanzo a 14 individuos (Monitor de Víctimas, 2022), no obstante, la opacidad que suele envolver este tipo de procedimientos impidió que se conociesen datos cruciales para el debido registro, tales como identidad, edad y lugar de deceso. Según los reportes de prensa, ocho de las catorce muertes violentas durante la ejecución de la Operación, se produjeron en los municipios Leonardo Infante (4) y José Félix Ribas (4), donde estuvieron desplegadas comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a través del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

La referida operación se caracterizó por emplear una lógica centrada en saturar – de manera puntual – con mayor presencia policial. Se trata de operativos que no conocen límites legales y donde se despliega una violencia asimétrica de altísima intensidad, y que, además, justifica los daños colaterales, donde predomina el amedrentamiento y la irrupción. Según relatos de testigos, los funcionarios se perciben a sí mismos como adversarios de los ciudadanos que habitan donde aparentemente se oculta u opera el grupo criminal, es decir, de alguna forma, todos son sospechosos en la comunidad. Esta sería, según la literatura especializada otra de las razones por la que estos operativos son tan contraproducentes, ya que contribuyen con el afianzamiento del apoyo local hacia el grupo criminal (Ross-Blume, 2021).

Con la muerte y amedrentamiento de inocentes en las localidades afectadas por el operativo, uno de los primeros impactos es que aumenta el conflicto y la actividad económica se ve reprimida sin ofrecer alternativas viables. Por lo tanto, no debería sorprender que ciertas comunidades marginadas apoyen a los grupos criminales que ofrecen beneficios tangibles, como recuperación de espacios públicos (canchas, centros de salud, alumbrado); apoyo de actividades culturales, sufragan tratamientos médicos de alto costo, etc. Una vez que el operativo termina, la comunidad queda arrasada y a su suerte, tal como ocurrió en el sector Concha de Mango de El Sombrero, estado Guárico, tras los enfrentamientos y muerte de “El Picure” en 2016.

Otro de los aspectos perniciosos de operativos como la Operación Trueno es el fomento y consolidación de alianzas entre facciones rivales dentro de la organización criminal. En el pasado, los ataques indiscriminados contra “El Picure” diluyeron la rivalidad que existía con “El Juvenal” haciendo que toda la organización se aglutinara alrededor de “El Malony”. Ahora, tras la muerte de Malony en 2021, la mega banda comenzó su proceso de reorganización interna y surgieron algunos bloques que competían entre sí, como el de caso de Carlitos Pirela en Zaraza (quien fue asesinado recientemente, se piensa, por miembros del mismo Tren del Llano), ahora, lo más probable, es que con la Operación Trueno, estas facciones desaparezcan y se aglutinen alrededor de algún líder que todavía no se conoce con certeza, aunque algunos asoman el nombre de Óscar de Jesús Noguera Hernández.

Otra de las externalidades negativas de la Operación Trueno, y quizá la más importante, es el aprendizaje que promueve entre los miembros de la organización criminal. Es decir, estos operativos constituyen un proceso de calificación en tácticas violentas para los miembros más jóvenes de la mega banda; en esto coinciden algunos autores que han estudiado fenómenos de naturaleza homologa (Bouchard, 2007; Degenhardt et al., 2005). Con cada operativo de este tipo, los cuerpos de seguridad se ven forzados a revelar sus tácticas, estrategias, quedan al descubierto posibles informantes infiltrados, etc. Esta organización criminal ha mostrado una enorme habilidad para absorber estos ataques aleatorios y gran capacidad de aprendizaje. El efecto neto es que, después de cada operativo, la mega banda se estructura mejor, consolida nuevas alianzas y explota nuevos flujos ilícitos (Barnes, 2022). En síntesis, los operativos militarizados empujan y promueven la transformación de la mega banda hacia formas delictuales más sofisticadas, así lo vienen haciendo desde 2016 en Guárico.

Estos señalamientos, están en línea con los hallazgos mostrados por la literatura especializada, donde además de los aspectos descritos también resulta afectado el reclutamiento de nuevos integrantes (Donald & Wilson, 2021; Schiray, 2001) el papel del patrimonio; el parentesco; el capital social en el reclutamiento y la promoción en el crimen organizado (Morselli et al., 2007; Morselli, 2001; Block, 1979) tras los ataques de la fuerza pública.

Cuando la única forma de abordar las dinámicas delictivas se basa en la racionalidad bélica, donde no se respetan límites legales y con precarios controles institucionales, no se llega muy lejos. Prueba de ello, son la decena de operativos militares-policiales que se han implementado en el país con resultados poco racionales: Dispositivo Bicentenario de Seguridad (2010); Madrugonazo al Hampa (2011); Plan Patria Segura (2013); Zonas de Paz I (2015); Operación para la Liberación del Pueblo (2015-2017); creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2016; Zonas de Paz II (2017); entre otros. Además de que se tienen que imponer por medio del miedo y de la más brutal violencia.

Otro de los espejismos de estos modelos de intervención territorial, son el amplio consenso mediático y político del que suelen gozar, tal vez de allí provenga la tendencia de su uso y abuso a conveniencia del inmediatismo y las lecturas simplistas de la realidad. Lo cierto es que, si bien, en el corto plazo estas incursiones militarizadas parecen romper el control que las soberanías criminales ejercen, perturbar sus sistemas de justicia paralelos y alterar los pactos de coexistencia pacífica entre grupos rivales, la experiencia nos dice que, tanto en el país como en Guárico -desde 2016- los operativos de saturación policial, como consecuencia de su condición acumulada, han dado paso a soberanías criminales mejor estructuradas y más consolidadas.

En síntesis, más allá de las consignas superficiales como “plomo al hampa”, el uso de la fuerza letal -de forma rutinaria- constituye una concepción de la seguridad ciudadana muy estrecha, más propia de élites autoritarias y del corporativismo criminal, que de la provisión de servicios de seguridad a los habitantes. En otras palabras, para que una política, centrada en los ciudadanos, derive en una gran cultura de protección, se requiere un esquema de provisión de servicios rico y complejo para salvaguardar a la ciudadanía; donde se aborden las dinámicas delictivas con un horizonte inclusivo y de ampliación del derecho, en las que prevalezcan acciones encaminadas a la prevención situacional-social y la coordinación entre las instituciones públicas y privadas.

Conclusiones

¿Cómo las políticas de Estado o de gobierno dan forma a la interfaz entre mafias carcelarias y grupos delictivos organizados? En el estado Guárico, las bandas criminales exhiben una gran longevidad y han demostrado ser casi invulnerables a la represión. Las versiones embrionarias de algunas organizaciones criminales de importancia, comenzaron su vida en las calles mediante redes de amistad sueltas, desordenadas y cambiantes, causando perturbaciones considerables en sus comunidades locales, pero la mayoría de estos daños eran efímeros. Sin embargo, la evidencia señala que la política de encarcelamiento masivo, parece haber resultado crucial en el redireccionamiento y conversión de estas pandillas en amenazas del crimen organizado a través de contactos extremistas en prisión con miembros “radicalizados”. Al igual que en otras partes del mundo, estos pandilleros poco estructurados aprendieron metodologías y filosofías de los delincuentes más experimentados y los utilizaron como modelos a seguir. Debido al modelado, instituciones como la Penitenciaria General de Venezuela han demostrado ser incubadoras fructíferas de pandillas y otros grupos criminales en la entidad.

Adicionalmente, entre los impactos analizados, llama la atención el caso específico de la política de expropiaciones que condujo al desmantelamiento del circuito agroalimentario y dio paso a una gran ola de desempleo que dejó a grandes masas de jóvenes a merced de la migración y de las economías ilícitas como única vía para escapar de la miseria y la exclusión. Dentro de esta dinámica, el Tren del Llano representa uno de los grupos que más ha crecido, se encuentra bien establecido en el oriente de la entidad, y tiene presencia en, prácticamente, todos los demás municipios vecinos. En el transcurso de casi una década, este grupo ha evolucionado de una pandilla carcelaria a una organización regional capaz de corromper y desafiar directamente al Estado. También, han logrado establecer enclaves donde imponen su propio modelo de gobernanza criminal y, en toda la entidad, han venido desarrollando capacidades para regular el mercado de drogas y controlar parcialmente muchas rutas de flujos ilícitos, entre ellos el de la minería ilegal.

Por su parte, el fenómeno de la minería ilegal en manos de grupos irregulares, o su crecimiento exponencial, parece estar asociado a la creación del Arco Minero del Orinoco. En esencia, estos grupos delincuenciales han perfeccionado su participación en los flujos y circuitos asociados a la minería ilegal, todo ello como resultado del proceso contradictorio de mayor presencia estatal en el mencionado territorio minero y al mismo tiempo la pérdida de soberanía sobre esos territorios frente a estos grupos irregulares que han tomado el control de las minas y desplazan todo tipo de autoridad legítima. En síntesis, la política de estado asociada al Arco Minero del Orinoco dio paso a que el hábitat delictivo en Guárico se hiciese más denso, ya que no solo promovió la diversificación de oportunidades para delinquir, sino que también fue capaz de atraer otros grupos delictivos que confluyen, coexisten pacíficamente y colaboran entre sí en la zona.

¿Y qué papel juegan los actores estatales en la consolidación de gobernanzas criminales? La proposición principal presentada en este artículo es que los criminales sobreviven y prosperan tras los estímulos propiciados por algunos actores estatales y la política de gobierno subyacente a estos, en particular, cuando se usan medidas de fuerza. En muchos casos, tales medidas enérgicas han demostrado ser contraproducentes, ya que los grupos irregulares se militarizan, se involucran en la violencia y se enfrentan directamente a las fuerzas estatales.

Nuestros hallazgos, luego de triangular las diferentes fuentes de información, proporcionan algunas evidencias cualitativas y cuantitativas de que algunas políticas públicas pudieran haber influido en la consolidación de algunas gobernanzas criminales, tal es el caso de las mafias carcelarias, que tras la implementación de un conjunto de políticas de Estado, desarrollaron capacidades que les permitieron evolucionar hacia formas mejor estructuradas del crimen organizado. Apuntan asimismo a las medidas de fuerza o políticas de mano dura; la creación del Arco Minero del Orinoco y la política de expropiaciones; como directrices importantes que contribuyeron a hacer más densos los hábitats delictivos en Guárico y consolidar así el fenómeno de gobernanzas criminales.

Dado el alcance y la abrumadora escala del crimen organizado en Guárico, es fácil suponer que las políticas de mano dura contra el crimen parecen soluciones con “sentido común” pero, cuando se trata de gobernanzas criminales, tales políticas desestiman los hallazgos de un número considerable de investigaciones criminológicas que comparten una conclusión consistente: las sanciones severas no disuaden a los delincuentes, pueden en cambio, fortalecerlos y, por lo general, acarrean consecuencias nefastas para la colectividad. En su lugar, se deben considerar estrategias de alternativas, como enfoques comunitarios, prevención situacional del delito, vigilancia policial orientada a problemas, creación de legitimidad y programas de rehabilitación.

Aunque no proponemos eliminar todas las formas de sanción, encontramos que el castigo proporcional -en contraposición a los operativos de saturación policial-, el debido proceso, el liderazgo de la comunidad local y un enfoque general basado en evidencia, son fundamentales para abordar el auge de las gobernanzas criminales de manera efectiva.

Una lección clave para la consolidación de la paz que surge de este análisis y revisión, es la necesidad de identificar las fuentes institucionales de poder para los criminales. Pensamos, que esto puede ser posible haciendo énfasis en dos aspectos fundamentales: Primero, reconocer que -muchas veces- las gobernanzas criminales, al igual que el Estado, son solo un actor entre otros y su poder coercitivo puede cumplir un papel político útil para quienes están en el poder y, en última instancia, se convierten en ejecutores indirectos de algunos actores estatales. En segundo lugar, reconocer y abordar cómo la política de gobierno presente y futura puede promover el control criminal del acceso a la tierra; movilización de mano de obra urbano-rural; y desarrollar nuevas formas de acumular capital.

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