Precariedad laboral en población
afrodescendiente e indígena agravada por el conflicto armado en Colombia*
Palacios, Yennesit**
Mondragón, Sergio***
Resumen
Este artículo es fruto de un proceso investigativo que se desarrolla
en el contexto del conflicto armado, diversas vulneraciones que ha padecido la
comunidad afrodescendiente y los pueblos indígenas que, al ser desplazados por este
fenómeno bélico, han padecido desde precariedad laboral hasta racismo
estructural. De esta manera, el objetivo central de la pesquisa se centró en
las afectaciones de estos grupos étnicos integrando los conceptos de raza y
etnicidad, discriminación y desigualdad laboral con perspectiva étnica y de
género, para visibilizar múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto
del conflicto armado. El abordaje de las categorías se apoya en la
investigación cualitativa y los resultados revelan principalmente, pese al
proceso de justicia transicional, la existencia de precariedad laboral en
comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, acentuada por la desigualdad
y discriminación étnico-racial. Coyunturalmente, el marco teórico soporta que las
comunidades negras y los pueblos indígenas en Colombia han padecido históricamente
de dinámicas de exclusión originadas por la época de la conquista. Sin embargo,
puede evidenciarse una posición de subordinación que se agrava por el conflicto
armado, visibilizando un impacto desproporcionado en estas comunidades. Se concluye,
que el reconocimiento del ser humano en la
sociedad no puede ser estigmatizado.
Palabras clave: Etnicidad;
género; conflicto armado; precarización laboral; raza.
Job insecurity in
Afro-descendant and indigenous populations aggravated by the armed conflict in
Colombia
Abstract
This article is the result of an
investigative process that takes place in the context of the armed conflict,
various violations suffered by the Afro-descendant community and indigenous
peoples who, when displaced by this war phenomenon, have suffered from job
insecurity to structural racism. In this way, the central objective of the
research focused on the effects of these ethnic groups, integrating the
concepts of race and ethnicity, discrimination and labor inequality with an
ethnic and gender perspective, to make visible multiple human rights violations
in the context of the armed conflict. The approach to the categories is
supported by qualitative research and the results mainly reveal, despite the
transitional justice process, the existence of job insecurity in
Afro-descendant communities and indigenous peoples, accentuated by
ethnic-racial inequality and discrimination. Circumstantially, the theoretical
framework supports that black communities and indigenous peoples in Colombia
have historically suffered from dynamics of exclusion originated by the time of
the conquest. However, a subordinate position can be evidenced that is
aggravated by the armed conflict, making visible a disproportionate impact on
these communities. It is concluded that the recognition of the human being in society
cannot be stigmatized.
Keywords:
Ethnicity; gender; armed conflict; job insecurity; race.
Introducción
Este
estudio es fruto de reflexiones investigativas adelantadas en el marco de la
Línea de Investigación en Derechos Humanos, Género y Multiculturalismo,
concentradas en las comunidades afrodescendientes y pueblos indígena,
desplazados por el conflicto armado. El mismo, se desarrolla a través de tres
partes sustanciales que soportan la hipótesis, en relación a que, la población
negra e indígena, desplazada por la violencia, sufre o padece diversas
afectaciones, entre ellas, precariedad laboral y racismo, además del impacto
desproporcionado y de género en el contexto del conflicto armado.
El
artículo, se fundamenta en la necesidad de dar a conocer diferentes dinámicas
de exclusión de comunidades negras y pueblos indígenas, las cuales reflejan desde
la precariedad laboral, hasta el racismo estructural, problemática que se
agrava por el conflicto armado, pese al actual proceso de justicia transicional
que adelanta el Estado colombiano, por lo que la pregunta que configura la
actual pesquisa corresponde a: ¿Cuáles son las condiciones de desigualdad y
discriminación étnico-racial que determinan la exclusión laboral respecto de
comunidades negras y pueblos indígenas, agravada por el conflicto armado
interno en Colombia?
Así
pues, la estructura de este opúsculo se desarrolla en función de las categorías
“negro” e “indígena”, desde las cuales se hace una primera deconstrucción para superar,
contrahegemónicamente, el alcance despectivo de tales conceptos desde la época
de la conquista hasta la actualidad (Lamus, 2012). De la misma forma, se
abordan los conceptos de raza y etnicidad, que se solapan desde la asociación
de factores biológicos que ofrece el primero de ellos en relación con las
identidades culturales que ofrece el segundo.
En
un segundo momento, se exponen las distintas formas de discriminación,
enmarcadas en los contextos de desigualdad laboral con perspectiva de género y étnica,
que se basan en la dominación sociocultural y económica que ha impedido el
acceso de grupos poblacionales minoritarios al disfruto de bienes simbólicos y
de consumo (Wade, 1997). Por
último, una tercera fase del escrito se concentra en explicar la consolidación
de desventajas históricas acumulativas, que conducen a la precarización laboral
de la población negra e indígena, agravada por el conflicto armado interno.
Metodológicamente,
la investigación se soporta en un enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y
Baptista 2014) y se centra en las epistemologías del
sur como forma de repensar la lucha de los oprimidos, para visibilizar la voz de
los silenciados históricamente bajo el poder hegemónico. Al mismo tiempo, se
centra en los estudios étnicos y poscoloniales, situándose en teóricos clave,
tales como: Arturo Escobar, Aníbal Quijano, Michel Yudell, Peter
Wade, entre muchos otros.
El
estudio permite concluir que las comunidades afrodescendientes y los pueblos
indígenas, aún después de la conquista, continúan sufriendo exclusión social y
discriminación. Lo cual, para el caso de Colombia, es agravado por el conflicto
armado. Por otra parte, también es cierto que, la construcción de un nuevo
modelo de inclusión social basado en las medidas de acciones afirmativas,
conduce al acaecimiento de impactos económicos, sociales y culturales más
positivos, que reducen las dinámicas de discriminación/exclusión y
dominación/subordinación de los colectivos étnicos, en el marco del conflicto
armado interno, entendido este último “como una manifestación bélica en un
territorio determinado, sin expandir su aplicación a jurisdicción internacional”
(Vallejo y Cubides, 2017, p.34). Concretamente, en el caso colombiano el
conflicto armado ha tenido la participación de diferentes actores armados, esto
es, los grupos guerrillero, los paramilitares y el mismo Estado.
1.
Deconstrucción de la categoría negro e indígena
Las
categorías negro e indígena, surgen de la búsqueda de la propia identidad de
sujetos de derechos que, en el pasado, producto de la conquista europea en el
continente americano, fueron excluidos y tratados como no personas, de manera
que, los constructos sociales actuales han reivindicado las categorías de
afrodescendiente e indígena, contrahegemónicamente, precisamente, para reivindicar
derechos, productos de arduas luchas sociales. Así pues, la aparición de
identidades segregadas, heterodirigidas y etiquetadas (Giménez, 1997; 2005), han permitido en la lucha por
los derechos humanos desde abajo, la superación y el reconocimiento de los
demás como diferentes y la autoidentificación autónoma de los sujetos como
diversos cultural y étnicamente.
Lo anterior, se ha visto impulsado por el
reclamo por la diferencia como fórmula indignación ante lo intolerable, pues la
perspectiva colonial hegemónica ha controlado el discurso de
dominación/subordinación hasta los últimos días. En efecto, tras el lastre
peyorativo emergido con el discurso de las “razas”, y con ello, la superioridad
e inferioridad de unos grupos en relación a los otros, los afrodescendientes e
indígenas en la década actual, atraviesan un despertar contrahegemónico en la
lucha por el reconocimiento desde el sujeto, superando, al menos teóricamente,
los estereotipos derivados de la colonia, que se han ido aboliendo desde
acontecimientos como el cimarronismo o resistencia a la esclavitud, que
permitió su abolición en Colombia para el año 1851 (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo [PNUD],
2011; 2012).
No
obstante lo anterior, han emergido nuevas formas de esclavitud y discriminación,
que provienen precisamente de la conceptualización marcada que existe entre
“raza” negra, indígena y blanca, conducente a la teoría de la pureza de las
razas (Guzmán, 2011). En ese orden de ideas, las opiniones eurocentristas que
distinguen claramente los parches culturales y genéticos, han generado
discriminación racial estructural, que se traduce en la precarización de
derechos y estigmas peyorativos debido al origen étnico.
En ese entendido, se han asociado las
categorías de negro, blanco e indígena a los conceptos de pobreza, desarrollo y
subdesarrollo de modelos económicos y socioculturales, dejando en evidencia el
clasismo y racismo en los discursos estigmatizados de gobernantes, sectores
gremiales y profesionales, poco ilustrados frente al tema. Esta situación, se
conoce de forma segregada como “interculturalidad” y diferencia al negro del
indígena, así como a estos dos del blanco y del mestizo, bajo un concepto de
sexualidad, erotismo y reproducción incontrolada, que amenaza con cercenar los
derechos, violar y exterminar a la población blanca (Castro-Gómez y Grosfoguel,
2007).
Así pues, se observa cómo por ejemplo la
categoría indígena se define desde el color de la piel, el lenguaje, la
costumbre, la condición tribal y las reglas de vida,
como una población aborigen, nativa, no civilizada, autóctona o semibárbara
(Papadópolo, 1995), que carece de educación, por lo que, en el marco de la teoría
lombrosiana (Mattelart, 2009), el diálogo cultural con la etnicidad es
imposible, dada la superioridad de algunos colectivos sociales con relación a
otros grupos que han sido subordinados históricamente (Yudell, 2014).
De esta manera, es necesario deconstruir
el origen de los conceptos de negro e indígena, sin acudir a teorías de
etiquetamiento racional (Giddens, 1991), por razones de odio, ira o
discrepancia psicológica por desplazamiento, lo cual se suma al uso
manifiestamente errado del concepto raza (Yudell, 2014), el cual realmente es
producto de unas señales visuales y genéticas de diversidad humana, creadas por
medio de la abstracción tanto individual como colectiva.
Así mismo, como ocurría en la antigua
Grecia y Roma, donde la principal división entre las personas se daba por el
carácter de ciudadano o bárbaro (Yudell, 2014), el sentimiento de exclusión
humana, ha surgido también por razones del linaje o pureza de sangre, filiación
religiosa o lugar de origen, como sucedió en la edad media; o por la
colonización, que legalizó la esclavitud con base en criterios de superioridad
e inferioridad de las personas.
En relación con la colonización, se
aprecia que a través de ella se matizó el concepto de superioridad e
inferioridad al de raza, pues esta última dejó de formar parte de la caracterización
animal para pasar a formar parte de la clasificación humana, con base en lo
precisado por autores franceses y suecos, como Louis LeClerc y Carolus Linnaeus
(Yudell, 2014), quienes distinguieron a los americanos, de los asiáticos, de
los africanos y de los europeos, por sus rasgos físicos y emocionales.
Así por ejemplo, los americanos, eran
considerados como coléricos, rojizos, tiesos, de pelo negro, con orificios
nasales amplios, obstinados, alegres y libres, regulados solo por la costumbre;
los asiáticos, eran vistos como melancólicos, envarados, de pelo negro, ojos
oscuros, severos, altivos y ávidos, colmados de opiniones; los africanos, eran
concebidos como negros, flemáticos, de pelo negro, rizado, nariz prominente,
labios gruesos, mujeres sin vergüenza pero amamantadoras, astutos, insensibles,
indolentes, omisivos y caprichosos; y los europeos, eran considerados como
blancos, temperamentales, musculosos, ojos azules, amables, regulados
jurídicamente con ideología e invención
(Yudell, 2014).
De esta
forma, se aprecia que la división de razas superiores e inferiores ha sido un
proceso de construcción ideológica, social, económica y política, que se le
atribuye a los intereses de los grupos dominantes, quienes para el caso de los
negros e indígenas, asumen simbólica y materialmente su inferioridad, debido a la
ausencia de condiciones materiales, carencia de educación y de violencia
marcada (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Es por tal
razón, que Goffman (2006), ha entendido que es el mismo seno social el que
categoriza los grupos sociales, imponiendo el concepto de status social
frente al de identidad social, que debería ser mejor empleado para referirse a sujetos
o colectivos sociales.
Estas ideas preliminares fundaron el
eurocentrismo en el marco del capitalismo y el neoliberalismo, por lo que las
diferencias sociales se enfatizaron en la distribución mundial del trabajo y el
intercambio de mercancías, así como, en los modelos económicos y la formación
de Estados-nación modernos (Quijano,
2017), lo cual se aunó a las segregaciones biológicas, las particularidades
genéticas y las desigualdades económicas, sociales y culturales (Yudell, 2014).
Parafraseando a Castro-Gómez y Grosfoguel
(2007), los negros son más aguerridos y apasionados que los indios americanos,
a pesar de la falta de educación, que solo puede ser dada como sirvientes o
esclavos; y los hindúes, pueden ser educados en artes, pero no las ciencias,
porque su pasividad les impide lograr amplios conocimientos. De lo cual, se
desprende claramente el concepto de segregación afrodescendiente e indígena,
desde factores biológicos, emocionales, afectivos, espirituales, educativos y
sociales, para entender que la deconstrucción étnica siempre ha gozado de
estigmas e imaginarios, perpetrados en manifestaciones o acciones subjetivas y
erradas, que solo conducen a la discriminación racial, desde una
descontextualización ontológica.
1.1.
Binomio “raza” y etnicidad
El
intento de categorizar a los colectivos por razas, desconoce la realidad
biológica de los sujetos que las integran, pues en estricto sentido no se debe
hacer alusión al concepto de raza, sino de variaciones físicas humanas (Guiddens,
1991), para entender al individuo o ser humano. Por tal motivo, desde la psicología
se entiende que los seres humanos pueden conservar patrones comunes en las capacidades
cognoscitivas, con independencia de su origen nativo, por lo que es erróneo
segregar a los individuos en negros, amerindios, blancos, africanos o europeos (Wade,
2011).
La anterior concepción, ha traído consigo el fenómeno de
la negación por exclusión, el cual parte de las
construcciones ideológicas esbozadas desde la conquista, en función de asumir
el reconocimiento y categorización de una determinada cultura, no por sus
pautas de comportamiento, sino por sus orígenes (Guiddens, 1991), que obliga a
los sujetos de determinado grupo o colectivo social a no reconocerse cultural o
étnicamente y generar auto discriminación, permitiendo que los grupos de raza
africana o negra, como despectivamente se les ha conocido, sean excluidos de
grandes proyectos socioculturales (Almario, 2001).
En
efecto, la raza y la etnicidad, como categorías de análisis parten de
diferencias, radicadas en los rasgos biológicos y físicos, que se solapan bajo
los estigmas de la superioridad e inferioridad, los cuales generan la falta de
pertenencia, cultura, desigualdad y discriminación, aunada a la prominente
dominación de un grupo social respecto de otro (Bello y Rangel, 2000). Esto se
suma a la postura de autores como Quijano (2000), quien reconoce que el
concepto de raza parte de una categoría mental moderna, que refiere de la
conquista para diferenciar a los conquistadores de los conquistados, pero que
después se deconstruyó en una ausencia o falencia de estructuras biológicas por
parte de los esclavizados.
Es
a partir de lo anterior, que los conceptos de raza y etnia se han confundido,
en la medida que el primero, se ha asociado más a características biológicas,
en tanto que el segundo, se ha relacionado más con las identidades culturales,
que inciden en la consolidación de un concepto más claro de etnicidad, desde la
categorización social (Floya y Yuval-Davis, 1992), como un lenguaje de la
geografía cultural, que revela la intención de construir un nuevo modelo de
colectividades para su entendimiento en el mundo moderno (Wade, 1997).
En ese orden de ideas, la etnicidad se puede entender desde la
sociobiología como un proceso de selección genética y aptitud, que en su extensión
se hace más situacional, porque conlleva factores de actitud, precepción y
sentimientos que, de forma efímera, pueden mutar o variar dependiendo de la
evolución que tienen los sujetos desde su misma cultura o en las integraciones
que realice con otras. Lo cual incide en el favorecimiento de intereses tanto
individuales o colectivos, como arma útil, efectiva y eficaz para promover
seguidores, masas o élites de grupos (Smith, 1997). Esto, unido a concepciones
de otros autores como Guiddens (1991), permite entender el concepto de
etnicidad, a partir de prácticas culturales y visiones antropocéntricas, que
distinguen a una comunidad de personas de otras, por la lengua, la historia, la
ascendencia, la religión y la vestimenta, así como también, por concepciones
arcaicas de dominación, por razones de poder, astucia e inteligencia.
1.2.
Convergencia epistemológica: Etnia, raza y género
En
palabras de Stolcke (2000), “la diferencia racial se construye a través del género
(…) el racismo divide la identidad y experiencia de género (…) y el género y la
raza configuran la clase” (p-27-28), de manera que los conceptos de clase, raza
y género, se relacionan e interactúan entre sí, pero más que de entenderlo en
contextos diferenciales de hombres y mujeres, por ejemplo, lo hacen desde la
constitución de desigualdad social, que fenotípicamente como ya se dijo, hace
que la idea de raza se marque entre conquistadores e indios a partir de la
colonia.
La
idea de raza, que parte de la conquista de América, resalta las diferencias
fenotípicas entre indios y conquistadores, sin embargo, el primer uso que se le
dio a dicho concepto no fue respecto de los pobladores indígenas que habitaban
las tierras colonizadas, sino a los esclavos provenientes de las costas africanas,
a quienes se les daría el nombre de “negros” por su piel oscura (Quijano, 2000), con lo cual, se
evidencian los inicios bastante primigenios de símbolos y categorías sociales
creadas para desnaturalizar la esencia humana, desde la exclusión social.
En este punto, vale la pena
aclarar que raza no es lo mismo que color, pues ambos conceptos han venido
siendo asociados a partir de constructos e imaginarios colectivos, que lo único
que han hecho desde finales del siglo XIX (Quijano, 2000), es denigrar el ser
humano, desde desigualdades sociales marcadas tangencialmente; por lo que, cuando
las diferencias sexuales y raciales se conectan o asemejan con los rasgos
naturales, se agravan las diversas maneras de exclusión que se traducen bajo el
fenómeno de la discriminación racial, como
ocurre por ejemplo con el factor “estatura” que para algunos sigue siendo una
causal de distinción biológica e incluso de fuerza o dominación entre hombres y
mujeres (Stolcke, 2000).
A partir de lo anterior, se puede concluir para este primer
apartado, que la colonización representó la implantación de un modelo socioeconómico y sociocultural,
basado en la esclavitud como fuerza de trabajo, que condujo a una subordinación
excluyente de afrodescendientes e indígenas, que solo produjo beneficios para
los colonizadores, quienes se aprovecharon no solo de los réditos, sino también
de la división social de trabajo en sí misma para reproducir las condiciones de
desigualdad étnica-racial en el mercado capitalista (Viáfara, Urrea-Giraldo y Correa, 2009), lo cual muestra una distribución errada de
categorías de superioridad e inferioridad marcadas, dependiendo de la raza, la
intelectualidad o la aptitud de un individuo, para actuar o desenvolverse en la
sociedad; siendo el hombre blanco, considerado como el científico, objetivo y
racional, mientras que el hombre de color o las mujeres en general, representarían
solo lo místico, lo subjetivo o lo irracional (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007).
A
continuación se evidenciará cómo las categorías de etnia, raza y género se
conectan en el marco de la precariedad laboral, la cual además de haberse
originado en los procesos históricos, como los coloniales, también se consolida
desde los factores de desigualdad vistos previamente, con el agravante de que
el conflicto armado en varios países, como el colombiano, acentúa la afectación
a colectivos protegidos por las Cartas Constitucionales, incluida la de 1991,
especialmente a las afrodescendientes, indígenas y tribales, a partir de los
desplazamientos forzados.
2.
Distintas formas de
discriminación explicadas desde la desigualdad
laboral con perspectiva étnica y de género
Como
se expuso previamente, los conceptos de raza y etnicidad se han arraigado
culturalmente desde las construcciones sociales gestadas por el ser humano, sin
embargo, al lado de estos conceptos se suman los de género y clase, que se sustentan
en diversos sistemas económicos, sociales y culturales (Wade, 1997), en los que
se refleja la falta de acceso equitativo a los bienes simbólicos y de consumo
humano.
Un
ejemplo de la inequidad de género, se presenta en la baja participación de
mujeres en cargos públicos y privados, especialmente en aquellos de dirección,
confianza y manejo, que sucumben ante el patriarcado instituido desde épocas
históricas, incluido el periodo colonial. No obstante, el acceso a la educación
ha menguado la desigualdad de género, aun cuando sigue siendo bastante marcada
la adquisición de conocimientos, aptitudes y habilidades diferentes por parte
de hombres y mujeres, debido a la categorización de profesiones u oficios, que
se hace en razón a la condición física y sexual de los individuos (Blau y Kahn,
1994).
De
esta manera, se aprecia claramente que mientras los hombres acceden a mejores
salarios, oportunidades laborales y posiciones sociales, las mujeres siguen
siendo discriminadas por su aparente falta de fuerza de trabajo, lo cual aunado
al estricto o marcado cumplimiento de labores del hogar, hacen que su rol sea
considerado como inferior en comparación al que cumplen los hombres. En ese
mismo sentido, se puede avizorar que las tasas de participación en cargos de
las mujeres blancas, son más altas en relación con las mujeres que pertenecen a
minorías étnicas, y así mismo, los salarios e ingresos son superiores en
relación con las de grupos poblacionales minoritarios, lo cual deja entrever
que las razas y minorías étnicas se ven afectadas con la desigualdad de género,
principalmente en lo que respecta a logros educativos y ocupacionales (Elmelech
y Hsien-Hen, 2004).
En
el caso de Colombia, se aprecia por medio de investigaciones académicas y
cifras estadísticas, que los grupos poblacionales minoritarios se encuentran
desprovistos de salarios y retribuciones económicas laborales justas, en
comparación a quienes en condiciones igualitarias no pertenecen a ellos.
Además, a pesar de haberse expedido la Ley 1496 de 2011, por medio de la cual se
garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres
y se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación, no
se vislumbra en dicha normatividad la incorporación de mujeres afrodescendientes
e indígenas, ni tampoco un plan estratégico claro, específico y concreto de
vinculación a cargos con inclusión social y enfoque de género (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2019).
En otro informe rendido por Corporación
Humanas Colombia (2015), se resalta el alto porcentaje de ocupación laboral por
parte de varones de 51,2% en relación con las mujeres, cuya tasa de desempleo
es más alta con un 15,6% en comparación con la de los hombres que es apenas del
9%. Igualmente, haciendo un paralelo de la población económicamente activa que se
halla laborando informalmente, se observa que el 51,9% lo comprenden las
mujeres afrodescendientes, en tanto que el 48,1% lo integran los hombres
afrodescendientes. Así mismo, se refleja una preocupación en la obtención de
cifras al respecto en el caso de poblaciones indígenas, las cuales se
encuentran desprovistas de estudios estadísticos en la materia.
Lo anterior, refleja
claramente la situación de discriminación y menoscabo de los derechos de la
población indígena, que se suma a la falta de avances significativos para
superar las diferencias o barreras de inserción socioeconómica entre la
población afrodescendiente e indígena con la no étnica (PNUD,
2011) durante los últimos años. Este panorama se presenta especialmente en
territorios del Chocó, Cauca y Guajira, que se encuentran habitados en su
mayoría por minorías indígenas y afrodescendientes, las cuales cuentan con
tasas de pobreza superiores al 50% (PNUD, 2016), que se agravan con el conflicto
armado interno, dado el impacto que ha tenido el ejercicio tanto de la
violencia física y mental como del desplazamiento forzado en dichas zonas.
2.1. Desventajas
acumulativas históricas y precarización laboral de la población negra desplazada
por el conflicto armado
Dentro del rastreo estadístico efectuado al
censo de la población afrocolombiana, afrodescendiente, negra, raizal y
palenquera (NARP), se observa una discordancia de cifras, en términos de
evolución de este tipo de pobladores, como quiera que para el año 2005 el DANE
estimó en el censo que esta población NARP comprendía el 10, 5% de la población
total del país, pero en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)
llevado a cabo en el año 2018, este porcentaje se redujo en un 30%, pasando de
4.311.757 a 2.982.223 habitantes NARP, lo cual puede catalogarse a la luz de
diferentes movimientos sociales, como un racismo estadístico (Consejo Nacional
de Paz Afrocolombiano [CONPA],
2019).
Lo anterior, se puede sumar al análisis que al
respecto hicieron colectivos sociales, como el Movimiento Nacional
Afrocolombiano (CIMARRON, 2004), quien en el informe del año 2004 determinó que
en Colombia el 30% de la población, equivalente a 12 millones de habitantes, es
afrodescendiente, afectada por el conflicto armado interno, la pobreza, la
falta de educación, la mortalidad infantil, la morbilidad, la mortalidad
materna y el rechazo socio-racial
(Conferencia Nacional de
Organizaciones Afrocolombianas [CNOA],
2014).
Por lo que es claro, incluso por Planes Nacionales de
Desarrollo de la misma población afrocolombiana, que su exclusión social está
ligada a la falta de acceso a la salud, de educación, y a la falta de
oportunidades para la inserción en el mercado laboral, que la tiene en analfabetismo,
con altas necesidades básicas insatisfechas y en estado avanzado de
discriminación (CIMARRON, 2004).
Estas características de la
población afrocolombiana han repercutido en su proceso de estratificación
social, desde el cual han sido catalogados como colectivos poco productivos,
sin capital o recurso humano efectivo (Blau y Duncan, 1967). Sin embargo, es
claro que las condiciones precarias de vida a las cuales se encuentran sometidos
estos grupos poblacionales ameritan o demandan la necesidad de una
implementación oportuna de políticas públicas en su favor, con eficacia (Viáfara,
et al., 2009).
Ahora bien, lo expuesto antes no solo refleja
la falta de oportunidades laborales y de precariedad de condiciones de vida de
las comunidades afrodescendientes e indígenas en Colombia, sino también la
ausencia de información estadística actualizada y verídica por parte del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que coloque en
evidencia el porcentaje real de participación de integrantes pertenecientes a
estas poblaciones, tanto hombres como mujeres, que ocupan cargos directivos en
entidades públicas y privadas a nivel de todo el territorio nacional, para
lograr implementar una política efectiva que conduzca a la inserción de todos
los habitantes del país en el mercado laboral con un enfoque étnico y de género.
Aunado
a lo anterior, se presenta el conflicto armado, que amenaza la vida de los
integrantes de comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes,
desde el despojo de sus territorios, la violencia física y psicológica, y el desplazamiento
forzado (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH],
2008), lo cual hace que su reconocimiento como población marginada y vulnerable
sea válida, a la luz de la gran pérdida de visibilidad, identidad y territorio,
que se suman a la discriminación negativa propia por el solo hecho de ser
indígenas, negros o afrocolombianos (Mow, 2010).
De
esta manera, queda claro dentro del presente acápite que la discriminación
socio-racial, es un elemento determinante dentro de la estratificación social,
profesional, laboral u ocupacional, lo cual tiene sentido, en la medida que son
pocos los afrocolombianos que ocupan cargos importantes en el país, o son
tenidos en cuenta para generar una alta producción económica estatal (CIMARRON,
2004).
Lo
antes esbozado, se aprecia desde la pobreza y pobreza extrema que surge por
falta de oportunidades dignas de trabajo, el impacto del conflicto armado y la
crisis humanitaria que se vive en épocas difíciles (Corte Constitucional de Colombia, 2014), como la acaecida actualmente
por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. De manera que, el trato
desproporcionado, diferencial y de género en estas comunidades, reflejado en
altas condiciones de precariedad de vida, confinamiento, discriminación,
marginación estructural y de desplazamiento forzado (Corte
Constitucional de Colombia, 2009), ha
obligado que la Corte Constitucional declare el estado de cosas
inconstitucional en el año 2004, a través de la Sentencia T-025 (Corte
Constitucional de Colombia, 2004), aunque en la actualidad el mismo sigue
vigente, pues el gobierno nacional no ha logrado dar una solución oportuna a
tales problemáticas.
Así las cosas, se tiene que en Colombia ha sido la
Alta Corte en materia constitucional la que ha reconocido como inconstitucionales
las condiciones de desigualdad, discriminación y rechazo por razones de etnia o
raza, en relación con la exclusión o restricción de acceso a los beneficios o
servicios económicos, sociales y culturales (Sentencia T-1095) (Corte
Constitucional de Colombia, 2005), por lo que es necesario, que tanto los
indígenas como afrodescendientes gocen de una verdadera protección especial por
parte del Estado, que a pesar de ser reconocida judicialmente, se ha quedado en
el papel como letra muerta, debido a que el estado de cosas inconstitucional
sigue incólume.
3. Precariedad laboral con perspectiva étnica y de género
Desde
tiempos históricos, las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido
objeto de discriminación social y política, incluso desde lo que se conoce como
premercado, en el marco de la desigualdad de oportunidades para adquirir bienes
y servicios educativos, de salud, de vivienda y económicos en general, sobre
todo por grupos étnicos y raciales. De manera que, retomando lo expuesto previamente,
ha existido un trato diferencial en el mercado laboral para personas que son
productivas, por motivos de raza, etnia y género (Viáfara, et
al., 2009).
Así pues, en
el contexto tanto del premercado como del mercado enfocado desde el
capitalismo, ha existido una discriminación laboral que hunde a los
afrocolombianos e indígenas hasta lo más profundo de la estructura de trabajo,
reduciendo sus salarios e imposibilitando el acceso laboral en igualdad de condiciones
con quienes no pertenecen a la comunidad étnica (Viáfara, et al., 2009). En ese
sentido, las dinámicas laborales en la actualidad evidencian las condiciones
claras de exclusión a las que se encuentran sometidos los pueblos afrocolombianos
e indígenas en el país, con el agravante del conflicto armado interno, que
empeora la falta de reconocimiento y protección de sus derechos aún más (Corporación
para el Desarrollo Social Empresarial de los Pueblos Afrocolombianos [ECODESARROLLO], 2006).
De esta
manera, estadísticas que han sido reflejadas por la jurisprudencia
constitucional en Colombia, señalan que, con ocasión de desplazamiento forzado
en el país, más del 74,2% de la población afrodescendiente e indígena perdió su
estabilidad laboral, lo cual impactó en el cumplimiento de necesidades básicas
insatisfechas, que pasaron de un 65,3% a apenas un 38, 8%. Además, en relación
con la equidad de género, se observa en el Registro Único de Población
Desplazadas (RUPD), que las mujeres afrodescendientes e indígenas obligadas a
padecer o sufrir de desplazamiento forzado se encuentran laborando informalmente
como independientes o formalmente como empleadas domésticas (Corte
Constitucional de Colombia, 2009).
Lo anterior,
permite no solo evidenciar la notoria incidencia que ha tenido el conflicto
armado en la precariedad laboral de las comunidades afrodescendientes e
indígenas, sino que también la falta de saberes, de capacitación, de educación
y de preparación en competencias profesionales y laborales, hacen que las
condiciones de vida de las poblaciones asentadas en tales territorios sean
deplorables, al punto de poderse afirmar que la carencia de remuneración
económica o salarial es correlativa a la falta de educación y culturización requerida
para el acceso competitivo al mercado laboral por parte de sus integrantes (Asociación de Afrocolombianos Desplazados
[AFRODES], 2009).
En ese orden de ideas, como bien lo presenta la
jurisprudencia constitucional, únicamente el 11,4% de población afrocolombiana
e indígena inscrita en el RUPD devenga un salario mínimo mensual en adelante,
en tanto que el 21,8% apenas percibe un cuarto de salario mínimo, del cual los
hombres representan más del 15% aproximadamente, mientras que las mujeres solo
figuran con un 6% aproximadamente. Igualmente, según el RUPD,
el 82,4% de la población afrocolombiana e indígena registrada no cuenta con
afiliación al sistema de seguridad social por parte de sus empleadores o como
independientes, siendo el indicador más alto para las mujeres con un 88,3% en
comparación con el 82,4% del representado por los hombres (Corte Constitucional
de Colombia, 2009).
Esta
situación de discriminación económica, social y cultural solo ratifica la
opresión que se ha ejercido desde tiempos remotos e históricos frente a las
comunidades afrodescendientes e indígenas, especialmente, en lo que respecta a
las mujeres por razones de racismo y sexismo, que dan cuenta de la diferenciación
ideológica marcada de su raza y género en comparación con los hombres
(Pierucci, 1999). Lo cual a su vez, coloca en evidencia la transgresión
efectiva de derechos humanos a los colectivos étnicos que se han visto
afectados desde sus territorios, con ocasión de la violencia armada, el
desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras (Nates, 2011).
En ese sentido, es necesario,
viable y pertinente, que las instituciones públicas fortalezcan sus procesos de
inclusión social, sobre todo en lo que respecta a población vulnerable, como la
indígena y afrodescendiente, que además de ser discriminada por razones de su
etnia y raza, su estado de indefensión se les agrava por causa del conflicto
armado interno en Colombia (García, et al., 2018). Asimismo, vale la pena
recordar que el fortalecimiento de las políticas de inclusión social en el
marco de la inserción laboral para mitigar el desempleo, deben ser
implementadas con enfoque de género (Laverde-Rojas, Gómez-Ríos y Sellamén-Garzón, 2020), beneficiando con
equidad tanto a hombres como mujeres, sin incurrir en factores discriminatorios
que cercenen o impidan el acceso al trabajo de forma oportuna y en condiciones
igualitarias.
Conclusiones
De todo lo colegido
previamente se puede concluir que el reconocimiento del ser humano en la
sociedad no puede ser estigmatizado al concepto de “raza”, sino de individuo
real con derechos que pertenece a una sociedad multicultural, motivo por el
cual, las categorías de negro, blanco e indígena corresponden a expresiones que
deberían entrar en desuso o en decadencia, dada la clara mezcla de especies
humanas existente a nivel mundial desde épocas históricas, incluida la colonia.
En ese sentido, es necesario
apelar a la consolidación de un nuevo modelo de inclusión social que elimine tanto
las barreras de relaciones humanas como las brechas de desigualdad económica,
social y cultural, las cuales en el marco de los criterios de discriminación/exclusión
y dominación/subordinación, inciden en el no cumplimiento de necesidades
básicas insatisfechas de colectivos afrodescendientes e indígenas.
Así las cosas, se evidencia
que el panorama de la precariedad laboral de comunidades afrocolombianas e indígenas,
aunque actualmente se adelanta un proceso de justicia transicional pionero en
la historia de Colombia, aún se agrava por circunstancias derivadas del
conflicto armado y esto se acentúa a su vez, por la discriminación étnico-racial
que conduce a la restricción de oportunidades en el acceso al trabajo en condiciones
igualitarias al resto de habitantes del país, a la explotación de la mano de
obra o fuerza de trabajo, y a la percepción de un salario ínfimo e irrisorio
que no colma las expectativas de trabajo, e incluso no alcanza el monto mínimo legal
diario o mensual vigente, máxime la situación actual generada por el Covid-19.
Además de lo anterior, vale la
pena destacar que entre los miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes
que habitan el territorio colombiano, se genera una desigualdad de género, la
cual se suma a la inspirada por el resto de los pobladores, pues como se dio a
conocer en las cifras estadísticas, la exclusión de grupos sociales vulnerables
o minoritarios en el país, además de darse por motivos de etiqueta de raza, que
desconoce la identidad de la etnia (pueblos) y de la etnicidad (cultura) de
estos pueblos ancestrales, también, se acrecienta en términos de género, pues
las mujeres son las que más sufren o padecen de las discriminaciones raciales,
laborales, económicas, políticas y culturales en relación con los hombres.
De esta manera, se requiere
implementar una cátedra de pedagogía y de derechos humanos al interior de todas
las entidades, organizaciones, órganos, organismos e instituciones tanto
públicas como privadas, para lograr el reconocimiento del otro a partir del
autorreconocimiento del ser, el diálogo, la crítica sana, el análisis, la
reflexión, el conocimiento de prácticas ancestrales y el reencuentro con
elementos socioculturales antiguos. Esto contribuiría al retiro ideológico de
conceptos como el de superioridad e inferioridad, aplicable de unos grupos en
relación con otros, modificando el discurso hegemónico, racista y estereotipado
para pasarlo a uno más actual, incluyente, justo y respetuoso de la diversidad
étnica y sociocultural que existe en Colombia.
Finalmente, lo anterior
conducirá a deconstruir nuevas categorías de inclusión política, económica,
social, cultural y ambiental a futuro, que en palabras de Boaventura (2009)
implicará “comenzar a vivir nuestra experiencia en el
reverso de la experiencia de los otros” (p.363), en aras de obtener resultados
distintos en materia de reconocimiento, salvaguarda y protección de los derechos
humanos, sobre todo de aquellas comunidades que han permanecido mucho tiempo al
margen de la igualdad.
Referencias
bibliográficas
Almario, O. (2001). Tras las huellas de los
Renacientes. Por el laberinto de la etnicidad e identidad de los grupos negros
o “afrocolombianos” del Pacífico sur. En M. Pardo (Ed.), Acción colectiva,
Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano (pp. 15-39). Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Asociación de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES (2009).
Los derechos humanos en los afrocolombianos en situación de
desplazamiento forzado. Informe presentado al Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD). AFRODES. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/COL/INT_CERD_NGO_COL_75_8432_E.pdf
Bello,
A., y Rangel M. (2000). Etnicidad, "raza" y equidad en América
Latina y el Caribe. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/31450
Blau, F. D., y Kahn, L. M. (1994). Rising
wage inequality and the U.S. gender gap. American
Economic Review, 84(2), 23-28.
Blau, P. M., y Duncan, O. D. (1967). The American occupational
structure. John Wiley & Sons
Boaventura, S. (2009). Una epistemología del sur: La
reinvención del conocimiento y la emancipación social. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO y Grupo Editorial Siglo
Veintiuno.
Castro-Gómez,
S., y Grosfoguel, R. (Eds.) (2007). El
giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del
capitalismo global. Siglo del Hombre Editores.
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos – CIDH (2008). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 2008. Capítulo
IV (continuación). https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap4.Colombia.sp.htm
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
– CNOA (2014). Visibilidad estadística del pueblo afrocolombiano. CNOA. https://convergenciacnoa.org/visibilidad-estadistica-del-pueblo-afrocolombiano/
Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano – CONPA (14 de noviembre de 2019). El crimen del DANE: El genocidio estadístico de la
gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia.
Renacientes. https://renacientes.net/blog/2019/11/15/el-crimen-del-dane-el-genocidio-estadistico-de-la-gente-negra-afrocolombiana-raizal-y-palenquera-en-colombia/
Corporación
Humanas Colombia (2015). Situación de las mujeres afrocolombianas e
indígenas: Colombia 2011 – 2014. Ediciones Ántropos.
Corporación
para el Desarrollo Social y Empresarial de los Pueblos Afrocolombianos –ECODESARROLLO
(2006). Caracterización de la población afrocolombiana desplazada
lineamientos de política de atención diferenciada. ECODESARROLLO.
Corte Constitucional de Colombia (2004). Sentencia T-025 de 22 de enero
de 2004. Magistrado Presidente. Manuel José Cepeda Espinosa. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
Corte Constitucional de Colombia (2005). Sentencia
T-1095 de 26 de octubre de 2005. Deber
de Solidaridad. Magistrado Presidente. Clara Inés Vargas Hernández. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1095-05.htm
Corte
Constitucional de Colombia (2009).
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Presidente. Manuel José Cepeda Espinosa. Auto
005 del 26 de enero de 2009. https://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/A2009.php
Corte
Constitucional de Colombia (2014).
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Presidente. Luis Ernesto Vargas
Silva. Auto 073 del 27 de marzo de 2014. https://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202014/003.%20Auto%20073%20de%2027%20de%20marzo%20de%202014.%20Medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20para%20las%20comunidades%20afrodescendientes%20de%20Nari%C3%B1o.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2019). Población Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera (NARP). Resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018. DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-poblacion-NARP-2019.pdf
Elmelech, Y.,
y Hsien-Hen L. (2004). Race, ethnicity, and the gender-poverty gap. Social
Science Research, 33(1), 1–27. https://doi.org/10.1016/S0049-089X(03)00044-9
Floya A., y Yuval-Davis, N. (1992). Racialized boundaries:
Race, nation, gender, colour and class and the anti-racist struggle. Routledge.
García,
J., Durán, S. E., Parra, M. A., y Martínez, H. (2018). Inserción, integración y
equidad en el ámbito laboral: Escenario empresarial posconflicto en Colombia. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXIV(3),
36-49.
Giménez, G. (1997). Materiales para una teoría de las identidades
sociales. Frontera Norte, 9(18), 9-28.
Giménez,
G. (2005). Territorio e
identidad. Breve introducción a la
geografía cultural. Trayectorias, VII(17), 8-24.
Goffman, E. (2006). Estigma: La identidad deteriorada.
Amorrortu Editores.
Guiddens,
A. (1991). Sociología. Alianza
Editorial
Guzmán,
O. (2011). La diversidad étnica como variable en la intervención del Trabajo
Social Trabajo Social, (13), 171-180. https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/28447/39617
Hernández, S., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). Metodología de la
investigación. McGraw–Hill.
Laverde-Rojas, H., Gómez-Ríos, J. J., y Sellamén-Garzón,
A. (2020). Género y grupo étnico: Condicionantes de la pobreza infantil en
Colombia. Revista de Ciencias Sociales (Ve)
XXVI(2), 69-94. https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32425
Lamus, D. (2012). Raza y
etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder. Reflexión Política, 14(27), 68-84.
Mattelart,
A. (2009). Un mundo vigilado. Ediciones
Paidós Ibérica, S. A.
Movimiento Nacional
Afrocolombiano – CIMARRON (2004).
Informe del Movimiento Nacional Afrocolombiano
CIMARRON sobre la situación de
derechos humanos de la población afrocolombiana
(1994-2004). Universidad
del Rosario. http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/informecimarron.pdf
Mow,
J. (2010). Población Afrocolombiana/Negra, Palenquera y Raizal y Derechos
Humanos. Indepaz. http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/MDULO_4_pdf.pdf.
Nates, B. (2011).
Soportes teóricos y etnográficos sobre
conceptos de territorio. Co-Herencia, 8(14), 209-229.
Papadópolo,
M. (1995). El nuevo enfoque internacional en materia de derechos de los
pueblos indígenas. Universidad Rafael Landívar. Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES).
Pierucci,
A. F. (1999). Ciladas da diferença.
Tempo Social, 1(1), 7-33.
Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2011). Afrocolombianos, sus territorios y
condiciones de vida.
PNUD-Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano Colombia. . https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/afrocolombianos---sus-territorios-y-condiciones-de-vida.html
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD (2012). Los afrocolombianos frente a los
objetivos de desarrollo del milenio. PNUD. http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf.
Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2016).
Objetivos de desarrollo sostenible, Colombia. Herramientas de aproximación
al contexto local. PNUD. http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWS-2016.pdf.
Quijano,
A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander
(ed.), La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales perspectivas
latinoamericanas (pp. 201-246).
CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Quijano,
A. (2017). ¡Qué tal raza! En R. Campoalegre y K. A.
Bidaseca (Eds.), Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes (pp. 17-26). CLACSO. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Smith,
A. D. (1997). La identidad nacional.
Trama Editorial.
Stolcke, V. (2000). ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la
etnicidad…y la naturaleza para la sociedad? Política y Cultura, (14),
25-60.
Vallejo,
H. M., y Cubides, J. (Eds.) (2017). El conflicto
armado interno en Colombia: Análisis jurídico de protección a las víctimas y
del medio ambiente. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.
Viáfara, C. A., Urrea-Giraldo, F., y Correa, J. B. (2009). Desigualdades
sociodemográficas y socioeconómicas, mercado laboral y discriminación
étnico-racial en Colombia: Análisis estadístico como sustento de Acciones
Afirmativas a favor de la población afrocolombiana. En C. M.
Rosero-Labbé y R. E. León (Eds.), Acciones afirmativas y ciudadanía
diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre
Bicentenarios de las independencias y Constitución de 1991 (pp. 153-346). Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales – CES.
Wade,
P. (1997). Race and ethnicity in
Latin America. Pluto Press
Wade,
P. (2011). Raza y naturaleza humana.
Tabula Rasa, (14), 205-226.
Yudell,
M. (2014). Breve historia del concepto raza. Pasajes: Revista de Pensamiento Contemporáneo, (44), 32-47.
* Este artículo es un
aporte reflexivo derivado de las categorías de conflicto armado, desplazamiento
forzado, raza y etnicidad, en el marco del proyecto de investigación titulado:
“Tensiones entre la justicia transicional y sistema de responsabilidad penal
internacional: el caso de Colombia y España”, asociado a la Línea de
Investigación en Derechos Humanos, Género y Multiculturalismo, del Grupo
Jurídico social. Texto que ha sido avalado en una versión ampliada, como
capítulo de libro por la Corporación Universitaria Republicana en el texto denominado
“Nuevos desafíos de la investigación en derecho para poblaciones
afrodescendientes indígenas y lgtbq+”.
** PhD. en Derechos Humanos y
Desarrollo. Docente Investigadora en la Facultad de Derecho y Ciencias
Forenses, Coordinadora de la Línea de Investigación en Derechos Humanos,
Género, y Multiculturalismo, del Tecnológico de Antioquia Institución
Universitaria. Medellín, Colombia. E-mail: yennesit.palacios@tdea.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3581-439X
*** Doctorando en Seguridad Humana y
Derecho Global de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente de
Posgrados de la Institución Universitaria de Envigado (Antioquia, Colombia), adscrito al Grupo
de investigación: Auditorio Constitucional. E-mail: sergio.mondragondu@unaula.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5189-6770
Recibido: 2020-12-06 · Aceptado: 2021-02-27