Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 27 No. 100, 2022, 1423-1442
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Cómo citar: Solano Brito, K. Y., Eneth Vidal, J., y Aaron Zubiria, L. M. (2022). Gestión pública de la educación superior: realidad y retos. Revista Venezolana De Gerencia, 27(100), 1423-1442. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.9
Gestión pública de la educación superior: realidad y retos
Solano Brito, Katerine Yohana*
Eneth Vidal, Jaidith**
Aaron Zubiria, Lili María***
Resumen
Colombia aprobó una nueva Constitución Política a principios de la década de los noventa, la cual consagró el derecho a la Educación. Este trabajo tiene como objetivo general analizar la realidad de la gestión pública de la educación superior en Colombia con el propósito de plantear algunos retos. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental y hemerobibliográfica bajo un método histórico hermenéutico. Los hallazgos evidencian: 1) Existencia de una política de educación superior que no ha logrado resolver los asuntos de permanencia estudiantil, matrícula, cobertura, acceso y calidad del servicio; 2) Deficientes estructurales del sistema educativo pendientes por resolver; 3) Influencia de organismos multilaterales en la gestión de la política de educación superior que imponen retos desafiantes; 4) Incidencia de factores externos sobre la gestión de la educación superior, como lo ha sido la pandemia del Covid 19. Se concluye que la gestión de la política de educación superior enfrenta grandes retos que deben estar orientados a garantizar la permanencia, matriculación, cobertura, acceso y calidad de la educación, de tal forma de garantizar el desarrollo de un sistema de educación superior sólido que responda al progreso del país.
Palabras clave: Gestión pública; educación superior; universidad, Colombia.
Recibido: 23.02.22 Aceptado: 24.05.22
* Profesional en Trabajo Social. Docente e investigadora de la Universidad de la Guajira, Colombia. Especialista en Resolución de Conflictos, Universidad de la Guajira, Colombia. Magister en Gerencia de Recursos Humanos, Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo. Email: katerines@uniguajira.edu.co / ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0780-4864
** Magíster en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales, Especialista en Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Trabajadora Social, Universidad de La Guajira, Colombia. Docente investigador de la Universidad de La Guajira, Colombia. Email: jvidal@uniguajira.edu.co/ ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2225-3717
*** Trabajadora Social, Docente Ocasional, adscrita a la Facultad Ciencias Sociales y Humanas Universidad de la Guajira. Especialista en Sistemas de Calidad y Auditorías de Servicios de Salud Universidad Popular del César. Magister en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). Email: lmariaaron@uniguajira.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4105-0541
Public management of higher education: reality and challenges
Abstract
Colombia approved a new Political Constitution in the early 1990s, which enshrined the right to Education. The general objective of this work is to analyze the reality of public management of higher education in Colombia with the purpose of posing some challenges. A qualitative, documentary and hemerobibliographical research was developed under a historical hermeneutic method. The findings show: 1) Existence of a higher education policy that has not managed to resolve the issues of student permanence, enrollment, coverage, access, and quality of service; 2) Structural deficiencies of the educational system pending resolution; 3) Influence of multilateral organizations in the management of higher education policy that impose challenging challenges; 4) Incidence of external factors on the management of higher education, such as the Covid 19 pandemic. It is concluded that the management of higher education policy faces great challenges that must be aimed at guaranteeing permanence, enrollment, coverage, access, and quality of education, in such a way as to guarantee the development of a solid higher education system that responds to the progress of the country.
Keywords: public management; higher education; college, Colombia
1. Introducción
Desde finales del siglo XX, se viene implementando una serie de reformas a los aparatos de Estado situando a los países del mundo ante una serie de disyuntivas tan cruciales que los obligan a repensar sobre sus sistemas más importantes como son el educativo, el de la salud, el político y el económico. Es así como distintos análisis se han llevado a cabo a nivel particular y a nivel global para concluir en algunos planteamientos que suponen cambios radicales de las políticas, y por ende la forma cómo se gestiona la política pública, sus estrategias, metas y programas.
La educación superior1 conlleva múltiples beneficios para el desarrollo de las personas y los países, por lo que la permanencia y el acceso a ella son, a nivel internacional, una de las políticas educacionales de mayor discusión en las últimas dos décadas. En Colombia, en los últimos años, el sistema de educación superior se ha visto fortalecido por la diversidad y el crecimiento institucional, para establecer políticas de permanencia, acceso/matriculación, cobertura, calidad, para contrarrestar la deserción escolar, y redundar en procesos de inclusión. El país ha avanzado mucho en facilitar el acceso a la educación superior, y tratar de mantener a los estudiantes en el sistema, actualmente hay un poco más de dos millones (2.448.2721) de colombianos afiliados al sistema, lo que representa aproximadamente el 3,93%. El nivel de acceso de estudiantes a este nivel de educación se ubicó en 53,94% para el 2021, representando un porcentaje de 2,3% (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior [SNIES], 2022).
La educación superior inclusiva debe garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes, por lo que contar con una educación incluyente y flexible debe estar orientada a atender los requerimientos de quienes logran acceder al sistema. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo general analizar la gestión de la educación superior pública en Colombia, en función de la realidad y los retos que debe enfrentar.
Se desarrolló una investigación cualitativa, caracterizada por poner énfasis en la narración (Pardo y Cedeño, 1997), este tipo de investigación intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales. Además de ello, la investigación ha sido de tipo documental y hemerobibliográfica, dado que los datos han sido extraídos de documentos relevantes que permitieron comprender el fenómeno objeto de estudio. La investigación se fundamentó en el método histórico hermenéutico, a partir del cual se hace interpretación de hechos reales de la realidad en un contexto concreto, como lo es la gestión de la educación superior.
2. Aportes sobre gestión, políticas públicas y educación superior
Hablar de gestión, pasa previamente por asumir postura en cuanto a lo que se entiende y asume como política pública [PP] en términos generales, al respecto Aguilar (2012: 29), señala que por política pública se entiende como una serie de acciones (secuencia, sistema, ciclo, espiral) intencionales y causales que se orientan a alcanzar objetivos considerados de valor para la sociedad y/o para resolver problemas de interés o beneficio público; son procedimientos deliberados que están dirigidos a:
a) Alcanzar objetivos para la sociedad o para resolver problemas cuya solución repercute en beneficios o ventaja general, y son acciones causales porque son apropiadas y efectivas para lograr esos objetivos o resolver problemas;
b) Conjunto de procedimientos deliberados y relaciones causales a través del tipo de ocurrencia continua entre el gobierno y las ramas civiles;
c) Conjunto de medidas tomadas por las autoridades legítimas y sus decisiones se hacen oficiales y legítimas;
d) Rutinas realizadas por actores gubernamentales, o vinculados a agentes sociales;
e) Prácticas que se constituyen en un modelo de comportamiento para el gobierno y la sociedad. Continua el autor afirmando que la peculiaridad de las políticas públicas es que incluyen una serie de procedimientos organizados, consistentes y sistemáticos que representan la forma estable y de largo plazo en que el gobierno realiza las funciones públicas (Aguilar, 2012: 29).
Además, Aguilar considera que la política pública, se constituye en un plan de acción específico, un plan limitado, dirigido al logro de metas relacionadas con la solución de problemas específicos y el mejoramiento de las condiciones de la vida social, cada una de las cuales tiene una meta diferente y tiene sus propias condiciones (Aguilar, 2012: 31).
Continúa planteando Aguilar (2012) que, durante la fase de implementación,
el análisis de las políticas públicas se convierte en el estudio de la organización y funcionamiento de la administración pública, incluyendo la evaluación de la estructura de gestión del organismo u organismos responsables de una asunto o materia determinada; es decir, al hablar del análisis de las políticas públicas se hace alusión a un proceso integral y cíclico de la política pública. Por ello, al platicar de gestión, pasa por entender el hecho de que en general son reconocidos primeramente como sinónimos en el idioma castellano, del mismo modo pueden ser usados sin una gran distinción cuando invocan un fenómeno administrativo en general, pero existe una tendencia que pretende diferenciarlos con base en criterios como la eficiencia.
La gestión pública hace posible la ejecución de las políticas definidas por los entes gubernamentales nacionales e internacionales, las cuales necesitan para su correcta implementación un sujeto activo; cuya misión principal es, gestionar el capital del Estado para solventar las necesidades sociales. Se trata de manejar recursos humanos y logísticas con el fin de cumplir los propósitos planificados por la política pública. Su alcance se somete a la asignación y manejo de los recursos; así como la planificación y organización de las entidades involucradas en la realización de los objetivos.
Fundamentado en los planteamientos de Aguilar, vale considerar la gestión de las políticas públicas dirigidas a mejorar la educación superior, dado que las mismas deben ser objetivas, factibles y realistas. Junto esto, tienen que insertarse de la mejor manera en los proyectos de Estado con el fin de servir a estos, siempre considerando que la mejor educación es tal porque humaniza la convivencia; por lo cual se hace necesario recuperar el sentido y perspectiva humanista de la educación, como la gran herramienta para un ser humano libre y autónomo, por naturaleza, creador e innovador; pero con el avance de la racionalización tecnológica y su penetración en las distintas esferas de la vida social, se cae en situaciones de dominación; y por ello, es necesario considerar que “…este tránsito de la sociedad digital a la sociedad compleja o del conocimiento, solo es posible en tanto se busque generar conocimientos y nuevas distinciones cognitivas, a partir de una actitud reflexiva hacia la realidad y organización de la sociedad local y global de la cual se forma parte” (Vega, Vega y Umanzor, 2022: 177-178).
Es así como educar significa habilitar para convivir junto a otros en función de los mejores Nosotros; las eficientes gestiones de Estado son capaces de estructurar las actividades considerando la humanización de las asociaciones humanas. Pues, en última instancia la educación es la estrategia predilecta capaz de lograr maneras justas de coexistencia.
La política pública “incluye un conjunto de decisiones interrelaciona adoptadas por un solo actor o grupo de actores políticos en relación con la determinación de fines y medios para su logro en el marco de una situación particular; son un conjunto de opciones colectivas interdependientes que se asocian a decisiones que adoptan los gobiernos y sus representantes” (Malagón, Rodríguez y Machado, 2019: 279).
Las desigualdades sociales son preocupación central de las políticas públicas educativas. Gluz et al, destaca que, a partir de la década del 90 del siglo pasado, las distancias sociales se agrandan, alejando las oportunidades que los diferentes estratos sociales pueden acceder, problema que se agrava en América Latina tras los ajustes económicos impulsados por el Banco Mundial como “Lucha contra la Pobreza” (Gluz et al, 2021).
3. Contexto de la Educación superior en América Latina y Colombia
Durante el siglo XIX, los países europeos materializaron procesos de modernización del aparato público educativo, basados en los ideales de educación universal, lo que la mayoría de los países de América Latina intentaron hacer suyos a lo largo del siglo XX. La dinámica que tomó el desarrollo en los países latinoamericanos en el siglo pasado configuró nuevos perfiles en el campo económico, político y social; y en este último de manera particular en la educación, cifrándose la esperanza en este medio como la posibilidad de inculcar valores ciudadanos acordes con la construcción de los Estados Nación. En los últimos años la educación superior, a nivel mundial, ha sido objeto de grandes transformaciones debido a diferentes factores, como han sido el aumento de la demanda educativa, la movilidad estudiantil, el incremento de la diversidad curricular que se ofrece, la dinámica de investigación, la tecnología; entre otros (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2022).
A este respecto, según cifras del UNESCO (2022), se demostró que “Cerca de 220 millones de estudiantes están matriculados en universidades de todo el mundo, una cifra que ha aumentado un 89 % en los últimos 15 años y que se prevé que aumente. Sin embargo, a pesar del auge de la demanda, la tasa general de matriculación es del 37 %, con grandes diferencias entre países y regiones. Más de 5,3 millones de estudiantes continúan sus estudios en el extranjero. Y entre los más de 82 millones de refugiados del mundo, solo el 5 % de los jóvenes elegibles están matriculados en la educación superior…” (UNESCO, 2022: 3).
No obstante, en los últimos años se desarrollan nuevas metodologías educativas que permiten formas mixtas de educación o exclusivamente a distancia a través de medios digitales. Estas son oportunidades para considerar con el fin de ofrecer formación oportuna ante las múltiples dificultades que enfrentan las sociedades actuales (Mato et al, 2018). Un importante problema para considerar es la distribución de la oferta formativa por área del conocimiento y los porcentajes correspondientes a los graduados en cada una de ellas (Mato et al, 2018)
En la mayoría de los países de América Latina, la educación se ha convertido en una cuestión clave, para la discusión de sus aportes en los procesos de transformación política, social y económica; con mayor incidencia desde los años noventa. Las universidades o instituciones de educación superior no escapan a estas reformas, en las cuales se han realizado esfuerzos con el fin de dar respuesta a las coyunturas políticas y administrativas en el sector educativo de cada país.
A inicios de la década de los noventa, la situación y las perspectivas de la educación superior en Colombia eran inciertas y ambiguas, porque las políticas estatales frente a la educación en este nivel estaban sujetas a intereses gubernamentales, que desconocían la realidad socioeconómica del país, los intereses de la población en cuanto al servicio educativo y las exigencias del mercado global. En esta época el sistema educativo se caracterizaba por contar con algunas falencias, basadas en exagerada presencia del Estado, restricciones de la autonomía del sistema, debilidades para decidir el tipo de programas, servicios y carreras que debían prestar las universidades, sus contenidos curriculares y también los aranceles y precios de matrículas y servicios ofrecidos; debido a esto se hizo necesario que el Ministerio de Educación Nacional presentara al Congreso de la República, una propuesta de Ley (Ley 115 de 1994-Ley de Educación) para que regulara los destinos del sector Educativo, sin menos cabo de los lineamentos establecidos en la constitución.
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación es una política de Estado y formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, y a la democracia” educativo (Asamblea Nacional Constituyente, 1991); asimismo, plantea que el Estado debe desarrollar habilidades, destrezas, valores, conocimientos y actitudes, necesarias para la formación ciudadana. “La educación será gratuita, pertinente y con calidad en las instituciones del Estado que presten el servicio público de educación… para garantizar el acceso a la permanencia; el Estado realizará programas, los cuales tendrán carácter permanente… y deberán regular la calidad y garantizar la cobertura, el acceso y la permanencia en el sistema educativo (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Art. 67).
La Ley 30 regula el servicio público de la Educación Superior, por lo que el Estado de conformidad con la Constitución Política, y con la ley garantiza la autonomía universitaria, y la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior (Congreso de Colombia, 1992, Art. 3).
La gestión de las políticas públicas de educación superior adquiere preeminencia en el proceso de deserción estudiantil de pregrado, lo cual está estrechamente vinculado a aspectos, tales como: Matricula, acceso, cobertura, calidad y equidad.
En los últimos años, el tema ha tomado un lugar importante en el debate público debido a tres razones: 1) No tiene sentido incrementar los niveles de matrícula si previo no se hace control de la deserción2 estudiantil en pregrado, por lo que los esfuerzos por aumentar la cobertura, la calidad y la equidad no generarían ningún tipo de impacto; 2) La deserción de los estudiantes ocasiona pérdidas financieras; 3) No se conoce a ciencia cierta las causas por las cuales se produce el proceso de deserción; 4) Ni cuales pudieran ser las políticas públicas más idóneas para disminuirla (Guzmán et al, 2009).
A través de los años ha aumentado el ingreso y la cobertura a nuevos estudiantes; sin embargo, no son muchos los que logran alcanzar el grado académico, por causa de la deserción por diferentes circunstancias, siendo la principal causa: El abandono de los estudios a lo largo de la carrera por desinterés, por falta de vocación, escasos recursos económicos, problemas familiares, institucionales, asuntos afectivos; entre otros.
La deserción debe ser contrarrestada; no sólo en Colombia, sino por los gobiernos de América Latina y el mundo, mediante estrategias de permanencia en la educación superior, ya que eso se traduce en un indicador de calidad que se relaciona con el cumplimiento de los logros de la cobertura, las metas de calidad, pertinencia y eficiencia educativa. “Con la búsqueda de la permanencia (se pretende) fortalecer el bienestar estudiantil y ofrecer en las instituciones educativas acciones y programas en las instituciones de educación superior con profesionales idóneos, que permitan mejorar el desarrollo armónico, físico, psicológicos y social de los estudiantes con el fin de estimular su permanencia en el sistema” (Melo, Ramos y Hernández, 2017).
Las políticas públicas e institucionales deben apuntar a garantizar la permanencia y a la graduación de los estudiantes, ya que estas son acciones que inducen y comprometen la política de cobertura y conlleva a fijar metas de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia. La calidad debe cubrir la formación docente, el currículo, los medios, las metodologías educativas e incluso la motivación de los estudiantes a graduarse; así mismo a la eficiencia educativa, puesto que la deserción conlleva a altos costos económicos, sociales que inciden de manera directa en las familias, a los estudiantes, instituciones y al Estado (Guzmán et al, 2009).
Atender con calidad, pertinencia, equidad y eficiencia implica que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión3 como un asunto de derechos y valores, es decir, implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que allanan el camino para una educación que reconozca los diferentes estilos y habilidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, la implementación de estrategia didácticas flexibles e innovadoras que allanan el camino para una educación que reconozca los diferentes estilos de aprendizaje y capacidades de los estudiantes y, por tanto, ofrezca otras alternativas para acceder al conocimiento y evaluar los diferentes niveles de competencia (UNESCO, 2007).
En estudios y años anteriores, la investigación educativa demuestra cómo los procesos de ampliación de la escolarización posibilitan la democratización de las sociedades en términos cuantitativos. Pero, junto a estas inclusiones destaca la segregación social como vinculaciones al hecho educativo; por supuesto, esto detiene los mejores resultados producto de la gestión pública. Implica considerar las oportunidades educativas que el Estado ofrece a los diferentes estratos sociales. Pues, deben brindarse las mejores disposiciones a todos los grupos humanos. Precisamente, organizar las estrategias capaces de disminuir las distancias sociales en favor de las convivencias humanas como muestra de justicia y equidad (Gluz et al, 2021).
Corresponde al Ministerio de Educación la responsabilidad de la prestación del servicio de educación terciaria o universitaria, apegado a los lineamientos exigidos por las organizaciones internacionales encargadas de regir la educación superior, y en las cuales están adscritos países de diferentes latitudes como es el caso de Colombia, y las cuales de manera directa o indirecta imponen retos en este nivel de educación.
4. Organizaciones Internacionales en Educación Superior: rol y retos
En los últimos años, diversas organizaciones internacionales4 han realizado recomendaciones para orientar los destinos en materia de educación superior a nivel mundial. En esta sección se esboza en términos generales el rol de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], Comisión Económica para América Latina [CEPAL], Banco Mundial [BM], Banco de Desarrollo Interamericano [BID], Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [IESALC], y Asociación Internacional de Universidades [AIU], a pesar que estos organismos tienen divergencias en el tema de la educación superior, cuentan con una visión sobre lo que debe ser la gestión de la educación superior en América Latina, por lo que la mayoría de ellos plantean algunos retos que deben enfrentarse, desde su lógica institucional.
4.1. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]
La UNESCO5 como organismo de alcance internacional, tiene como propósito coadyuvar al fortalecimiento de la paz, la seguridad a nivel mundial, la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural; todo esto a través de la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. En la actualidad dicha agencia cuenta con 193 Estados miembros y 6 Asociados (UNESCO, 2022). La UNESCO es la única agencia de las Naciones Unidas con una misión específica en el área de educación superior, su objetivo es trabajar con los países miembros para lograr que toda la población tenga las mismas oportunidades para integrarse al sistema educativo de nivel superior6; que la formación sea de calidad. También, busca disminuir considerablemente la deserción escolar, por lo que sus actividades se centran especialmente en los países en desarrollo (UNESCO, 2022).
La UNESCO ha apoyado a Colombia con la participación de expertos en la ejecución de proyectos nacionales; en el desarrollo de programas y proyectos regionales; y el intercambio de experiencias e información en temas como educación ambiental, educación en valores, educación para la paz, competencias ciudadanas, formación docente, alfabetización y otros dirigidos a la población con discapacidad y en desplazamiento. Además de ello, la Unesco tiene programas multinacionales como observatorios de estructuras educativas, foros de educación, redes, sistemas de información, estudios, institutos, centros, entre otros (Ministerio de Educación Nacional, 2022).
Por otro lado, la UNESCO considera que los países de la región; incluyendo a Colombia tienen amplios retos que debe enfrentar la Educación Superior, y que están asociados a procesos de gestión, entre los que resaltan: a) El desarrollo amplio de las relaciones laborales entre universidades como prestadora de la educación superior; b) Diversificar la oferta educativa y establecer mecanismos para responder a necesidades no tradicionales en las instituciones educativas; c) Crear nuevos patrones de educación región, adaptadas a las nuevas realidades impuestas por aspectos externos a ellas, como por ejemplo la pandemia del COVID 19; d) Mejorar la calidad para que las instituciones sean más pertinentes a la urgencia de los procesos de desarrollo; e) Desarrollo de la voluntad política para lograr la plena participación de las organizaciones en el ámbito internacional, con el propósito de constituir redes de conocimiento; f) Introducir mecanismos de evaluación que hagan más efectivas las instituciones; g) Lograr una mayor participación de la actividad académica en redes internacionales de producción de conocimiento, f) Fomentar la creación y difusión de innovaciones científicas y tecnológicas en la región (UNESCO, 1997).
Sin embargo, desde hace más de una década, la UNESCO comenzó a perder su importancia al dar prioridad a la adquisición de una educación adaptada a las necesidades del mundo actual y al pleno desarrollo de la educación superior; su papel dominante ha sido cedido por diferentes razones a organismos internacionales de carácter económico como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y a aparte de ello a la OCDE.
El BID, en conjunto con el Banco Mundial [BM], el Fondo Monetario Internacional [FMI] y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] están involucrados en las grandes orientaciones económicas, políticas y sociales, las cuales ejercen influencia en la política educativa en términos generales.
4.2. El Banco Mundial
El Banco Mundial [BM]7 es un organismo multilateral, que tiene como función esencial ser la principal fuente internacional de financiamiento y conocimiento para los países de vía de desarrollo. Su compromiso primordial está orientado a disminuir la pobreza y aumentar la prosperidad y promover el desarrollo sostenible (Banco Mundial, 2022).
Las preocupaciones del Banco Mundial en los últimos años en materia de Educación Superior se listan y están orientadas en que:
El Banco indujo reformas a la educación superior para garantizar su calidad y eficacia, mejorar el acceso con ampliación de cobertura y fortalecer el papel integral del sector privado en el financiamiento y la prestación del servicio educativo (Atehortúa, 2012:70), y tuvo amplia incidencia en la Educación Superior de Colombia, ya que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la contratación de la prestación del servicio educativo se convirtió en la vía expedita para vaciar al aparato del Estado de la obligación de financiar el sistema educativo, y trasladó esa función a las instituciones y a los particulares (Atehortúa, 2012).
Las estrategias que el Banco propuso aplicar pasaron por el incremento de la capacidad institucional y de políticas, el financiamiento de fórmulas para aumentar la cobertura, el aseguramiento de la calidad, los observatorios del mercado laboral y la oferta de créditos educacionales con subsidios focalizados en los sectores de población más pobre (Atehortúa, 2012:71). Las políticas y estrategias del Banco Mundial están definidas y estrechamente alineadas con propuestas en el Banco Interamericano de desarrollo.
4.3. Banco Interamericano de Desarrollo
El Banco fue creado a fines de la década de 1950, bajo un modelo de progreso con el objetivo común de contribuir al desarrollo económico y social individual y colectivo de los países en desarrollo que son miembros de la región (BID, 2022). Es una organización multilateral cuyas actividades están dirigidas hacia América Latina y el Caribe. El contexto histórico y sociopolítico del Banco se encuentra en un escenario global caracterizado por el liderazgo de los Estados y la imposición de comportamientos políticos y económicos de los Estados Unidos.
BID8 se erige como el organismo financiero bilateral o multilateral que mayores contribuciones ha realizado a la educación superior latinoamericana; se designa a sí mismo como el “Banco de la universidad” (Malo y Morley, 1995: 1). Por lo que financia programas de educación superior a nivel de investigación profesional, estudios de posgrado e investigación científica y tecnológica; 2. Programas de educación técnica y vocacional; 3. Programas educativos diseñados para brindar habilidades sociales y profesionales mínimas a jóvenes y adultos que no tengan acceso oportuno a la educación formal; 4. Programas destinados a integrar las principales formas de planes de estudio y métodos de enseñanza y la estructura, organización y funcionamiento de la educación, formal y no formal tanto en los niveles primario como secundario; 5. Programas para mejorar la eficiencia y equidad en la aplicación de los recursos dedicados al funcionamiento de la educación y a promover fuentes alternas de financiamiento (BID, 1997).
El BID busca en la educación superior contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilitar el acceso universal a la educación, y fortalecer la planificación, la organización, la administración y métodos de enseñanza, así como apoyar la reforma del sistema educativo nacional. Su política rectora es promover una mayor integración de las actividades educativas y las estrategias nacionales de desarrollo en América latina (BID, s/a: 2).
Entre los principales retos, el organismo pone fuerte énfasis en el fortalecimiento de los estudios de posgrado, pero, sobre todo, en el impulso de la ciencia y la tecnología en la región en términos generales, y en términos particulares en Colombia. El BID considera que una forma de potenciar el crecimiento económico de Latinoamérica consiste en aplicar educación e investigación universitarias de “calidad” a las “necesidades específicas de los países que la conforman, y Colombia no es la excepción (BID, s/a: 7).
Cuatro aspectos resaltan de la relación del BID, y que el BM adopta con Colombia en el tema de la educación superior: 1. Financiar la educación basada en habilidades inspirada en la competitividad y el desempeño, para aumentar la cobertura en áreas de interés y disciplinas manufactureras que tienen un impacto directo en el mercado laboral; 2. Establecer un mecanismo para asegurar que el sistema sea económicamente modificado y monitoreado a través de la autoevaluación y acreditación y el desarrollo de estándares de “indicadores de calidad”; 3. Establecer observatorios del mercado laboral proporcionados por instituciones públicas y privadas de acuerdo con planes efectivos; 4. Préstamos educativos para apoyar las necesidades y promover la participación del sector privado en la educación (Atehortúa, 2012:71).
4.4. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE]
Es una organización que nació con el fin de promover políticas que contribuyan a mejorar el bienestar económico y social de las personas y de los países. La incorporación de Colombia a la OCDE da sus primeros pasos de adhesión en el 2013, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, pero su apego definitivo se materializa cinco años después 2018, bajo el gobierno de Iván Duque, con ello Colombia se convierte en el país número 379 en ingresar a la organización. La incorporación de Colombia a la OCDE ha traído un conjunto de beneficios, entre los cuales destacan: la posibilidad de mejorar sus políticas públicas; generar una mayor confianza en la economía nacional; mejorar la inversión extranjera; y, generar un mayor posicionamiento a nivel internacional.
La adhesión de Colombia busca “…reafirma su compromiso de unir a las naciones en sus esfuerzos por lograr los más altos estándares en políticas públicas globales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos” (Naser, Ramírez-Alujas y Rosales, 2017).
La OCDE realizó un reconocimiento a Colombia, por los avances alcanzados en materia de educación a distancia a nivel de la educación superior, dada la continuidad de procesos académicos, de investigación, administrativos y de extensión mediante la utilización de recursos tecnológicos, lo cual se logró dada la virtualidad a nivel de la Educación Superior (OCDE, 2022), en virtud de la pandemia del COVID 19.
Conforme al contenido del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas [PIDESC], la educación es un medio para garantizar “el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales” (ONU,1976). A su vez, se trata de un derecho que los Estados se han comprometido a garantiza progresivamente de manera gratuita, y en el cual se encuentra Colombia; sin embargo, la gratuidad per se es una materia pendiente.
Sin embargo, la OCDE en las revisiones realizadas sobre las políticas nacionales de educación universitaria, estableció que son muchos los retos a enfrentar por el Estado colombiano, pero entre los más destacados se encuentra que la mitad de los estudiantes de cada cohorte abandona los estudios por diversas razones (mala elección de la carrera, poco apoyo para redimir los conocimientos y habilidades; entre otros); amplias brechas socioeconómicas, lo que hace que sólo la población con mayores recursos tengan más opciones de ingreso a la educación superior que los de menores recursos; pocas instituciones han alcanzado la calificación de Alta Calidad; la asignación de recursos públicos no promueve la eficiencia, calidad, igualdad y objetivos de excelencia (OCDE, 2016: 13).
4.5. Asociación Internacional de Universidades
La Asociación Internacional de Universidades [AIU], fue creada en 1950 con el apoyo de la UNESCO, es la principal asociación de carácter mundial que se encarga de las diversas instituciones y organizaciones de educación superior, está conformada por 120 países, para un total de 600 miembros, entre instituciones, organizaciones, asociaciones afiliadas, de las cuales 557 son instituciones de educación superior (IESALC, 2020; AIU, 2022), los cuales son convocados para organizar y ejecutar planes relativos a las prioridades que comparten. Colombia es miembro con tres instituciones de educación superior, a saber, La Universidad Antonio Nariño; Universidad Corporativa del Meta; y, la Universidad de Boyacá (AIU, 2022).
La AUI se constituye en una organización autónoma y no gubernamental, cuyo mandato es la vocería referente a la educación superior ante la UNESCO y ante otras organizaciones internacionales. Tiene como principal objetivo desarrollar la base de datos empíricos para lograr la mejora en la formulación de políticas y estrategias en el área de educación superior (IESALC, 2020). Además, provee un foro mundial para los dirigentes de instituciones y asociaciones. Sus servicios son de índole prioritarios, y se encuentran a las órdenes de los países miembros; así como de las organizaciones, instituciones, autoridades, especialistas, administradores, profesorado, investigadores y los estudiantes que en sus espacios confluye (IESALC, 2020). Esta Asociación está a disposición de los organismos encargados de diseñar las políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito de la educación superior.
Es de resaltar que la asociación coordina estrategias que coadyuven la eficacia e igualdad de oportunidades en la educación superior, para lo cual debe desarrollar diversas actividades mancomunadas tanto para América Latina como a nivel mundial (CEPAL, 2020). Además, se avoca a la publicación de informes regionales resultantes de las encuestas mundiales, con lo cual se busca promover la disponibilidad de datos en áreas que son de gran relevancia en materia de educación superior, con el fin de contribuir a lograr el desarrollo sostenible, su digitalización e internacionalización; enfrentando los restos socioculturales planteados por el Covid-19 en la sociedad contemporánea (CEPAL, 2020).
4.6. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
El IESALC, es un instituto fundado por la Conferencia General de la UNESCO en 1997, el cual sustituyó al Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [CRESALC], el cual fue creado en 1974. El IESALC se constituye en el único instituto especializado en el área de educación superior del sistema de las Naciones Unidas. Tiene la función de fomentar el diseño y desarrollo de estrategias que permitan obtener el progreso de la educación superior de los Estados miembros; así como el diseño de sus cronogramas de trabajo y presupuestos, los cuales son aprobados por la Conferencia General de la UNESCO (IESALC, 2020: 4).
El Instituto se encuentra establecido en Caracas (Venezuela) desde su fundación; está administrado por un Consejo de Gobierno cuyos integrantes son seleccionados por el director general de la UNESCO.
Las prioridades del Instituto para el periodo 2020-2021, fueron seleccionadas a partir de las necesidades y expectativas que emanan del papel de liderazgo que la UNESCO ejerce en el desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, (educación con calidad) de los lineamientos y recomendaciones de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2019), cuatro temas trasversales han sido priorizados por el instituto para el periodo 2020-2021 en el contexto de la pandemia del COVID 19, entre ellos se encuentran, de manera textual:
Es de resaltar que el IESALC, es el programa con mayor influencia en materia de educación universitaria, desarrolla un conjunto de actividades para apoyar y fortalecer las actividades de las instituciones de educación superior, para ello se despliegan cuatro programas, como lo son: Investigación; Desarrollo de capacidades de los sistemas de educación de los países miembros; Cooperación Técnica y Abogacía Consorciada.
La pandemia generada por el Covid-19 acelera la migración de estrategias sustentadas en la presencialidad a modelos mixtos al incorporar la interacción a través de medios digitales. El IESALC en el 2020, presenta el instrumento llamado: Covid-19 y Educación Superior: De los Efectos Inmediatos al Día Después. Análisis de Impactos, Respuesta y Recomendaciones, en el cual analiza cómo repercute la pandemia en los representantes del sistema educativo a nivel superior. Asimismo, considera las políticas públicas a ejecutar y las objeciones institucionales ante el contexto pandémico (Miguel, 2020). Este trabajo resalta la influencia de la pandemia del Covid 19 en las IES, en el cual se apoya la suspensión de las actividades académicas y el cierre de las casas de estudio, lo cual conduce a transformaciones sustanciales en la educación superior, pasando de lo presencial a lo virtual.
El documento subraya los cambios que produce la interrupción provisional de las actividades educativas presenciales en las instituciones de educación superior; como, por ejemplo, la interrupción de la continuidad, la ansiedad ante la crisis, aunado a la inseguridad ocasionada por el pago de las colegiaturas. Este último es un aspecto álgido; pues, los estudiantes alegan que el pago de la matrícula se distancia de la calidad de estudio que recibe. Hay quienes exigen el reembolso de parte del monto cancelado (IESALC, 2020).
Por otro lado, preocupa al docente el incumplimiento del plan de estudio. Al descontinuar la presencialidad como estrategia pedagógica se corta los diseños curriculares articulados en este haber. Entonces, se impone el empleo de recursos tecnológicos a poblaciones que carecen de los recursos técnicos y cognitivos para operar correctamente en estos espacios; invariablemente, lesiona la eficiencia educativa. Por tanto, el documento hace énfasis en la necesidad de la oportuna conectividad como fortaleza de las mejores acciones educativas (Román, 2020).
Debe considerarse que los entes encargados de tutelar los sistemas de educación superior en América Latina y el Caribe comunican las directrices necesarias a ejecutar, tomando en cuenta las estrategias sanitarias instituidas en cada país. A su vez, debe atenderse las recomendaciones suministradas por la Organización Mundial de la Salud [OMS] para minimizar el impacto del Coronavirus. La información susceptible de generar planes educativos acertados considera el número de estudiantes afectados por la infección; este dato amerita monitoreo y actualización constante.
Es así como la calidad del servicio junto a disposiciones inclusivas, hacen posible la educación en cuanto estrategia válida para concretar los derechos humanos fundamentales, así se da el respeto de La Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en el artículo 26.1, que “El acceso a la educación superior será igual para todos, sobre la base de iguales méritos”; en tal sentido, garantizar el acceso equitativo a la educación superior es uno de los temas y preocupaciones fundamentales de una sociedad que se encuentra cada vez más globalizada (UNESCO, 2004: 17), para ello se requiere atender correctamente las crisis sociales contemporáneas, limitantes que se deben justamente a formas ineficientes de educación.
A pesar de la diversidad de organizaciones, instituciones, corporaciones existentes que trazan las directrices sobre la educación superior, se considera que una de las acciones más importante que se debe asumir es la coordinación interinstitucional entre todas ellas, de tal manera que permita materializar el compromiso que tienen con el desarrollo de la educación superior.
5. Conclusión
El tema educativo en general y el de la educación superior en particular, son de una enorme complejidad y de un gran dinamismo. Mucho se ha debatido y discutido, innumerables documentos se han producido, numerosos organismos están comprometidos, pero el tema no está agotado y en el día a día surgen nuevas exigencias conceptuales, metodológicas, contextuales y gerenciales.
Los sistemas educación superior latinoamericano son diversos, con muchas instituciones diferentes, que se distinguen por su tamaño, tipo de gobierno, administración y financiamiento. La pluralidad que denota el sistema educativo en Latinoamérica debe ofrecer posibilidades diferenciadas de acceso y desarrollo a un mayor número de estudiantes, pertinencia y flexibilidad ante los requerimientos complejos y dinámicos.
La educación es uno de los problemas sociales que hace parte de la agenda de las políticas públicas de los Estados en América Latina, siendo influenciadas por las orientaciones de los organismos internacionales; sin embargo, una serie de factores hacen que la política no se cumpla a cabalidad, develando problemas en su administración, afectando el incremento de la matrícula, el acceso, la cobertura, la calidad y la permanencia.
La educación superior colombiana, enfrenta una serie de controversias, dado que las políticas públicas (matricula, el acceso, la cobertura, la calidad y la permanencia) que la rigen no tienen un carácter neutro respecto de los intereses que confrontan en la sociedad; además de ello son reflejo de una postura ideológica, una concepción de sociedad, de economía y de Estado, que inciden de manera directa en los objetivos que debe perseguir la política en su gestión, por lo que tiene implícito una serie de retos que debe enfrentar, no solo desde la sugerencia de los organismos internacionales; incluso los multilaterales, sino desde la propia lógica estructural del Estado colombiano. En estos tiempos, la contingencia del COVID-19 generó el gran desafío de atender las necesidades educativas desde el escenario de la virtualidad, la cual llegó para quedarse; pero no para sustituir la asistencia presencial en el campus universitario.
En fin, el Estado colombiano tiene grandes deudas estructurales que imponen retos desafiantes, los cuales deben ser resueltos en el devenir de los años siguientes, con el propósito de lograr una gestión de la educación que alcance de manera efectiva y contundente la garantía de la política de permanencia estudiantil con procesos y políticas de calidad, acceso y cobertura.
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