Participación ciudadana en el sistema de
seguridad social en salud en Colombia*
Restrepo Pimienta, Jorge Luis**
Cotrina Gulfo, Yamid Enrique***
Daza Suarez, Alfredo****
Resumen
El sistema de salud, está compuesto por un
conjunto de elementos, herramientas y procedimientos entre los cuales destaca
principalmente la gestión de la participación de las organizaciones sociales. El objeto del
presente artículo es analizar la participación ciudadana en el Sistema de
Seguridad en Salud en Colombia, vista como una herramienta para el control
social de las acciones llevadas a cabo en la prestación del servicio. En el
ordenamiento jurídico colombiano, se tienen previstas para esta labor las
veedurías ciudadanas como actores de la sociedad civil, que inciden positivamente
en la consolidación del Estado Social de Derecho, enfrentando la corrupción
como posible amenaza ante la gestión de recursos públicos. Lo anterior se llevó
a cabo bajo una metodología de carácter cualitativo, empleando cuestionarios,
identificando las principales funciones de la veeduría social, que impactan
positivamente en la supervisión de la gestión del Sistema de Salud colombiano. Como
resultados destacan que, en relación a los controles
sociales y técnicos, es necesario que los actores sociales y veedores conozcan
y comprendan las políticas públicas en salud. Además, requieren de procesos
formativos y de capacitación. Se concluye, que falta implementación
de mecanismos efectivos que garanticen la calidad y cobertura de los servicios
de salud.
Palabras clave: Participación ciudadana;
sistema de salud; veedurías ciudadanas; corrupción; democracia.
Citizen participation
in the social security health system in Colombia
Abstract
The
health system is made up of a set of elements, tools and procedures, among
which the management of the participation of social organizations stands out.
The purpose of this article is to analyze citizen participation in the Health
Security System in Colombia, seen as a tool for social control of the actions
carried out in the provision of the service. In the Colombian legal system,
citizen oversight bodies as actors of civil society are envisaged for this
task, which positively affect the consolidation of the Social Rule of Law,
facing corruption as a possible threat to the management of public resources.
This was carried out under a qualitative methodology, using questionnaires,
identifying the main functions of social oversight, which positively impact the
supervision of the management of the Colombian Health System. As results, they
highlight that, in relation to social and technical controls, it is necessary
for social actors and supervisors to know and understand public health
policies. In addition, they require educational and training processes. It is
concluded that there is a lack of implementation of effective mechanisms that
guarantee the quality and coverage of health services.
Keywords: Civic participation; healthcare system; citizen oversight;
corruption, democracy.
Introducción
La participación social ciudadana según “es,
en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus
respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen
directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida
colectiva” (Velásquez, 1986, p, 22), con la finalidad de mantener, modificar o
transformar los sistemas vigentes de la organización tanto política como social.
Al respecto, Salas (2020) manifiesta que la participación ciudadana “hace referencia a los esfuerzos dirigidos a incluir a los
habitantes en la
toma de decisiones
de
carácter público, implica la
necesidad de crear los ambientes para forjar una ciudadanía que se sienta dueña del espacio público”
(p.164), siendo responsable del éxito o fracaso de la sociedad, así
como que considere a las autoridades
públicas como su aliado; entendiendo,
por tanto, “al ciudadano como poseedor de virtudes cívicas puestas a
disposición del bien común” (Contreras y Montecinos, 2019, p.180).
Es por ello, que “la participación ciudadana ha constituido
una pieza fundamental en el desarrollo del modelo de Estado social de Derecho,
fungiendo como un medio democrático” (López, Restrepo y Gómez, 2018, p.255),
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado
con la población; es así, como la pasiva participación ciudadana en el
ejercicio de su derecho social de intervención en los asuntos públicos,
favorece la generación de conductas delictivas al interior de las
instituciones, lo que conlleva al quebranto del bienestar colectivo.
En ese sentido, Hernández y Chumaceiro (2018)
sostienen que la relación Estado-Sociedad supone “considerar las
circunstancias, modalidades y consecuencias de cómo se estructuran los intereses
sociales que generan una matriz de dominación política, marcando los
comportamientos de acceso al poder, la gestión de la
participación ciudadana, y los mecanismos” (p.57) involucrados, con la
finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad.
Lo anterior, se fundamenta en el
cumplimiento de los deberes del ciudadano, entre ellos la defensa de sus
propios derechos fundamentales, como el contemplado en el control social, que
se encuentra consagrado en el Derecho de Petición. En el cual, cualquier
persona o grupo de personas, solicita ante cualquier autoridad gubernamental,
mediante el ejercicio del derecho de información de las cuentas públicas, la
gestión del debido manejo de los recursos públicos (Parra, 2017).
En razón a lo anterior, esta investigación
pretende evidenciar los canales o medios de gestión para la participación en
salud efectiva y dinámica, dentro de un sistema organizado desde instituciones,
normas, procedimientos y actores, en un contexto de forma ideológico-política
de Estado democrático y prospectivo en su comprensión social.
Ahora bien, cabe destacar que la participación
ciudadana se lleva a cabo mediante las denominadas veedurías de control técnico
y social con respecto al sistema de seguridad social en salud, caracterizando
los aspectos que influyen en la gestión institucional y la intervención de la
comunidad en el sistema de salud en Colombia, e identificando los factores que
conllevan a casos de la corrupción en el sistema, manifestado principalmente en
la desviación de fondos de financiación, que afectan su sostenibilidad. Lo
anterior, se evidencia en el cumplimiento de los fines asistenciales, de
promoción y prevención, así como la capacidad de atención a situaciones de
emergencia.
La hipótesis planteada en el presente
artículo es: Las veedurías ciudadanas como actores de la sociedad civil,
inciden positivamente en la consolidación del Estado Social de Derecho
enfrentando la corrupción como posible amenaza ante la pretendida pulcritud en
la gestión de los recursos públicos. La cual se evidenciará mediante la
aplicación de un instrumento de recolección de información primaria, que
consiste en un cuestionario dirigido a las organizaciones de la sociedad civil
que ejercen veeduría ciudadana sobre el sistema de salud, con respecto a su
responsabilidad en la prevención de conductas que propicien la corrupción en el
sistema de salud en Colombia; además, se recopilará información respecto de las
acciones llevadas a cabo por los prestadores del servicio de salud, de manera
más concreta se medirá en la perspectiva de satisfacción de los usuarios con
respecto a la gestión del sistema de salud.
De igual manera, lo anterior será
contrastado a su vez con la información documental que corresponda a los planes
estatales (planes de desarrollo, políticas públicas de carácter nacional o
departamental), que resguarden los objetivos a lograr a través de la gestión
del sistema de salud, permitiendo observar los posibles escenarios a través de
los cuales se deba fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema de
salud por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y a partir de estos,
generar estrategias que contribuyan a mejorar la gestión del sistema, a través
de la participación ciudadana.
1. Fundamentación teórica
A partir de la Ley 850 (Congreso de Colombia,
2003) en correspondencia con el artículo 270 de la Constitución Política de
Colombia 1991 (Corte Constitucional, 2016) y el artículo 100 de la Ley 134
(Congreso de Colombia, 1994), se concibe que las veedurías ciudadanas son sujetos
activos en la participación ciudadana como dispositivo democrático, con el fin
de “garantizar la transparencia en la gestión pública de cualquier organismo
que preste un servicio a la comunidad” (López, et al., 2018, p.256).
No obstante, la implicación de la sociedad
civil en los aspectos concernientes a la gestión pública, de acuerdo con Velásquez
y González (2003) a pesar de la sólida estructura en participación ciudadana
existente en Colombia, las veedurías ciudadanas como parte de la estructura de
control social, se han visto afectadas en la ejecución de sus funciones, toda
vez que muchas veces resulta un reto el cumplimiento de las mismas, debido a factores
como la violencia generalizada, afectando la labor de líderes sociales; el bajo
incentivo por parte del Gobierno, reflejado además en el poco apoyo recibido en
la estructuración de redes de veeduría ciudadana; y el factor pobreza, teniendo
en cuenta la naturaleza no lucrativa de esta actividad, lo cual desincentiva la
participación de los sectores más vulnerables.
De igual manera, se piensa que el éxito
del proceso de participación se da mediante la articulación del Estado y la sociedad
civil, es por ello que resulta significativo la capacitación constante a las
Entidades Sin Ánimo de Lucro (fundaciones, corporaciones y/o asociaciones), que
tengan por objeto la veeduría sobre la gestión del sistema de salud, en medios
de participación ciudadana así como en cuanto a los elementos que constituyen
este proceso de control comunitario, teniendo en cuenta la implicación de la
sociedad en la toma de decisiones para las acciones sanitarias, prestación de
servicio y asistencia.
Los procesos de participación en salud, implican
el desarrollo mismo de la democracia en sentido aplicado, teniendo en cuenta
los mecanismos reconocidos por el ordenamiento jurídico para la correcta
gestión de los recursos en el sistema de seguridad social. En este sentido, existe
una serie de teorías o modelos de democracia cada una partiendo desde su propio
enfoque abordando la categoría de “gobierno popular” (López, et al., 2018). Así,
Rousseau (1762), sostiene que la democracia es el medio más significativo por
el cual los seres humanos pueden conseguir la libertad o el sentido de la
obediencia a una Ley que se prescribe; asimismo, manifiesta Andrew (2010) que los ciudadanos son líderes cuando
éstos “son libres y participan de modo directo y continuo en la vida de la
comunidad” (p.256).
En el mismo sentido, García (1998) afirma que la democracia “en su contenido
de poder requiere de colocación, preparación y ejercicio” (p.83), es por ello,
que con el mecanismo de control social, manifestado en la veeduría en el
sistema de salud por parte de la sociedad civil, se analiza como una forma de
expresar la democracia, la cual es participativa tal cual lo expresa la
Constitución colombiana; esto es, individual (nivel de usuarios) o colectiva
(nivel asociación de usuarios), actuando de alguna manera en nombre o en lugar de
una cantidad significativa de individuos. La representación participativa se
evidencia en la toma de decisiones, la construcción de lineamentos,
verificación de condiciones y planeación del sector, donde interviene la
comunidad de forma libre o por delegación
(Andrew, 2010; López, et al., 2018; Dereix, 2020).
En ese sentido, tal como lo señalan Contreras
y Montecinos (2019) “interesa observar el rol que desempeña, los márgenes de
acción, o bien, los derechos que poseen los ciudadanos para desenvolverse en
los asuntos públicos” (p.181). Entonces la intervención comunitaria como una
forma de hacer la democracia, sus principios y pensamiento dentro del Estado
social de derecho, en los sistemas de salud puede tomar diferentes
consecuencias así como en la equidad en salud.
Por lo tanto,
Salas (2020) sostiene que: “La participación ciudadana es la relación de los ciudadanos con los poderes públicos, lo que permite controlar el ejercicio del poder de sus representantes, con el
fin
de limitar errores, excesos y arbitrariedades, que éstos cometan” (p.166).
Es por ello que, para apropiarse de manera
detallada en el esbozo de este tema se deben realizar extensiones reveladoras y
amplias en cuanto a la transparencia en la gestión de los recursos destinados
al sistema de salud (Vega, 2011).
En el caso de las veedurías ciudadanas
mediante las organizaciones de la sociedad civil, manifiestan su aporte desde
la teoría política, en cuanto a la valoración de negociación, composición,
búsqueda de acuerdos, transacciones; es la que comúnmente se conoce como
perspectivas o tendencia contractualista, lo cual se constituye en el denominado
concepto de consenso. Tales elementos, son el cimiento del régimen político
democrático, ejercido en la participación social, el control social y las
veedurías ciudadanas, en los sistemas sensibles, configurables y permisos de disposiciones,
en conjunto de pesos y contrapesos para un colectivo o aglomerado concreto (Vargas, 2002; López, et al., 2018).
Al respecto, es de hacer notar, que todos
los sistemas de salud están conformados por actores sociales (entre ellos las
veedurías sociales), los cuales tienen intencionalidad, opiniones, liderazgos y
representaciones (López, et al., 2018); es por ello, que suele suceder un contexto
concluyente en el perímetro de la política. Ese es el citado sistema de
autoridad que Weber (2014) recalcó. Sin
embargo, la dominación social de estas organizaciones contrasta con la insuficiencia
de representación, gestión, legitimación, coordinación, concertación y nombramiento
en los diversos sistemas sociales y por su singularidad se sobresale el de
salud. En la siguiente Figura I, se enuncian los factores que inciden en la
operatividad de la democracia en el sistema de salud, específicamente en los
actores e instancias en la participación respecto al control social de los
recursos destinados al sistema de salud.
Fuente: Elaboración
propia, 2020.
Figura
I: Operatividad de la democracia en el sistema de
salud
La consolidación de un Estado democrático solicita
de una intervención competitiva, que incida en la evolución de los problemas
para ejercer la mediación ciudadana. Es importante para lo anterior, contar con
preparación en términos de control social en el uso de recursos para la
exigibilidad del mismo. Un factor que incide en el debilitamiento de la gestión
del control social, es la vulnerabilidad de sectores sociales por factor
pobreza, lo cual incide en la baja participación de este sector poblacional en
el control de los recursos públicos, frente a la vulnerabilidad, aplicada a los
procesos anteriormente mencionados.
Vargas (1994), afirma que: “para hablar no
sólo de las concepciones que han definido la carrera como: necesitado, vulnerable,
carente, por pensamientos de potencialidad, calidad de vida, por plenitud de
las personas en contextos culturales específicos sobre la base de unos mínimos
éticos” (p,22), se requiere una intervención profesional. El Estado Social de
Derecho que consagró la Constitución Colombiana de 1991, le instituyó al
ciudadano y a la comunidad en general, derechos y deberes que le permiten establecer
un vínculo Estado-sociedad que se vuelve en el control social de la dirección
pública.
Dentro de esta representación “se gesta el
derecho a la participación en política pública en salud” (López, et al., 2018, p.257),
como lo ha precisado el principio cuatro de la declaración de Almá-Atá, las
personas tienen el deber de participar, particular y conjuntamente, en la
planificación e implementación de su atención sanitaria, lo cual conlleva a que
la comunidad participe tanto en la formulación, desarrollo así como control, de
las políticas públicas sobre salud (Parra, 2003). No obstante, Herrera (2018)
en su disertación evidencia “que muy poco se ha avanzado en la incorporación de
la población en el debate político y en el diseño de las políticas públicas” (p.79),
en general.
En ese sentido, esta relación consiente
que la sociedad tenga participación en el control y manejo de los bienes así
como los recursos del Estado; todo ello induce a que el Estado cumpla sus
principios y finalidades, comprometiendo la responsabilidad que sustentan las
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas al ser “garantes de
la transparencia y moralidad pública” (López, et al., 2018, p.258).
En el contexto de la actual Constitución Política,
se contempla la función de modelar el conjunto de la vida social (Prieto,
2003), de esta forma se trae a reflexión lo examinado en el artículo 3, cuando
el pueblo le delega una potestad transitoria a los gobernantes con la finalidad
de que actúen de acuerdo con los fines esenciales de los asociados, ello
justifica la existencia de los gerentes de las empresas de salud a partir de
concursos de méritos, de los representantes de los usuarios o clientes, así
como asociaciones no gubernamentales en cuanto a control técnico y social, los
representantes del alcalde, gobernador y Ministerio de la Salud y protección
social en la toma de decisiones de fines colectivos en materia de fenómenos de
salud y cultura (Peña, 2007; López, et al., 2018).
En relación a las “interpretaciones, primacías
y supremacías, de carácter constitucional en temas de fuentes, aplicación de
normas y garantías fundamentales” (López, et al., 2018, p.258) así como
sociales, es conveniente manifestar que las decisiones del legislador siguen
vinculando al Juez pero mediante una interpretación constitucional contenida de
la jurisprudencia (Prieto, 2003), lo cual guarda relación de preponderancia con
el artículo 4 de la Carta Política Colombiana, el cual promulga que en los casos
en los que las normas riñan con la Constitución Política, la norma superior
prevalece.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
planteado, y fundamentado en el neo constitucionalismo, se puede apreciar cómo
desde el preámbulo y en más de cincuenta y cuatro artículos inclusive, interfieren
los procesos de la participación ciudadana y comunitaria, como eje central del
control social del Estado, al que le es inherente la vigilancia control e
inspección mediante la conformación y constitución de la veeduría ciudadana (Peña,
2007).
Es así, que la intervención en salud debe examinarse
no solo con una apariencia descriptiva-histórica, sino de la experiencia de los
diversos actores, es decir, desde su estilo de vida y teniendo en cuenta que es
una composición heterogénea y disímil de intereses, prácticas vividas, pensamientos,
sueños futuristas y la sociedad, y por eso puede ser reformada o edificada por el
ejercicio humano (Echeverry, 2000).
2. Metodología
De acuerdo a la metodología usada en la
investigación que dio origen al presente trabajo, contiene una visión
cualitativa en cuanto al procesamiento de los datos obtenidos de fuentes
primarias, mediante cuestionarios aplicados a miembros de organizaciones de la
sociedad civil, cuyo objeto social sea la veeduría del manejo en los recursos
del sistema de salud. De igual manera, se tiene en cuenta un método documental
y de tipo descriptivo, mediante el cual, se propende por identificar las
características del universo de investigación, precisar formas de conductas y
actitudes del universo investigado, señalando comportamientos concretos.
La investigación se desarrolla bajo el objetivo
de indagar los elementos esenciales de la participación social-ciudadana en el
sistema de salud por parte de los actores y las mejoras progresiva, que evitan
la corrupción a partir del conocimiento público de acciones de los gobernantes.
Para hacer operativo de forma aplicada y
verificable el proceso metodológico, se han utilizado técnicas e instrumentos
adecuados, tales como la encuesta, la cual para el caso en concreto consta de
un cuestionario de 10 preguntas cerradas, que tienen por objeto identificar el
grado de apreciación de los miembros de las organizaciones encargadas del
control social en el sector salud, en lo relacionado a la gestión de la
participación ciudadana en el sistema de seguridad social en salud. Dicho instrumento
fue aplicado aleatoriamente a 64 participantes que están compuestos por: Usuarios,
representantes de ligas de usuarios, prestadores de servicios, profesionales
del sector salud, y autoridades de inspección, vigilancia y control.
3. Resultados y discusión
Al aplicar la metodología descrita en el
anterior acápite, se pudo evidenciar una fuerte tendencia de los actores y
líderes del sistema hacia la gestión de la participación social en el sistema
de seguridad social en salud. Es decir, que los líderes y actores manifestaron estar
de acuerdo en establecer control social al Sistema de Seguridad Social en Salud,
tal como se muestra en el Gráfico I.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
Gráfico
I: Necesidad de control
social
De ahí, que lo planteado a lo largo de
esta investigación, en relación al control social por parte de la comunidad,
como mecanismo para la prevención de conductas delictivas y la generación de mayor
bienestar social, cobra importancia fundamental para el desarrollo del país y el
ejercicio de la ciudadanía, en un contexto democrático. De igual forma, los
actores revelaron, en términos generales estar de acuerdo con establecer
veedurías ciudadanas para la realización de dicho control social, al cual
consideran necesario para ésta ardua labor. “A través de este mecanismo, se
pretende robustecer el actuar del Estado social de derecho en consecución de
sus fines” (López, et al., 2018, p.259). Respecto a lo anterior, Latorre y
Tamayo (2017) expresan:
La necesidad no sólo de
la transparencia del gobierno, sino también de la ilustración y educación de la
ciudadanía. Un gobierno transparente sirve de muy poco si la ciudadanía no es
capaz de elevar su nivel de discusión y su capacidad para construir buenas
razones y argumentos. Todavía más, sabiendo que los gobiernos transparentes no
se crean espontáneamente, lo cierto es que ni siquiera podrían crearse, si no
existe una masa crítica de ciudadanos capaz de opinar, criticar, evaluar y
juzgar sobre las cuestiones públicas y el bien común. (p. 21)
Los hallazgos encontrados en la investigación,
también permitieron evidenciar en un 98,43% del total de encuestados, la
existencia de desconfianza hacia la administración de los recursos económicos,
para el financiamiento del sistema de seguridad social en salud, por parte de
actores y líderes intervinientes en el sistema, al considerar como indebida la
destinación de los mismos, por lo cual revelan la necesidad de un control
social (ver Gráfico I). Asimismo, se muestra la consideración de estos en relación
a los procesos administrativos dentro del sistema de salud, por suponer que los
mismos se encuentran permeados por la ilegalidad y la corrupción.
Los resultados de estas variables, son
quizás las razones por las cuales muchos de los encuestados se expresaron en
gran desacuerdo (aproximadamente 98%, ver Gráfico I, población correspondiente
a líderes de organizaciones de veeduría ciudadana en salud) con la operatividad
administrativa y financiera que se observa en el sistema de salud actual, el
cual ofrece de manera deficiente y baja calidad, los servicios y productos de
asistencia en salud; y por tanto, los actores sugieren controles restrictivos así
como la intervención de las autoridades disciplinarias y fiscales del Estado,
para que realicen los procedimientos adecuados que representen el principio de
transparencia de la administración pública, con el fin de salvaguardar los
recursos públicos y, asimismo, hacerse oportuna las bondades establecidas en
las normas del régimen de beneficio.
En este sentido, con el fin de lograr un correcto
funcionamiento en el sistema de seguridad social en salud, se requiere promover
mediante la capacitación y entrenamiento en la formulación de mecanismos de
exigibilidad de derechos (derechos de petición, acción de tutela, acción de
cumplimiento), contemplados en la Constitución Política, y así lograr propagar su
comprensión y conocimiento a la población en general y en especial a los
actores y líderes del sistema de salud, acerca de los componentes del sistema
de garantía, y calidad y auditoria en salud, que en síntesis se refieren: Al control
técnico, el cual se establece por la legalización de
los servicios (registro de funcionamientos de los prestadores); las auditorias
(cuenta, calidad y concurrente); autoevaluación; sistemas de información y
acreditación; así como, reconocimiento y aportes al mejoramiento masivo de la
calidad de vida de grupos poblacionales (López, et al., 2018).
Seguidamente, cabe resaltar que de los
actores y líderes responsables del control social participativo en salud, el
98% aproximadamente reveló que desconocen la estructura así como el funcionamiento
de los sistemas integrales de calidad y auditoría, mismos que regulan la
eficiencia, eficacia y efectividad de la prestación del servicio de salud en el
contexto sistémico institucional.
Por lo tanto, se incluyó este razonamiento
al instrumento de investigación científica suministrado a la red de usuarios,
líderes, y clientes de los administradores, financiadores y facilitadores, de
la gestión de los servicios de salud en Colombia; los cuales respondieron a
interrogantes que evidencian sus carencias en cuanto al carácter cognitivo,
administrativo y dinámico, en un 76,09% (35 de los usuarios encuestados, que respondieron
no tener algún conocimiento), tal como se aprecia en el Grafico II.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
Gráfico
II: Ausencia de conocimiento de control
técnico-actores sociales en salud
Conclusiones
El control social
de las organizaciones de la sociedad civil, representa el escenario a través
del cual los ciudadanos ejercen control sobre las instituciones del Estado,
para el caso concreto, respecto a las entidades vinculadas al sector salud. Por
lo cual, la participación ciudadana se considera un instrumento que permite la consecución
de los fines esenciales del Estado, así como la enunciación misma de modelo de
Estado, al igual que el conocimiento de actores sociales y sus contribuciones a
los procesos de mejoramiento, control, calidad, seguimiento, mejoramiento, organización
de los sistemas sociales, entre ellos el sistema de salud.
Al respecto, el
sistema de salud está conformado por un conjunto de elementos, herramientas y
procedimientos, entre los cuales se destaca principalmente la gestión de la
participación de las organizaciones sociales en el sistema de salud, el cual se
convierte en el motor de operatividad, dinamismo y comprobación de productos o
prestaciones de dicha estructura, en relación a la ejecución de los recursos
asignados para el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, los problemas
asociados a la corrupción, son vistos como una amenaza tanto para la
sostenibilidad del sistema, como en la calidad de la prestación del servicio
público de salud en Colombia.
Asimismo, la manera
de gestionar la participación en salud, ha sido la recopilación de experiencias
a través del fortalecimiento de canales y medios, indagando en relación al
conocimiento de los líderes y actores sobre la necesidad de formar, capacitar,
consolidar, dinamizar, las veedurías ciudadanas; al igual que con respecto a conocer
el objeto de ellas, en sentido de prevenir los casos de corrupción y desviación
de recursos propios, para la prestación óptima de servicios de salud en aras de
mejorar las diversas contingencias.
En cuanto a los
controles sociales y técnicos, se precisa que los actores sociales y veedores, conozcan
y comprendan las políticas públicas en salud, con el fin de hacer
proposiciones, intervención, así como construcciones dialógicas de perfección
en referencia a la realidad y el documento elaborado. También, se destaca la
necesidad de los líderes y veedores frente a la realización de procesos
formativos y de capacitación en control técnico, auditoria, habilitación,
acreditación, autoevaluación, exámenes de diagnósticos, medicamentos,
tratamientos clínicos y quirúrgicos, rehabilitación, prevención y promoción,
entre otros.
Seguidamente, se evidencia
que los índices de corrupción forman parte de la actividad diaria del sistema
de salud, según lo esbozado por los líderes, representantes de los usuarios,
ello da pie a un replanteamiento de las acciones de organización y planeación
de las funciones administrativas así como de ejecución de presupuesto, y
legista que garanticen la calidad y cobertura de los servicios de salud.
Finalmente, hace
falta la implementación de mecanismos efectivos para el acceso a la participación
en salud, en los cuales se encuentra la sensibilización, socialización,
capacitación, divulgación, fomento y formación, en temas de auditorías de cuenta,
servicios y concurrente, que deben
ser incorporados estratégicamente para propiciar la transparencia en la gestión
de los recursos destinados al sistema de salud en Colombia, y de esta manera lograr
que el mismo sea eficiente.
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