QUÓRUM ACADÉMICO
Vol. 20 Nº 1, Enero-Junio 2023. Pp. 137-151
Universidad del Zulia
Manoly Andrea Villamar Pérez 1, Ingrid Viviana Estrella Tutivén2
Esta investigación comprendió la exposición de las estrategias de autoprotección que los comunicadores sociales implementaron ante las amenazas por coberturas de corrupción en el contexto ecuatoriano de Covid 19, así como el rol de los periodistas, su capacidad de resiliencia y autoaprendizaje frente a las situaciones de riesgos. El enfoque de la investigación es cualitativo, el diseño basado en la fenomenología y las técnicas son las entrevistas en profundidad para interrelacionar narrativas periodísticas y análisis de contenidos cualitativos. En particular, se ofrece una mirada alternativa que guía a la reflexión crítica a la sociedad en la ejecución de futuros estudios basados en la autogestión del comunicador que vislumbra con su potencial impacto social.
Palabras clave: Autoprotección, periodismo, corrupción, Covid 19.
*Artículo de reflexión
Recibido: Abril 2023 - Aceptado:Mayo 2023
Comunicadora Social, Magíster en Comunicación Social, Mención Políticas Desarrollo Social.
FreeLancer. Filiación institucional: Universidad de Guayaquil. Correo electrónico: manolyavp@
gmail.com
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 3.0 Unported.
Abstract
This investigation included the exposition of the self-protection strategies that social communicators implemented in the face of threats due to corruption coverage in the ccuadorian context of Covid 19, as well as the role of journalists, their capacity for resilience and self-learning in the face of risk situations. . The research approach is qualitative, the design based on phenomenology and the techniques are in-depth interviews to interrelate journalistic narratives and qualitative content analysis. In particular, an alternative look is offered that guides society to critical reflection in the execution of future studies based on the self-management of the communicator who envisions its potential social impact..
Keywords: Self-protection, journalism, corruption, Covid 19.
En el Ecuador, los hechos violentos, las amenazas, espionajes, encarcelamientos y los discursos de odio contra los comunicadores sociales se agudizaron durante la contingencia sanitaria por el Covid 19 ocurrida a inicios del año 2020, debido al imperante “cáncer de la corrupción”; fenómeno que se perpetúa como la mayor omisión mediática en la nación.
En este sentido, es transcendental el análisis sobre las estrategias de autoprotección ante las amenazas y la identificación de los escenarios previamente descritos que los comunicadores desafiaron en su labor diaria. Informantes que se sujetan al sistema de interrelaciones, anteponiendo nuevas formas de relaciones interpersonales, innovadores códigos de comunicación y acciones para el ejercicio del derecho de la comunicación como articulador de los demás derechos fundamentales.
El periodismo, durante la pandemia de Covid 19,enfrentó diferentes escenarios que amenzaron su ejercicio. En este sentido, los comunicadores desarrollaron estrategias para ejercer el periodismo seguro, toda vez que se perseguía la visibilización de la violencia periodística, la democratización de la información en el trabajo comunicacional y el acceso a la información pública durante este periodo pandémico. Sobre estos aspectos se señala que:
"La crisis de la pandemia desnuda la corrupción de las élites políticas y económicas, la codicia y los privilegios a nivel de naciones y dentro de las sociedades; fenómenos que no son nuevos, y que tampoco disminuyeron en la crisis, sino que se incrementaron en el último año" (Herrera & Troya, 2021: 2).
De acuerdo con esto, en los meses críticos de la emergencia por Covid 19, el país fue golpeado fuertemente, registrando una franca involución, caos sanitario, económico, político y social, a la par de las cifras exorbitantes de contagiados, sumándose el colapso del sistema fúnebre (funerarias, cementerios y crematorios) nunca antes visto.
En la contingencia sanitaria, el escenario de decadencia se repetía en varias provincias del país, de acuerdo a los titulares de los principales medios digitales:
“Cuerpos de quienes han fallecido en los domicilios empezaron a ser arrojados en las aceras, en esquinas, portales o depósitos de basura, embalados” (Diario El Universo, 2020).
“Contenedores con refrigeración para ponerlos en diferentes hospitales y guardar allí a los cadáveres mientras los pueden enterrar o cremar” (France 24, 2020).
“En Guayaquil los fallecidos por la pandemia de Covid-19 aún no descansan. Tampoco sus familiares. Solo el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) registra 76 cuerpos de muertos extraviados en Guayaquil” (Primicias, 2020).
“Las UCI llenas, más listas de espera y atención hasta en área de cuneros ante aumento de casos COVID-19 en Ecuador” (Diario El Universo, 2021).
A partir de estas consideraciones, Márquez et al. enfatizan “una consecuencia de la corrupción en términos sociales que asigna de forma desigual las prestaciones de salud y retrasa su acceso, al tiempo que debilita la provisión de servicios públicos básicos” (Márquez et al., 2020: 23).
En suma, se evidenciaba que el impacto de la crisis era mucho más profundo que el que mostraba el gobierno y las autoridades de salud en los escenarios mediáticos, generando un ambiente de desinformación. Desde la óptica del autor Mendieta (2020), el medio internacional The New York Times advirtió que la epidemia habría dejado una cifra de fallecimientos en Ecuador que es, al menos, 15 veces más alta que la cantidad oficial reportada por el gobierno.
Estas deficiencias múltiples desembarcaron en el impedimento de coberturas informativas sobre los casos de presunta corrupción por la venta de insumos médicos, sobreprecios en la adquisición de kits de alimentos, delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias para el otorgamiento de contratos similares y tráfico de bienes patrimoniales en los que se involucraban a hospitales públicos, funcionarios de gobierno y actores privados.
"Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria" (GK, 2021, junio 22).
Las circunstancias descritas representan las pandemias silenciosas, permanentes y estructurales de la realidad que se presenta en el país, como la violencia y represión contra el oficio periodístico de forma sistemática en sus intentos de solapar los intereses de ciertos grupos de poder, desviando la atención y ejerciendo la presión pública. Todo ello, relacionado a los retos analíticos y políticos que les impone el propio contexto en el que la corrupción ha sido naturalizada, debido a la percepción ante la impunidad nacional y la falta de regulación, cuando se trata de encontrar respuesta a la compleja situación.
Aunado a ello, “este pensar individual, al tiempo que naturaliza una ceguera moral, consolida la tolerancia a la corrupción como problema social, si en lo personal se obtienen beneficios” (Moriconi, 2018: 121). Bajo tales coordenadas, ejercer el periodismo es reconocer los peligros de ser callado, doblegado o intimidado, así como, también, reconocer las deficiencias de las investigaciones policiales y la gestión gubernamental referente a las
agresiones denunciadas. Igualmente, se prevé que “los funcionarios públicos han confiado en la impunidad ante las denuncias de las agresiones físicas, en la falta de los periodistas en defender su papel de contrapoder” (Merchant, 2018: 84).
De hecho, el gremio periodístico en sus intentos por difundir información veraz e imparcial ha optado por encargarse de su propia seguridad; por tanto, el periodismo riguroso, claro, y crítico desarrolló estrategias para redoblar esfuerzos que garanticen su autoprotección, en el proceso de coberturas y el respeto de sus derechos humanos a inicios de la crisis sanitaria.
Pero ello no justifica las insuficiencias pendientes al día de hoy, ya que “no hay cambios relevantes en el terreno legal para la prensa” (Espinosa Sánchez, 2020: 45), lo que genera que algunos periodistas, por temor o conveniencia, se adhirieran a la autocensura previa (silencio selectivo) en información política relevante, la imparcialidad, posiciones vertidas y el polémico resguardo de terminante ideología política, lo que limita la apropiación de las oportunidades e impulsa la coerción de las libertades periodísticas.
Se efectuó una investigación cualitativa de diseño transversal, no experimental, basado en la fenomenología que “asume un paradigma interpretativo que valida la importancia de la subjetividad en la experiencia humana” (Arévalo, 2021: 34).
Las metodologías aplicadas fueron la descriptiva – explicativa que inducen una visión causa – efecto con la cual se construye un análisis crítico referido a las condiciones existentes, interpretación, características y comportamientos comparables que reflejan los fenómenos ligados a la investigación cualitativa, la recopilación y descripción de los objetivos del estudio.
En general, el muestreo no probabilístico por conveniencia permitió, de manera específica, la elección y caracterización propia de las unidades muestrales en relación al eje del estudio. Por todo lo anterior, se determinaron los siguientes parámetros:
Proximidad con los comunicadores que realizaron un rol estratégico en coberturas en tiempos de emergencia sanitaria.
Interés particular por los periodistas que recibieron amenazas durante sus rutinas periodísticas por casos de corrupción.
Predisposición de los periodistas que evidenciaron la omisión notoria de preparación en la temática de salud para hacer periodismo.
Alcance de comunicadores que se adaptaron a los cambios en el ejercicio del periodismo (tecnológicos, económicos, salud mental, física, riesgos, integración social, propias causas y patrones culturales).
Noticias de mayor impacto que canalizaron los riesgos periodísticos por las denuncias de corrupción registradas en casos de sobreprecios en la compra de insumos médicos, entre otros.
En la recolección de datos se emplearon técnicas como la entrevista en profundidad, ya que en “este tipo de entrevistas pueden integrarse los acompañantes, favoreciendo la generación de narrativas contextualizadas que incluyen el punto de vista de las personas implicadas” (Rodríguez et al., 2021: 36).
Para evaluar este importante aspecto, se entrevistó a los periodistas que vivieron el caos y terror ante la fuerte presión de actores políticos pocos deliberativos por evitar que informen, en primera línea, las coberturas de noticias que exhibieron el nivel de corrupción que se visibilizó en el país, durante la pandemia por Covid 19.
Del mismo modo, se desarrolló el análisis de contenido cualitativo sobre noticias que determinaron el nivel de abuso y agravio de los derechos humanos de los profesionales de la información, con el objetivo de “encontrar el sentido que estos contenidos, poseen dentro del contexto” (Herrera, 2018:125).
En efecto, durante la cuarentena mundial, se incrementaron las coberturas de noticias de índole médico, científico, político, social, económico, entre otros, primando aún más las publicaciones basadas en las preocupaciones cotidianas del quehacer periodístico. De ahí la relevancia de los textos analizados y publicados por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), el diario ecuatoriano El Universo, Portal Suizo de Noticias SWI y la Agencia de Noticias Internacional “EFE”.
En continuidad, se realizó un análisis e interpretación de las estrategias de autoprotección empleadas por los periodistas soportadas desde su experiencia en la coyuntura nacional.
Los resultados de las entrevistas en profundidad aplicadas a los comunicadores señalan, a nivel general, parte de su accionar para originar mecanismos de seguridad y protegerse de las amenazas, efectos dañinos y abusos que sufrieron en las coberturas de la alarmante corrupción que tuvo lugar durante el confinamiento y en tiempos de pandemia. En tanto que los contenidos publicados por organizaciones sociales y distintos medios de comunicación en internet se titularon:
Periodista es atacada nuevamente por Expresidente Abdalá Bucaram (FUNDAMEDIOS, 2020, noviembre 18).
Preocupación de los periodistas que informan de casos de corrupción en Ecuador por amenazas (El Universo, 2021, febrero 4)
Gremio rechaza ataques a periodistas que denuncian corrupción en Ecuador (ABC, 2021, mayo 3)
Se intensifican hostigamientos y amenazas a periodistas en Ecuador, según SIP -EFE (swissinfo.ch, 2021, octubre 19)
Reportes noticiosos que trazaron una invisibilizada reconstrucción del lenguaje machista, campañas de desprestigio, control, manipulación, agresiones físicas, sexuales y psicológicas que incitan a dañar el derecho a la buena reputación y el honor de las mujeres periodistas, estableciendo la urgencia del tratamiento jurídico conveniente para prevenir los ciclos de abuso e intimidación en el ejercicio profesional por aquellos que poseen crecidamente poder económico, político y social.
En un ambiente de fuerte incertidumbre sanitaria internacional, se visibilizan los discursos que perpetúan la violencia machista y la dimensión de los imaginarios misóginos que incorporan el indicador más crudo “la intensificación de la violencia contra las mujeres periodistas”, por cuestionar directamente la verdad, por investigar sobre corrupción, por hacer su trabajo, por su pasión por el periodismo o porque su “condición de mujer” la hace especialmente vulnerable a múltiples discriminaciones.
Ejemplo de lo anterior lo constituye la publicación de los tópicos más frecuentes del exmandatario Abdala Bucaram, a través de su cuenta de Twitter, dirigiéndose referente a la periodista Dayanna Monrroy con términos peyorativos como “pesetera, rata, miserable, sinvergüenza, títere, perversa”, percepciones de amenazas que inciden en la labor, afectando su
libertad individual y libertad de expresión. Por lo pronto, tal como señala la autora Reyes (2021):
"En el momento en el que se cometa una infracción en contra de la mujer como violencia verbal, física, sexual y psicológica y no se toman acciones de carácter penal, automáticamente, la sociedad irá generando más atropellos en contra de las mismas, violando con ello cada vez más derechos". (Reyes, 2021: 29)
Los enunciados anteriores denotan la preocupación de los gremios periodísticos activistas para llevar la cuestión de la responsabilidad de los espacios de comunicación a la vanguardia de criterios de participación, recursos de investigación y los debates críticos de profundidad con relación a las desigualdades de género, unidos con las particularidades de la práctica informativa.
En la acumulación de evidencias se reseña también la marcada iniciativa gubernamental de judicializar la labor periodística, constituyendo una confrontación injustificada y una gran alarma del debilitamiento de los derechos que revela una crisis de las garantías periodísticas, como ya es natural, sancionándola.
Dejando al desnudo el intento del control gubernamental sobre los factores que afectan al país y la situación de lo que en realidad estaba ocurriendo, lo más relevante tal vez sea que el periodismo no tiende a ser amigo del poder político, ni a satisfacer a las autoridades de turno. Por el contrario, los comunicadores articulan y discuten el funcionamiento de los medios de comunicación. A todo el análisis presentado, Díaz (2018) exhorta a:
"Tres sentidos entorno a “la democratización de la comunicación”. El primero que entiende a ese significante como la lucha de lo público frente a la desmonopolización; segundo, como una etapa del devenir histórico que impone la demanda de un ejercicio pleno del derecho a la comunicación en su dimensión social y tercero, como la universalización de las condiciones de acceso a la infraestructura, tecnología y servicios de la comunicación" (Dìaz, 2018:20).
De ahí, que los comunicadores establecen los mecanismos, derivando al cuestionamiento de hacer posible la autorrealización humana a través de la interfaz cultural, simbólicamente, como sujetos empoderados en los roles sociales, con sed de asumir al derecho de la comunicación como única
herramienta estratégica de incidencia política, y como agentes capaces de aplicar la comunicación para garantizar cambios con responsabilidad social.
Al respecto, se puede identificar que la recolección de datos reveló algunas estrategias de protección que utilizaron los periodistas entrevistados, estrategias que se analizan desde un punto de vista determinado según el propósito:
Periodismo autodidacta
Periodismo crítico, analítico y objetivo
Periodismo especializado desde la academia
Periodismo de investigación de calidad
Publicar información verificada y transparente
Documentar investigaciones
Seguimiento a noticia que requiere investigación
Periodismo de datos durante y post-investigaciones
Capacitación
Periodismo digital
TICS
Generar diversas fuentes de ingresos (trabajar en ventas, educación, capacitación, empresas, etc.)
Apoyo económico externo
Apoyo económico independiente
Trabajos como FreeLancer
Denunciar amenazas a los organismos pertinentes
Hacer púbicas las denuncias en redes sociales
Protección judicial
Protección policial
No adquirir compromisos públicos
Asistencia psicológica
Asistencia legal y jurídica
Asistencia económica
Asistencia deontológica
Más recientemente, el periodismo implica también el reconocimiento y apoyo de los ciudadanos en la protección de quienes no conciben el rol crítico de los periodistas frente a la discusión pública y el poder; velando sus propios principios, que resultan ser los intereses del núcleo social: verdad, transparencia y justicia. Esto, significativamente, ayudó al fortalecimiento de las investigaciones periodísticas, respaldándose a sí mismos, por lo que podría resumirse en las siguientes premisas:
Agremiación
Periodismo colaborativo
Respaldo de medios de comunicación
La revisión de los resultados pauta la importancia del estudio, debido a que las estrategias de autoprotección periodística encontradas en la presente investigación permiten visibilizar los intereses del gremio periodístico de acuerdo a los autores consultados.
Con esto es posible indicar que, en los últimos meses, en Ecuador existe una creciente amenaza contra el periodismo para silenciar su trabajo. No obstante, este oficio consciente de los mismos efectos, muestra su potencial y capacidad en el desarrollo de estrategias, acciones “competencias técnicas y académicas y perfiles profesionales para tomar decisiones, aprender y adaptarse con facilidad a las distintas formas de organización del trabajo” (Zambrano et al., 2019: 587).
En un contexto de deterioro, el comunicador juega un rol trascendental de servicio en todas sus dimensiones, dado un esfuerzo sistemático e
intencional. También se destaca su pertinencia, investigación, interés y, sobretodo, la innovación en las coberturas periodísticas a lo largo de la pandemia, lo que ayuda a atenuar directamente los niveles de desinformación nacional.
A la par con la seguridad, se requiere condenar ostensiblemente la discriminación y la violencia que enfrentan las mujeres periodistas en su labor, que de forman continuada las restringen por los compromisos económicos de los medios de comunicación.
Es preciso hacer más eficientes las redes sociales, combinadas con la pluralidad de voces, la accesible independencia, la calidad de concentración de investigaciones y la influencia positiva en la propia seguridad de los periodistas.
Se constata, por tanto, la necesidad de gestionar capacitaciones conforme a la evolución del perfil profesional periodístico, aproximándolo a las TIC y la comunicación, lo que potencia las capacidades. Asímismo, también surge la necesidad de desarrollar reportajes en profundidad que contemplen la hegemónica situación mediática, así como las herramientas para generar un periodismo de género. Desde esta perspectiva, es menester introducir la autonomía, capacidad, productividad, y por ende, la competitividad, mediante el enriquecimiento en el aprendizaje para la trasformación de la comunicación.
También se resalta la visión de los comunicadores sociales quienes, desde sus experiencias, expresaron las condiciones para mitigar paulatinamente la perecedera situación económica por la emergencia sanitaria ligada a los efectos del teletrabajo, despidos intempestivos, liquidación, debilidades estructurales y precarización laboral (sin acceso a servicios de salud, prestaciones, tercerización).
Este constructo conceptual, a grandes rasgos, no desaparece en la época contemporánea, pues existen diferentes factores sociales y económicos restrictivos que requieren de una articulación para su debida reforma institucional en las legislaciones laborales existentes.
En definitiva, la irrupción de la inseguridad periodística cruel e inmoral, por parte del Estado, y de sus instituciones, adquiere otros matices, pues merece el mismo nivel de interés para el análisis académico con el objetivo de consolidar futuras líneas de investigación, proponer lineamientos/ fortalecimientos de política pública, enfoques argumentativos críticos y
disciplinas para abordar la problemática vinculada a la multiplicidad de violencias entrelazadas a los comunicadores.
Por consiguiente, las autoras determinaron la efectividad de las estrategias de autoprotección vinculadas a salvaguardar a los periodistas que contribuyeron con la información en situaciones de riesgos en la pandemia, tejiendo redes, alianzas y asociaciones. Estas conexiones, dinámicas e intercambios de información los llevo a operar más allá de la proximidad territorial y de la mano con la proactividad, esencialmente, por la apropiación del derecho a la comunicación por parte de los comunicadores en un contexto hibrido e industrioso en tiempos de pandemia.
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