Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXXI, No. 1, enero-marzo
2025. pp. 133-145
FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ●
ISSN-E: 2477-9431
Como citar: García, Y. E., Ospino,
Y. P., Negrette, A. M., y Arteaga, D. D. J. (2025). Agresiones sexuales en
mujeres víctimas del conflicto armado en la zona de los Montes de María -
Colombia. Revista De Ciencias Sociales, XXXI(1), 133-145.
Agresiones sexuales en mujeres víctimas del conflicto armado en la zona de los Montes de María - Colombia*
García
García, Yadira Esther**
Ospino
Julio, Yiseth Paola***
Negrette
Sepúlveda, Ana María****
Arteaga
Segura, Daniela de Jesús*****
Resumen
A
raíz del surgimiento del conflicto armado, en Colombia se han utilizado las
agresiones sexuales con fines bélicos para intimidar, humillar y controlar a
las poblaciones civiles. De este modo, las mujeres que viven en zonas afectadas
por el conflicto armado, como los Montes de María, enfrentan un alto riesgo de
ser víctimas de violencia sexual, generando un profundo impacto a nivel
individual y colectivo. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente
investigación busca analizar las agresiones sexuales en mujeres víctimas del conflicto
armado en los Montes de María en Colombia, a través de una revisión documental
con enfoque mixto, desde una perspectiva socio jurídica. Los resultados
demuestran que las agresiones sexuales han sido utilizadas como táctica de
guerra, impactando física y emocionalmente a las víctimas y sus comunidades.
Además, la falta de respuestas institucionales suficientes agrava esta
problemática. Finalmente, las conclusiones destacan que la violencia sexual en
esta región evidencia desigualdades de género y requiere justicia, atención
integral y transformación cultural para garantizar derechos humanos y prevenir
su perpetuación en comunidades vulnerables.
Palabras clave: Mujer; víctima; agresiones sexuales; conflicto
armado; reparación.
* Este trabajo es derivado del proyecto: “Génesis Histórico
Política en el Desarrollo de los Conflictos Armados en la Zona de los Montes de
María”, financiado por el Fondo Nacional de Financiamiento, la Tecnología y la
Innovación Francisco José de Caldas-MINCIENCIAS, en colaboración con la
Universidad Cooperativa de Colombia, campus Montería.
** Doctora en Ciencias Jurídicas. Doctora en Filosofía. Magíster
en Desarrollo Social. Especialista en Estudios Políticos y Económicos. Docente
en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, Colombia. E-mail: yadira.garciag@campusucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8285-4733
*** Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Libre, seccional Barranquilla, Colombia. Adscrita al Semillero de
Investigación Género, Violencia y Sociedad. Estudiante de Administración
Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Barranquilla,
Colombia. E-mail: yisethp-ospinoj@unilibre.edu.co ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3582-9082
**** Magíster en Educación. Especialista en Familia. Abogada. Docente
Investigadora de la Facultad de Derecho en la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Montería, Colombia. Miembro del Grupo Gisourbano. E-mail: ana.negrette@campusucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3754-3087
***** Maestrante en Derechos Humanos en la Universidad Internacional de
La Rioja, Logroño, España. Abogada. Joven Investigadora de la Facultad de
Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, Colombia.
E-mail: daniela.arteagas@campusucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0009-0004-2625-4583
Recibido: 2024-09-09 · Aceptado: 2024-11-26
Sexual assaults on women victims of the armed conflict in the Montes de María area – Colombia
Abstract
Since
the emergence of the armed conflict, sexual assaults have been used for war
purposes in Colombia to intimidate, humiliate and control civilian populations.
Thus, women living in areas affected by the armed conflict, such as the Montes
de María, face a high risk of being victims of sexual violence, generating a
profound impact at the individual and collective level. Taking the above into
account, this research seeks to analyze sexual assaults on women victims of the
armed conflict in the Montes de María in Colombia, through a documentary review
with a mixed approach, from a socio-legal perspective. The results show that
sexual assaults have been used as a war tactic, physically and emotionally
impacting victims and their communities. In addition, the lack of sufficient
institutional responses aggravates this problem. Finally, the conclusions
highlight that sexual violence in this region reveals gender inequalities and
requires justice, comprehensive care and cultural transformation to guarantee
human rights and prevent its perpetuation in vulnerable communities.
Keywords: Women; victim; sexual aggressions; armed
conflict; repair.
Introducción
La región de los Montes de María, en el norte de Colombia, ha sido escenario de prolongadas batallas armadas a lo largo de su historia, de tal manera que se ha experimentado la presencia de varios actores armados, incluidos insurgentes, grupos paramilitares y fuerzas estatales, lo que ha dado lugar a una compleja red de violencia debido a conflictos sociopolíticos, llevados a cabo por grupos organizados que viven al margen de la ley (Jimenez, Vera y Gamboa, 2019; García y Trejos, 2021; García et al., 2023). Así mismo, la historia de este conflicto ha influido significativamente en la conciencia comunitaria y las instituciones sociales de esta región.
De igual modo, se reconoce que “el conflicto armado en Colombia está encarnado en mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres mestizas; está encarnado en la niñez; está encarnado en los colectivos LGTB” (Medina, 2018, p. 310). Todo esto, partiendo desde la premisa de que la mujer ha sido blanco recurrente de muchos tipos de transgresiones, lo cual implica que la violencia armada y las disparidades de género se cruzan para crear un entorno en el que la agresión sexual se utiliza como táctica sistemática de guerra. Es decir, los cuerpos de las mujeres víctimas se convierten en un campo de batalla secundario, marcado por el salvajismo de la violencia sexual. Así mismo, Condiza (2021) enfatiza que:
Reconocer
a las víctimas implica pensar en el contexto histórico en el que se desarrolla
el conflicto colombiano, comprendiendo que las víctimas no solo son el
resultado de la confrontación, pues también son la justificación del quehacer
de los diferentes grupos armados y del Estado. (p. 71)
En este orden de ideas, este fenómeno se ve agravado por la dinámica desigual del poder, la fragilidad de los sistemas judiciales y la inestabilidad política, lo cual, a su vez, influye mucho en que las mujeres se enfrentan a las consecuencias físicas y psicológicas de las agresiones sexuales, junto con varios impedimentos que dificultan su búsqueda de justicia, que se reducen en última instancia a las múltiples expresiones de abandono estatal en la región de los Montes de María.
El
problema, en este caso, no se origina en la existencia de otros actores armados
o de otros poderes ilegales que ponen en tela de juicio a la administración
pública (en principio el Estado monopoliza la coacción), sino en su incapacidad
institucional para garantizar los derechos de la gente y para regular la vida
social. (Revelo y García, 2018, p. 35)
Por lo tanto, para gestionar eficazmente las agresiones sexuales en esta zona, es crucial conocer en detalle este entorno, relacionando los distintos vínculos que se efectúan entre el conflicto armado, la violencia de género y la estructura social local. A partir de ello, el objetivo principal de esta investigación es analizar las agresiones sexuales en mujeres víctimas del conflicto armado en los Montes de María en Colombia.
Por otra parte, es importante destacar que este tipo de agresiones como objeto de estudio, resulta ser un aspecto conmovedor de la situación conflictiva y la connotación histórica que ha tenido la mujer a través de los tiempos, puesto que la violencia de género está estrechamente vinculada con diversos factores que inciden en el surgimiento del conflicto armado y sus fines históricos (Orozco, Jiménez y Cudris-Torres, 2020), de tal manera que “abordar la protección de los DD. HH. de las mujeres colombianas víctimas resulta un tema de gran importancia e interés, porque deben reclamar sus derechos como víctimas” (Atencio, 2020, p. 403).
Finalmente, se resalta que las mujeres se enfrentan a una coyuntura crítica en la que los abusos sexuales no sólo afectan a su bienestar físico, sino que también influyen profundamente en los marcos sociales, teniendo en cuenta que las limitaciones culturales, derivadas de dinámicas históricas y reales, impiden la visibilización y condena de estas atrocidades.
1. Metodología
La metodología de la presente investigación se enmarca en un enfoque mixto basado en elementos del paradigma naturalista y positivista, fortalecido mediante un análisis socio jurídico exhaustivo. Considerando así, que cada paradigma se encuentra respectivamente vinculado a los enfoques cuantitativo y cualitativo, respondiendo a las distintas necesidades que puede establecer el problema central de la investigación. Con respecto a ello, Acosta (2023) menciona que:
Un enfoque
mixto o complementario combina tanto métodos cuantitativos como cualitativos en
una misma investigación. Por lo general, se divide en dos fases: la primera es
la cuantitativa y se basa en la recopilación de datos numéricos, mientras que
la segunda es cualitativa y se encamina en la recolección de datos descriptivos
y subjetivos. (p. 85)
En este orden de ideas, la fase cuantitativa integró la recopilación y análisis de datos secundarios disponibles para obtener información objetiva sobre la incidencia y características generales de dichas agresiones. Simultáneamente, la fase cualitativa se materializó a través de técnicas como el análisis de contenido testimonial recopilado en fuentes documentales y narrativas existentes, lo cual permitió identificar las experiencias subjetivas y contextuales de cada mujer afectada.
A su vez, el análisis socio jurídico abordó una revisión a fondo de la literatura y documentos pertinentes, teniendo en cuenta las contribuciones de autores destacados e investigaciones previas. Esta revisión documental, además de contextualizar el estudio, fundamentó la evaluación de la respuesta institucional existente y respaldó la formulación de recomendaciones, proporcionando una perspectiva integral y rigurosa sobre el objeto de estudio.
2. Resultados y discusión
2.1. Contextualización histórica y sociopolítica de los Montes de María
Los Montes de María, ha sido testigo de una historia compleja y tumultuosa que se remonta a mediados del siglo XX. Este rincón geográfico, conocido por su exuberante paisaje, ha sido, sin embargo, escenario de una serie de conflictos armados que han dejado una profunda huella en su tejido social y político. De igual manera, la génesis de las tensiones en esta región se encuentra en la distribución desigual de tierras y recursos, un problema arraigado en la historia agraria de Colombia, lo cual implica que la lucha por el control territorial y la propiedad de la tierra ha sido una constante, desencadenando conflictos que se intensificaron con el auge del narcotráfico y la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares.
Además, “la localización geográfica fue importante en por lo menos tres sentidos: como corredores de transporte de los narcóticos, como sitios de control de la movilidad poblacional, y como área de producción y desplazamiento” (Rodríguez, 2020, p. 126). Este escenario, marcado por la intersección de factores históricos, económicos y políticos, sentó las bases para un conflicto armado prolongado.
Así mismo, el desplazamiento forzado ha sido principalmente una consecuencia directa de estos conflictos (González, Arango y Castellano, 2022), que indiscutiblemente también ha afectado a la población local de los Montes de María de manera significativa. Las comunidades, desgarradas por la violencia, han experimentado la pérdida de sus hogares y la ruptura de sus estructuras sociales, generando no solo una diáspora de las poblaciones locales, sino que también ha creado condiciones precarias en los territorios que quedan bajo el control de diversos actores armados.
Además, la presencia de guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales, ha exacerbado las tensiones en la región, por lo cual, las dinámicas de poder desiguales, la fragilidad institucional y la falta de presencia del Estado, han configurado un entorno sociopolítico complejo. Así mismo, Tamayo, Tamayo y Tamayo (2020) establece que “los actores armados implementan el miedo, las amenazas y la burla como fuerzas coercitivas para ejercer control y dominio en los territorios. Motivos por los que las víctimas no denuncian y quedan a merced de los victimarios” (p. 26). Este contexto, caracterizado por la ausencia de un control efectivo y una estructura legal sólida, ha contribuido a la perpetuación de la violencia y la impunidad.
En este escenario, las agresiones sexuales no solo se han manifestado como un acto de violencia, sino que también se han convertido en una táctica de guerra. Desde entonces, la vulnerabilidad de la población, especialmente de las mujeres, se ve acentuada por estas dinámicas, creando un terreno susceptible para la perpetuación de la violencia de género.
2.2. Las agresiones sexuales como arma de guerra dentro del conflicto
A partir de la historia del conflicto en los Montes de María, las agresiones sexuales emergen como un capítulo oscuro y desgarrador, integrando una complejidad que va más allá de la violencia física para adentrarse en el tejido mismo de la sociedad. Estos actos violentos, lejos de ser eventos fortuitos, constituyen una estrategia calculada utilizada por grupos armados para sembrar el terror, ejercer control y debilitar la resistencia comunitaria. La profundidad de esta táctica se observa al considerar el meticuloso fin detrás de las agresiones sexuales.
Algunos de
los factores en los cuales se han visto afectados miles de mujeres durante el
conflicto armado ha sido la violencia sexual (utilizando su cuerpo como
herramienta de guerra), comprendiendo que este contexto se ve permeado de
diferentes sucesos como el desplazamiento forzoso ya sea por exigencia de los
actores armados del entorno o de los perpetuadores de la agresión sexual.
(Muñoz y Quintero, 2020, p. 9)
En este orden de ideas, la táctica de desplazar a las personas mediante el miedo a estas agresiones no solo fragmenta geográficamente a la población, sino que también contribuye a la ruptura de los lazos culturales y sociales, debilitando la identidad comunitaria. Así mismo, estos fenómenos no pueden ser concebidos como meros hechos aislados; son eventos que reverberan profundamente en la trama social y comunitaria, especialmente en el tejido que compone la comunidad femenina. Este impacto, lejos de limitarse a las consecuencias individuales, desencadena una serie de implicaciones complejas que afectan la interacción y el desenvolvimiento de las mujeres en la comunidad.
El 32.2%
de los casos de violencia sexual registrados han sido perpetrados por los
paramilitares, y el 31.5% por las guerrillas, como una estrategia para la
instauración del terror en las comunidades, para desplazarlas de manera
forzosa, silenciar y neutralizar acciones de oposición ejercidas por lideresas
comunitarias, para moldear patrones de cuerpos que trasgrede-den las normas y
reglas de moralidad impuestas por los actores armados, para disciplinar y
moldear a las combatientes reclutadas, entre otras. (Tamayo et al., 2020, p.
15)
Más allá de los efectos individuales, las agresiones sexuales reconfiguran significativamente el papel de las mujeres en la comunidad, de tal manera que “esta práctica tiene un efecto social, pues desarticula formas comunitarias, culturales y/o políticas previas de un pueblo o grupo humano a someter” (Maldonado, 2019, p. 164). Es decir, la pérdida de agencia resultante de estas experiencias traumáticas limita la capacidad de las mujeres para liderar y participar en iniciativas de resistencia, por lo cual, la superación de las barreras psicológicas se convierte en un desafío, afectando la habilidad de las mujeres para abogar por sus derechos y liderar transformaciones sociales.
De igual forma, los grupos armados, inmersos en disputas territoriales y buscando consolidar su autoridad, emplean la violencia sexual como un medio para imponer su dominio (Liz, 2023), lo cual implica que “la violencia sexual ha sido una práctica de apropiación de cuerpos y poblaciones, que ha contribuido a reafirmar el dominio violento de los grupos armados que la cometen” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018, p. 24). Evidenciando que más allá de ser incidentes aislados, estas agresiones se convierten en herramientas de intimidación y control que van dirigidas estratégicamente a las mujeres.
Es decir, “las acciones violentas de índole sexual practicadas por actores armados en el conflicto colombiano derivan de un proceder táctico tendiente a diezmar las presuntas bases de apoyo logístico y afectivo de los enemigos” (Blanco y Téllez, 2021, p. 144).
A partir de lo explicado anteriormente, se establece que la conexión estrecha entre la violencia sexual y las dinámicas de género subyacentes no puede pasarse por alto, toda vez que estos actos impactantes no solo causan un daño inmediato a las víctimas, sino que también perpetúan y refuerzan nociones patriarcales al atacar directamente a mujeres. La violencia sexual, por lo tanto, se convierte en un instrumento para sostener y perpetuar desigualdades de género profundamente arraigadas en la sociedad, contribuyendo a la persistencia de estructuras discriminatorias.
En
general, la violencia sexual contra mujeres es usual en zonas donde los grupos
armados se disputan militarmente el territorio. Entre las mujeres que corren
más peligro se encuentran las afrodescendientes, indígenas, y desplazadas, así
como las campesinas y pobladoras de barrios de la periferia de las ciudades,
muchas de ellas desplazadas del campo. (Giraldo-Zuluaga y Muñoz-Villarreal,
2020, p. 168)
Así mismo, el desplazamiento forzado surge como otra dimensión crucial de esta estrategia, tanto así que la violencia sexual no solo busca debilitar comunidades a través del temor, sino que también contribuye al caos necesario para facilitar el desplazamiento. Este desplazamiento forzado fragmenta comunidades, debilita la resistencia y permite a los grupos armados consolidar su control sobre áreas específicas. En razón a ello, Martínez-Luna (2021) define el desplazamiento forzado como aquel momento en que una persona:
Se ve
obligada a trasladarse del lugar donde reside o donde realiza sus actividades
económicas habitualmente, debido a que su integridad física, su seguridad o su
libertad y la de su familia, han sido vulneradas o amenazadas con ocasión del
conflicto armado interno. (p. 10)
A partir de lo anterior, y la impunidad que rodea a estos crímenes añade una capa de complejidad adicional a la situación. Es decir, la falta de rendición de cuentas crea un entorno en el cual los perpetradores pueden operar sin temor a consecuencias legales, perpetuando un ciclo de violencia y abusos, convirtiéndose así la impunidad en un componente esencial que sustenta la repetición sostenida de estos actos atroces.
2.3. Impactos de la violencia sexual
Ahora bien, cuando se habla acerca de todas las consecuencias físicas de las agresiones sexuales, se advierte la existencia de una realidad que trasciende la esfera tangible, una esfera que va más allá de las heridas visibles que estas atrocidades dejan en las víctimas. En este orden de ideas, “se ejerce con el objetivo de someter, intimidar, humillar, agredir física, psicológica y socialmente a la víctima y generar terror en el sujeto pasivo, en su familia y en la comunidad a la que pertenece” (Naranjo, 2021, p. 116). Es decir, las agresiones sexuales generan un impacto físico directo que trasciende lo inmediato, afectando la salud a corto y largo plazo de maneras complejas y a menudo devastadoras.
En principio, las secuelas inmediatas de las agresiones sexuales se manifiestan en lesiones físicas palpables, por lo cual, estas víctimas generalmente enfrentan un dolor tangible que va más allá de las cicatrices emocionales. En este orden de ideas, la violencia física desatada durante estas agresiones deja su huella en áreas susceptibles del cuerpo, exacerbando la vulnerabilidad de las víctimas y que posteriormente, terminan afectando su diario vivir, inhibiéndose de realizar actividades que anteriormente realizaban con frecuencia.
Ahora bien, la violencia perpetrada durante las agresiones sexuales no solo causa daño físico directo, sino que también eleva significativamente el riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2013): “Existe un sólido vínculo entre la violencia por razón de género y el VIH, incluida su transmisión deliberada, que se utiliza como arma de guerra a través de la violación” (Num. 37, p. 16). Lo cual implica que las lesiones provocadas por los actores armados pueden facilitar la entrada de patógenos, exponiendo a las víctimas a una realidad médica adicional y compleja, siendo los agresores totalmente conscientes del daño provocado.
Por otra parte, se encuentran las secuelas psicológicas de las agresiones sexuales, lo cual manifiesta que estas experiencias de violencia íntima y traumática dejan cicatrices mentales que van más allá de lo evidente, afectando de manera significativa la salud mental a corto y largo plazo de las víctimas. Principalmente, “en las afectaciones psicológicas en las víctimas del conflicto se encuentran el trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastornos del estado del ánimo, ansiedad y trastornos de alimentación, trastorno psicótico agudo, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras” (Cudris et al., 2020, p. 99).
En otro escenario, la “dependencia emocional, depresión y ansiedad son variables psicológicas que actualmente se abordan cuando se habla de mujeres víctimas de violencia” (Lescano y Salazar, 2020, p. 2). Por un lado, la carga emocional de las agresiones sexuales a menudo desencadena un estado depresivo, elevando la pérdida de la confianza, la sensación de indefensión y la profunda tristeza como facetas que las víctimas pueden experimentar, afectando negativamente su calidad de vida y generando una nube oscura que se extiende en el tiempo.
Por otro lado, la ansiedad, marcada por la preocupación constante, el miedo y la aprensión, se convierte en una compañera constante para muchas víctimas de agresiones sexuales, donde la sensación de vulnerabilidad y la anticipación del peligro generan un estado de alerta crónico que erosiona la estabilidad emocional.
Ahora bien, estas agresiones también afectan la percepción que las víctimas tienen de sí mismas, por lo cual, la desvalorización personal y la pérdida de autoestima (Neme, 2023) son consecuencias comunes, puesto que las mujeres pueden culparse a sí mismas por la violencia sufrida, generando ciclos destructivos en su salud mental y erosionando la base de su identidad. En este orden de ideas, también se puede evidenciar dificultades para confiar en otros, miedo al abandono y la creación de barreras emocionales como respuestas comunes que impactan la capacidad de las víctimas para formar conexiones saludables y construir relaciones significativas.
Algunas
mujeres en la condición de víctimas de violencia sexual tienden a ser personas
con autoestima baja lo que las conlleva a tener una imagen personal un poco
desaliñada y a no mostrar interés por su apariencia física y a desconfiar de
sus capacidades, dando así lugar a que se limiten o tengan miedo cuando van a
realizar acciones. (Jaimes y Jaimes, 2019, p. 152)
En razón a ello, el proceso de recuperación, tanto física como psicológica, se convierte en un viaje arduo y desafiante, pues, las huellas visibles de la violencia se mezclan con ciclos destructivos a nivel emocional, donde la depresión, la ansiedad y la desvalorización personal se entrelazan, formando un completo caos emocional que perdura en el tiempo. En este orden de ideas, la autoestima, antes robusta, se ve minada, y la víctima se enfrenta a una lucha interna para reconstruir su identidad, que ha sido fracturada por el trauma.
En el plano social, las implicaciones de estas agresiones son profundas y abarcadoras. Es decir, la confianza en las instituciones se ve socavada, puesto que la respuesta ineficiente y la falta de apoyo, generan desconfianza en el sistema judicial y de salud. A nivel comunitario, estas agresiones contribuyen a la creación de un clima de temor generalizado, afectando la cohesión social y generando una sensación de vulnerabilidad en toda la comunidad.
A partir de ello, la carga en los servicios de salud mental se intensifica, poniendo a prueba la capacidad de los sistemas de atención, tanto así que la falta de recursos adecuados para hacer frente a la demanda, refleja un desafío estructural que necesita ser abordado. Además, las víctimas, lidiando con las secuelas, pueden encontrar desafíos significativos en la participación activa en la sociedad, pues, las oportunidades laborales y educativas pueden verse limitadas, contribuyendo a la marginalización y perpetuando el ciclo de vulnerabilidad.
Finalmente, estas consecuencias físicas y psicológicas no solo representan la aflicción individual de las víctimas, sino que también señalan problemas sistémicos más amplios que exigen una respuesta integral. Por lo tanto, abogar por la conciencia social, eliminar el estigma asociado a estas experiencias y promover una justicia eficaz, son pasos cruciales para abordar las raíces profundas de este fenómeno y trabajar hacia una sociedad más segura, empática y solidaria.
2.4. Respuestas institucionales y sociales
En primer lugar, la Ley 1257 de 2008 es una legislación integral que tiene como objetivo abordar diversas formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley establece una definición amplia de la violencia contra la mujer, incluyendo aspectos físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales y simbólicos. Busca prevenir y sancionar estas formas de violencia, implementando medidas de sensibilización para la sociedad y promoviendo cambios culturales que contribuyan a la erradicación de la violencia de género.
Además, busca garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, estableciendo medidas de atención integral que abarcan servicios de salud, asesoría legal, apoyo psicosocial y medidas de protección. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su enfoque general en la violencia de género, la Ley 1257 de 2008 no aborda de manera específica la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Con respecto a esto último, Torregrosa, Mazuera y Mahecha (2018) menciona que:
Las nuevas
formas de violencia como resultado del conflicto armado contra la mujer, por un
lado, implican una reflexión más profunda y actualizada, pues los conceptos de
violencia sexual, física, psicológica y económica descritos en la Ley 1257 de
2008 se quedan cortos en su fundamentación. (p. 175)
Por otra parte, la Ley 1448 de 2011, conocida como la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” en Colombia, representa un hito crucial en los esfuerzos del país por atacar las consecuencias devastadoras del conflicto armado interno. Esta legislación integral se centra en reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, con especial atención a aquellas que han experimentado desplazamiento forzado y diversas formas de violencia, incluida la violencia sexual contra mujeres. En este orden de ideas, esta ley define víctimas de la siguiente manera:
Se
consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno. (Artículo 3, p. 9)
A partir de esto, busca reparar integralmente a las mujeres que han sido víctimas de estas formas de violencia, reconociendo el impacto físico, psicológico y social que dichos actos han tenido en sus vidas. Así mismo, la Ley 1448 de 2011 establece mecanismos de reparación que abarcan la atención médica, apoyo psicosocial, asesoría legal y otras formas de asistencia específicamente diseñadas para las mujeres que han sufrido violencia sexual. Busca no solo compensar económicamente a las víctimas, sino también brindarles las herramientas y el apoyo necesario para reconstruir sus vidas de manera integral.
La Ley 1719 de 2014, constituye un pilar esencial en los esfuerzos del país por abordar las complejas problemáticas asociadas con la violencia sexual, en particular aquella vinculada al conflicto armado interno. Esta legislación aborda la necesidad de ajustar las disposiciones legales que definen y penalizan los delitos relacionados con la violencia sexual. En este sentido, busca una tipificación más precisa y detallada de estos delitos, así como la mejora de los procesos judiciales asociados, brindando un marco legal más robusto que permita una persecución eficiente y efectiva de los responsables de estos actos atroces.
En
Colombia, la única ley que se ha expedido sobre el tema, en el marco de la
violencia sexual en el conflicto armado, es la ley 1719 de 2014, aunque la ley
1448 de 2011 ya daba unas aproximaciones al reconocer las víctimas del
conflicto armado, vinculando a las mujeres en un enfoque diferencial. (García y
Hernández, 2014, p. 102)
Uno de los puntos destacados de esta ley es su enfoque en garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, introduciendo medidas específicas destinadas a facilitar el proceso de denuncia, así como a proporcionar protección y apoyo integral a las personas afectadas por la violencia sexual. Esto incluye servicios médicos especializados, asistencia psicológica, asesoramiento legal y otras formas de apoyo, diseñadas para contribuir a la recuperación física y emocional de las víctimas.
En el contexto del conflicto armado, el Estatuto de Roma, aprobado mediante la Ley 742 de 2002, desempeña un papel crucial al abordar la violencia sexual como un crimen de guerra, así como un crimen contra la humanidad. Esta legislación internacional reconoce la gravedad de la violencia sexual, incluyendo la violación, la esclavitud sexual y otras formas de agresión, cuando se perpetran en el marco de conflictos armados, ya sean internacionales o no. Así mismo, la Corte Penal Internacional (CPI), creada por el Estatuto de Roma, tiene la autoridad para investigar y enjuiciar casos de violencia sexual cuando los Estados nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo procesos judiciales adecuados.
El riesgo
que se tiene de que la JEP sea insuficiente para abordar los casos que se
presentaron en el país y la jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos, ha sido enfática en afirmar que los Estados no pueden invocar
normas de orden interno para evadir obligaciones internacionales, que puedan
llegar a limitar a las víctimas en su acceso a la justicia. (Reyes, 2022, p.
90)
De igual forma, la violencia sexual según el Estatuto de Roma es tipificada como un crimen de guerra cuando se comete en el contexto de un conflicto armado, además, se considera un crimen contra la humanidad si se materializa a partir de un ataque generalizado hacia una población civil en específico, por lo cual el reconocimiento de la gravedad de la violencia sexual en el ámbito internacional tiene como objetivo principal la prevención y erradicación de la impunidad.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aunque no aborda explícitamente la violencia sexual en tiempos de guerra, sus disposiciones generales proporcionan un marco fundamental para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, incluyendo aquellas que han sufrido violencia sexual en situaciones de conflicto, afirmando simultáneamente que estas situaciones “agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas de violencia por razón del género por parte de agentes estatales y no estatales” (ONU, 2013, p. 10).
Por otra parte, la Convención Belém do Pará (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1995), constituye un marco normativo esencial adoptado en 1994, que rige en Colombia a través de la Ley 248 de 1995, para hacer erradicar la violencia de género en las Américas. Efectuándose de la siguiente manera:
Regionalmente,
encontramos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Belém do
Pará-Brasil el 9 de junio de 1994, la cual rige en Colombia por virtud de la
Ley N.º 248 de 1995. (Paredes-Mosquera, Guachetá-Torres y Paredes-Londoño,
2018, p. 93)
Su estrategia global frente a la violencia contra las mujeres establece principios y deberes que son aplicables en esta complicada situación, aunque no aborde la agresión sexual en el contexto de la guerra. Además, compromete a los Estados parte a poner fin a la violencia sexual contra las mujeres y a todos los demás tipos de violencia contra ellas, incluidos los actos cometidos mientras se desarrolle el conflicto armado. Esta visión global hace hincapié en la necesidad de investigar y penalizar a los agresores para garantizar la responsabilidad y la justicia para las víctimas en situaciones de conflicto, así como en la necesidad de iniciativas específicas para evitar y tratar las agresiones sexuales.
Pese a lo
anterior, uno de los principales obstáculos para el acceso de la justicia es la
desigualdad entre los sexos, lo que fomenta la falta de acceso de las mujeres a
entornos provistos de oportunidades para la garantía de sus derechos. Esa
desigualdad tiene aún más arraigo cuando existen factores sociales y culturales
que conceden funciones a cada género y, de acuerdo con esa asignación, también
se establecen derechos. (Chaparro, 2019, p. 133)
Además del entorno legislativo, los programas gubernamentales se han diseñado con un intento de perspectiva integral, abordando tanto las necesidades médicas como las psicológicas de las mujeres víctimas, teniendo en cuenta el acceso a atención médica especializada, servicios psicológicos y asesoría legal, que se presenta como una prioridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por crear alternativas enfocadas en una reparación integral y ajustada a las necesidades singulares de cada víctima, se tiene en cuenta que:
Las
políticas creadas y las rutas de atención no cumplen con las necesidades de
cada persona, se resalta mucho en los textos investigativos que no se cumple
con la atención psicosocial oportuna ya que carece de programas que aporten a
la resocialización de las víctimas, desde el entendido que en los casos de
violencia sexual existe gran estigmatización social, que resulta siendo un
factor de exclusión y de revictimización. (Piranquive, 2022, p. 12)
El proceso de rehabilitación se extiende más allá del tratamiento inicial, reconociendo la complejidad de las heridas físicas, psicológicas y emocionales. Así mismo, los enfoques terapéuticos adoptados deberían no solo aliviar el sufrimiento inmediato sino también brindar herramientas para la reconstrucción a largo plazo, por lo cual, resulta “necesario que se creen redes entre instituciones asistenciales con el fin de complementar las atenciones psicoterapéuticas a nivel individual y familiar con asesorías en temas de derechos, grupos de apoyo e instancias colectivas de reivindicación política” (Castro-Sardi y Munévar-Rojas, 2018, p. 106).
Conclusiones
Las agresiones sexuales en el contexto del conflicto armado en los Montes de María en Colombia, evidencian cómo la violencia de género se utiliza como táctica de guerra para intimidar, controlar y debilitar a las comunidades. Estas agresiones generan daños físicos inmediatos y profundos impactos psicológicos, sociales y económicos a largo plazo, perpetuando dinámicas de dominación patriarcal y vulnerabilidad estructural. El estudio subraya la insuficiencia de las respuestas institucionales actuales, que a pesar de contar con marcos legales como las leyes 1257 de 2008, 1448 de 2011 y 1719 de 2014, no logran garantizar justicia, reparación ni atención integral con suficiente cobertura a las víctimas.
Este análisis aporta una visión integral del fenómeno al establecer perspectivas sociojurídicas con un enfoque mixto que resalta las fallas del sistema judicial y la necesidad de atención multidisciplinaria. Destaca además la importancia de visibilizar estas problemáticas y promover la transformación cultural en torno a la violencia de género, abordándola como un tema prioritario de derechos humanos.
Entre las futuras líneas de investigación se encuentran la evaluación de la efectividad de las políticas públicas existentes, el análisis de estrategias de resiliencia implementadas por las víctimas, y la exploración de dinámicas similares en otras regiones de conflicto armado. De igual manera, se recomienda estudiar cómo las normativas internacionales, como el Estatuto de Roma y la CEDAW, pueden ser aplicadas de manera más efectiva en el contexto colombiano.
Finalmente, la investigación llama a un esfuerzo coordinado entre instituciones, comunidades y organismos internacionales, para garantizar justicia, reparación y prevención. La construcción de una sociedad más inclusiva, segura y equitativa requiere de la implementación de programas que integren educación, sensibilización y atención integral, transformando así las dinámicas que perpetúan estas violencias.
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algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas
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