Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. Especial 12, 2024, 990-1008
julio-diciembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Mejia, L., Jiménez, M., y Celedón, M. D. L. M. (2024). Gestión de políticas públicas para la educación familiar en Colombia. Revista Venezolana De Gerencia, 29(Especial 12), 990-1008. https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e12.8
Gestión de políticas públicas para la educación familiar en Colombia
Mejia González, Loreley*
Jiménez Cárdenas, Meredith**
Celedón Castro, Maria De Las Mercedes***
Resumen
La educación familiar tiene un rol crucial en el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. La investigación se centra en examinar las políticas públicas en Colombia para la educación familiar, reconociendo la influencia de la familia en la educación integral de los niños y adolescentes. Se utilizó una metodología cualitativa, hermenéutica y documental, analizando documentos jurídicos y contemporáneos para comprender las directrices gubernamentales como planes y programas relevantes en Colombia. Los resultados dan cuenta que: 1) Las estructuras familiares en Colombia han evolucionado, y las políticas públicas se adaptan para ofrecer apoyo integral. 2) Programas como Escuela para Padres, Red Unidos y la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia muestran un compromiso del Estado para involucrar a las familias en la educación de sus hijos, fortaleciendo la alianza familia-escuela para mejorar la calidad educativa. 3) La gestión de políticas públicas para la educación familiar es vital para el desarrollo integral de los menores en Colombia. Se concluye que estas políticas, sostenidas por marcos normativos sólidos y programas específicos, promueven una educación integral y aseguran un futuro prometedor para las nuevas generaciones.
Palabras clave: Gestión; políticas públicas; educación familiar; sociedad.
Recibido: 12.04.24 Aceptado: 15.07.24
* Estudiante del Doctorado de Estudios de Familia. Universidad de Caldas. Colombia. Magister en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Trabajador social, Universidad de la Guajira, Colombia. Docente investigador de la Universidad de la Guajira. Colombia. Email: lpmejia@uniguajira.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-7553-4483
** Especialista en gerencia de instituciones educativas, magíster en educación con énfasis en cognición, Universidad del Norte Barranquilla, Licenciada en pedagogía infantil, Docente investigadora, Directora del grupo de investigación Creciendo Universidad de la Universidad de la Guajira. Email: meredith@uniguajira.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7894-420X
*** Magister Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos, Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela; Trabajadora Social, Universidad de la Guajira, Colombia. Docente ocasional de la Universidad de la Guajira. Colombia. Email: mceledon@uniguajira.edu.co ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1176-0818
Management of public policies for family education in Colombia
Abstract
Family education plays a crucial role in the development of a just and equitable society. The research focuses on examining public policies in Colombia for family education, recognizing the influence of the family on the comprehensive education of children and adolescents. A qualitative, hermeneutic and documentary methodology was used, analyzing legal and contemporary documents to understand government guidelines as relevant plans and programs in Colombia. The results show that: 1) Family structures in Colombia have evolved, and public policies are adapted to offer comprehensive support. 2) Programs such as School for Parents, Red Unidos and the National Strategy for Comprehensive Early Childhood Care show a commitment by the State to involve families in the education of their children, strengthening the family-school alliance to improve educational quality. 3) The management of public policies for family education is vital for the comprehensive development of minors in Colombia. It is concluded that these policies, supported by solid regulatory frameworks and specific programs, promote comprehensive education and ensure a promising future for new generations.
Keywords: Management; public policies; family education; society.
1. Introducción
La familia es la primera institución social a la que se enfrentan los menores y es el primer agente socializador, y es en este contexto donde se establecen las bases para el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que son fundamentales para el bienestar de los menores, por lo que la educación familiar es un proceso continuo que se da en todo momento y lugar, y es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa.
En la actualidad, se observa un enfoque progresivo en la formulación e implementación de estrategias que reconocen a la familia como un pilar fundamental en el desarrollo educativo de los niños y adolescentes. Estas políticas buscan no solo mejorar la calidad de la educación, sino también fortalecer los lazos familiares, promover la participación de padres en el proceso educativo, y garantizar entornos equitativos y seguros para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.
En el contexto colombiano, las estructuras familiares han evolucionado con los cambios sociales, adoptando nuevas formas, dinámicas y roles. La concepción de la familia ya no se limita a ser un ente cerrado y exclusivamente privado, sino que se reconoce como un espacio influenciado por múltiples factores. Ante esta realidad, es crucial que tanto la sociedad en su conjunto como las entidades gubernamentales, a través de políticas públicas, brinden apoyo y formación a las familias en diversas áreas de su vida (Páez, 2018). En este contexto, resulta imperativo abordar la educación familiar desde una perspectiva integral que contemple las diversas formas y dinámicas actuales. Las políticas públicas deben adaptarse y evolucionar para ofrecer un apoyo adecuado y efectivo, garantizando que las familias cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos contemporáneos.
Por lo anteriormente planteado, se destaca la relevancia de analizar la gestión de políticas públicas para la educación familiar en Colombia. La investigación se centra en examinar las políticas públicas en Colombia para la educación familiar, reconociendo la influencia de la familia en la educación integral de los niños y adolescentes. Este trabajo se desarrolla bajo una investigación cualitativa, hermenéutica y documental que aborda de manera integral el tema en cuestión. En este sentido, se lleva a cabo la interpretación de una serie de documentos jurídicos y contemporáneos, que reflejan los lineamientos gubernamentales y legales en la materia.
2. Gestión de políticas públicas para la educación familiar. Aproximaciones conceptuales
La interacción entre la gestión pública y las políticas públicas desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de cualquier sistema gubernamental. Sin embargo, es necesario hacer una diferenciación entre ambos aspectos desde el punto de vista de la definición conceptual, así como del concepto de la educación familiar.
a) Gestión pública y políticas públicas: conceptos, naturaleza y alcance
La gestión pública se refiere a la manera en que se llevan a cabo las actividades y procesos administrativos dentro de una organización pública. La misma implica la planificación, organización, coordinación, ejecución y control de recursos y actividades para lograr los objetivos y metas establecidos por una entidad gubernamental. En este sentido, la gestión es la implementación de la política pública e implica la toma de decisiones, la prestación de servicios a la ciudadanía, el control interno, externo, y la administración eficiente de recursos humanos, financieros y materiales, asegurando que las políticas se traduzcan en acciones concretas que impacten positivamente en la sociedad (Kelly, 2003).
Las políticas públicas, por su parte, son un conjunto de acciones y decisiones que el Estado fórmula y ejecuta para resolver problemas sociales, satisfacer necesidades colectivas o promover el bienestar general. Estas políticas pueden abarcar diversas áreas y se desarrollan con la participación de diferentes actores (Aguilar, 1996; Lindblom, 1978; Subirats, 1989).
La gestión pública, por su naturaleza, se refiere a los procesos y actividades internas de la administración gubernamental. Su alcance es más operativo y de corto plazo, con el propósito de llevar a cabo las políticas y decisiones del gobierno de manera eficiente y efectiva (Aguilar, 1996; Lindblom, 1978; Subirats, 1989).
Por otro lado, las políticas públicas son decisiones y acciones del Estado orientadas hacia la resolución de problemas sociales o el logro de objetivos de interés público. Su naturaleza es más estratégica, y su alcance puede ser a largo plazo, llegando a trascender los periodos gubernamentales y convertirse en políticas de Estado (Lindblom, 1978; Aguilar, 1996; Subirats, 1989 (Cuadro 1). Asimismo, las políticas, respaldadas por consensos sociales amplios, pueden involucrar la creación, modificación o eliminación de leyes, programas y acciones gubernamentales que impactan diversas áreas sociales, económicas, políticas o ambientales.
Cuadro 1
Enfoque y alcance de la gestión pública y política pública
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Aspecto |
Gestión Pública |
Política Pública |
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Enfoque |
Ejecución y administración de recursos para llevar a cabo las decisiones y acciones gubernamentales. |
Formulación y adopción de decisiones y acciones orientadas a abordar problemas sociales, económicos o políticos. |
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Alcance temporal |
Operativo y a corto plazo. |
Estratégico y a largo plazo. |
Fuente: Elaboración propia a partir de Lindblom (1978); Aguilar (1996); Subirats (1989) Kelly (2003).
Como es de observar, mientras que la gestión pública se refiere a la administración y ejecución de las políticas establecidas, las políticas públicas representan las decisiones y acciones planificadas por el gobierno para abordar problemas específicos en la sociedad.
b). Educación familiar: definición conceptual
El concepto de educación familiar ha sido de uso más reciente, y ha comenzado a ganar espacio en los asuntos de la política pública. El mismo se refiere al proceso mediante el cual los miembros de una familia1 influyen en el desarrollo cognitivo, emocional, social y moral de sus hijos o de otros miembros de la familia a través de la transmisión de conocimientos, valores, normas y habilidades. Es un proceso fundamental en la formación de los individuos, ya que complementa y enriquece la educación formal recibida en instituciones educativas. (Runte-Geidel, 2015; Quintana et al., 1993).
Autores como Bernal (2012), conceptualizan la educación familiar como aquellos procesos de formación que se desarrollan en la familia, en la escuela y por parte de diferentes profesionales que buscan fortalecer la vida familiar, y alude a la existencia de tres modalidades de educación familiar:
La primera modalidad hace referencia a una “educación que se desprende desde la vida familiar, considerando a la familia como un ámbito en el que se produce educación” (Bernal, 2013: 17). Un ejemplo lo constituye la Escuela para Padres, este programa se imparte desde las escuelas, ofrece talleres y actividades para padres, madres y cuidadores con el objetivo de empoderarlos en su rol como principales educadores de sus hijos o de los niños, niñas o adolescentes bajo su responsabilidad (en el caso de los cuidadores o tutores).
La segunda modalidad es “la educación dirigida a potenciar la vida familiar, esta es comprendida como la actividad de diversos profesionales que enseñan a los miembros de una familia a impulsar su propia vida familiar” (Bernal, 2013: 17). Un ejemplo específico de educación dirigida a potenciar la vida familiar en Colombia es el programa Familias en Acción implementado por el Gobierno Nacional a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Este programa tiene como objetivo principal brindar apoyo a familias en situación de pobreza extrema mediante transferencias monetarias condicionadas, pero también ofrece componentes de educación y acompañamiento familiar.
Y la tercera modalidad es la “educación para la intervención social en las familias, se trata de un modo de intervención sustitutiva o compensatoria, en la que algunos profesionales hacen las veces de los padres y educan a los niños y jóvenes” (Bernal, 2013: 25), un ejemplo de ello lo constituyen los niños, niñas y adolescentes internos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar2 (ICBF), que se encarga del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (ICBF, 2014).
Las modalidades planteadas permiten develar un enfoque integral que reconoce a la familia como el primer y principal espacio de educación para los individuos. Se fundamenta en la idea de que la vida familiar es un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo, donde los padres, madres y cuidadores desempeñan un papel fundamental como guías y facilitadores del crecimiento de sus hijos o protegido, por lo que la educación familiar juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los individuos y contribuye de manera significativa a su socialización y formación como miembros de la sociedad.
En Colombia, estas modalidades cobran especial relevancia dentro del marco de las políticas públicas, donde se busca fortalecer y respaldar el rol educativo de las familias a través de un sólido plano legal.
3. Políticas públicas para fortalecer la Educación Familiar
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, la gestión de políticas públicas destinadas a fortalecer la educación familiar en Colombia, emerge como pilar en la construcción de un entorno educativo inclusivo y de calidad para las generaciones futuras, la misma se encuentra soportada por un conjunto de leyes y planes que revelan la interconexión estratégica entre la normativa educativa y la promoción activa de una educación familiar sólida y participativa, contribuyendo así al tejido social y al progreso sostenible del país (Ministerio de Educación, 2022).
a) Lineamientos internacionales, leyes y planes estratégicos
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, establece los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes (ONU, 1989). Al respecto, la Convención no es más que un tratado internacional que establece los derechos y las obligaciones de los Estados para garantizar la protección y bienestar de los niños y las niñas en una educación que les permita desarrollar plenamente su personalidad, talentos y capacidades mentales y físicas. Además, la convención establece que los Estados deben tomar medidas para asegurar que los padres y las madres tengan acceso a información y orientación apropiadas para el desempeño de sus responsabilidades en cuanto a la educación y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes (ONU, 1989).
Acogiendo los lineamientos de la convención internacional de los derechos humanos, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 de Colombia, estableció en la Constitución Política, en su título 2, de los derechos, las garantías y los deberes, específicamente en su capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales, art. 67, que la educación es un derecho fundamental del individuo y un servicio público con una función social esencial. Su objetivo es facilitar el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y los demás recursos y valores culturales.
Asimismo, el art. 67 señala que la formación educativa en Colombia abarcará el fomento del respeto a los derechos humanos, la promoción de la paz y la democracia, así como la enseñanza de habilidades en el trabajo y la recreación, con el propósito de promover avances culturales, científicos y tecnológicos, y preservar el medio ambiente. El Estado, la sociedad y la familia comparten la responsabilidad de la educación, la cual será obligatoria para niños entre cinco y quince años, abarcando al menos un año de preescolar y nueve años de educación básica.
Las instituciones educativas públicas proporcionarán educación sin costo, aunque podrán cobrar derechos académicos a aquellos que tengan la capacidad económica para pagarlos (Constitución Política de Colombia de 1991). En este sentido, corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; y, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio; y, asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo colombiano.
Para ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, se aprueba en 1994 la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación, la cual establece las normas para regular el servicio público de educación, el cual cumple una función social en consonancia con las necesidades e intereses de los individuos, las familias y la sociedad (Ley 115 de 1994). Esta ley define la educación como un proceso de formación continuo, tanto personal como cultural y social, basado en una visión integral del ser humano, su dignidad, sus derechos y sus obligaciones. Además, establece que la educación es un derecho fundamental de cada persona y un servicio público con una función social esencial (Ley 115 de 1994.).
Es importante destacar, que la Ley de Educación, no solo establece las bases legales para la regulación del servicio público de la educación, sino que también consagra la educación como un proceso esencial, arraigado en una visión integral del individuo, su dignidad y sus derechos. Al reconocer la educación como un derecho fundamental y un servicio público de carácter social, esta ley reafirma la obligatoriedad de la educación básica y preescolar, subrayando su importancia como cimiento fundamental en la formación de los ciudadanos colombianos (Ley 115 de 1994).
Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006, tiene como objetivo asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse plenamente y de manera armoniosa dentro de su familia y comunidad, en un entorno de felicidad, amor y comprensión. Este código establece tanto normas sustantivas como procesales para la protección integral de sus derechos y libertades, tal como se consagran en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Política y las leyes. Además, subraya que la responsabilidad de garantizar y proteger estos derechos recae en la familia, la sociedad y el Estado (Congreso de Colombia, 2006). El código se erige como un baluarte para asegurar el desarrollo pleno y armónico de los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares y comunitarios que fomenten la felicidad, el amor y la comprensión.
Otra normativa vinculada al tema en cuestión es la Ley 1361 de 2009, la cual regula el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y establece disposiciones para la protección integral de la primera infancia. Asimismo, reconoce y protege los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la educación, la alimentación, la recreación, entre otros (Ley 1361 de 2009). La ley establece estrategias para la prevención y atención integral de situaciones que afecten el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la prevención de la violencia, el maltrato, la explotación y el abuso. Asimismo, promueve la coordinación intersectorial entre diferentes entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes, con el fin de garantizar la implementación efectiva de las políticas, programas y servicios dirigidos a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. (Congreso de la República de Colombia, 2009).
Por otro lado, la Ley 1620 de 2013 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, aborda la participación de las familias en los procesos educativos y su papel en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley reconoce y promueve la participación de las familias en la formación integral de los estudiantes, establece que las familias deben ser informadas y consultadas sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos (Ministerio de Educación Nacional, 2013).
Asimismo, la Ley 1804 de 2016, reconoce la importancia de garantizar la protección integral de los derechos de la primera infancia, entendida como el período que va desde el nacimiento hasta los 5 años. Esta ley establece que el Estado, la sociedad y la familia tienen la responsabilidad compartida de garantizar el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas durante esta etapa crucial (Ley 1804 de 2016).
La ley enfatiza la importancia de garantizar los derechos fundamentales de la infancia, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la educación, la alimentación, la recreación, entre otros, y reconoce que los niños y niñas son sujetos de derechos y deben ser protegidos de manera prioritaria, por lo que la familia, la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad compartida de garantizar la protección integral de los derechos de los niños y niñas, por lo que enfatiza en la importancia de promover entornos familiares, comunitarios y sociales seguros, saludables y propicios para su desarrollo integral (Ministerio de Educación Nacional, 2016).
Para fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), se aprueba de manera general la Ley 1804 de 2016, la cual promueve un conjunto de políticas, estrategias, programas y servicios dirigidos a garantizar la protección integral de la infancia, la adolescencia y la familia en Colombia, estableciendo lineamientos para su organización, coordinación, financiamiento y evaluación.
Y de manera particular se aprueba la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias (PPNAFF), la cual responde al mandato de la Ley de Protección Integral a la Familia (Ley 1361 de 2009, modificada por la Ley 1857 de 2017), la cual fue formulada de manera intersectorial por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2016) junto con entidades de carácter público y privado, tanto a nivel central como territorial.
El Consejo Nacional de Política Social aprobó esta política, cuyo objetivo ha sido fortalecer las familias como sujetos colectivos y agentes de transformación social. (Ministerio de Educación, 2016). Entre algunos de los ejes de la política destacan: a) El reconocimiento y garantía de derechos, ya que la PPNAFF busca priorizar el reconocimiento y la garantía de los derechos de las familias a nivel nacional y territorial; b) Armonización de políticas económicas y sociales: Se coordina con otras políticas públicas para asegurar el ejercicio de los derechos de las familias; y, c) Inclusión social y productiva: Se trabaja en conjunto con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para promover la inclusión social y productiva de las familias, considerando la diversidad y pluralidad.(Ministerio de Educación, 2016).
Aparte del conjunto de leyes, existen otra serie de documentos que delinean la política de educación familiar, y estos son los planes estratégicos.
En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia, denominado Colombia, potencia mundial de la vida, establece varias estrategias vinculadas con la educación familiar, enfocándose en fortalecer la atención integral a la primera infancia, mejorar la calidad educativa y garantizar el acceso equitativo.
Entre sus principales iniciativas destacan, la ampliación de la cobertura de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, que involucra no solo a las instituciones educativas, sino también a las familias como actores clave en el desarrollo temprano de los niños; Promoción de la equidad territorial en el acceso a la educación, garantizando que las familias, especialmente en zonas rurales y vulnerables, tengan acceso a recursos y servicios educativos que fortalezcan su rol en el proceso formativo; y, la educación socioemocional y antirracista, que incluye el trabajo con las familias para formar valores de convivencia, reconciliación y respeto a la diversidad, fomentando un entorno educativo más inclusivo y respetuoso desde los hogares (Ministerio de Educación, 2023). Estas acciones buscan reforzar el papel de la familia en la educación de los niños y adolescentes, reconociendo la importancia de un enfoque integral que abarque tanto la formación académica como el desarrollo emocional y social.
En él años en curso (2024) el Ministerio de Educación Nacional aprobó el Decreto 4593, el cual tiene como objetivo fortalecer la alianza familia-escuela para promover la formación integral de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles educativos. Esta iniciativa está alineada con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que busca potenciar el rol de la familia como sujeto de derechos y crear entornos seguros y protectores.
La Alianza tiene como objetivo mejorar el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes desde la educación inicial hasta la media. Para ello, propone llevar a cabo diversas actividades a lo largo del año escolar para identificar las características de las familias, priorizar sus necesidades, establecer planes de acción y evaluar los resultados. Se destaca la importancia de implementar y/o dar continuidad a la escuela para padres en los colegios, creando espacios de participación que apoyen a las familias en su papel de protectoras de los derechos de los estudiantes. (Fundación Convivencia, 2024).
Por otro lado, para el período 2016-2026, se aprueba el Plan Nacional Decenal de Educación, el cual se constituye en la política pública, que se configura como un mecanismo singular de consulta, donde la educación se transforma en una responsabilidad compartida por todos los colombianos, posicionándose como uno de los temas más destacados en la agenda pública (Ministerio de Educación, 2017). El mismo tiene como objetivo general aportar al mejoramiento de la calidad de la educación de carácter nacional, regional y local, y representa una hoja de ruta que establece los lineamientos estratégicos para el progreso educativo en Colombia durante la próxima década. Asimismo, establece las directrices y estrategias para fortalecer la institución familiar en Colombia e incluye acciones relacionadas con la promoción de la educación y la formación integral de las familias (Departamento Nacional de Planeación, 2019).
Como es de observar, luego de revisar el marco legal y las políticas públicas que regulan la educación familiar en Colombia, queda en evidencia la complejidad y la interconexión estratégica entre la normativa educativa y la promoción activa de una educación familiar sólida y participativa. Las leyes y planes no solo establecen derechos fundamentales y obligaciones para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares y escolares seguros, sino que también promueven la inclusión social y la equidad mediante el acceso igualitario a oportunidades educativas de calidad.
En este contexto, es crucial abordar cómo se implementan concretamente estas políticas en la práctica. El próximo punto explora las iniciativas específicas y algunos de los programas dirigidos a fortalecer la participación de las familias en la educación de los niños, niñas y adolescentes, así como las estrategias para mejorar la calidad y pertinencia de la formación integral ofrecida en las instituciones educativas colombianas.
4. Programas de educación familiar en Colombia
Colombia cuenta con una serie programas que tienen como objetivo promover la educación familiar y fortalecer el rol de los padres en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entre algunos de ellos, pueden resaltarse:
4.1. Escuela para padres
En Colombia, la escuela para padres se originó a partir de iniciativas de grupos religiosos, destacándose especialmente la del Hermano Panini de la Compañía de Jesús, pero no es sino hasta los años setenta cuando, gracias a Glenn Nimnicht y Marta Arango del Centro Internacional de Desarrollo Humano (Cinde), que se da paso a una iniciativa respaldada por la UNESCO que buscó fortalecer la conexión entre la escuela y la comunidad. El primer paso fue reunir a 40 rectores de colegios afiliados mediante la convocatoria de la Conferencia Nacional Católica de Educación (CONACED). Además, se seleccionaron algunas parejas matrimoniales, de las cuales se eligieron 50 para participar en un curso de líderes. Fue así como, a comienzos de los años 70, se inició el movimiento Escuela de Padres en Colombia. (Pérez, 2000).
Este movimiento, concebido como una organización de laicos, tenía como objetivo ayudar a los padres de familia a comprender la problemática educacional y capacitarlos para ejercer con eficiencia su labor educativa (Pérez, 2000). Uno de los hitos en este tipo de capacitación se remonta a 1978 en Sabaneta, Antioquia, donde Arango y Nimnicht realizaron un trabajo pionero, aportando un esquema innovador para este propósito. Es así como se introdujeron los primeros programas de educación para padres. Estos esfuerzos pioneros nacieron de la genuina motivación de sus líderes por fortalecer y formar a las familias de esa época.
Con el pasar del tiempo, las escuelas de padres ganaron reconocimiento oficial en el ámbito educativo con la promulgación de la Ley 1404 del 27 de julio de 20104, que estableció el programa Escuelas para padres (Ley 1404 del 27 de julio de 2010). Esta ley no solo formalizó la existencia de estos programas, sino que también estableció directrices claras para su implementación y desarrollo a nivel nacional. El programa tiene como objetivo principal fortalecer las habilidades parentales y promover una participación de las familias en la educación y formación integral de sus hijos.
A través de este programa, se ofrecían espacios de capacitación, orientación y apoyo a los padres, proporcionándoles herramientas prácticas para enfrentar desafíos comunes en la crianza y educación de los hijos. Además, la ley 1404 enfatizó en la importancia de la alianza entre la familia y la escuela, reconociendo que ambos actores desempeñan un papel crucial en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, se buscaba crear un ambiente de cooperación y colaboración entre la comunidad educativa y las familias, contribuyendo así a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes.
Vale destacar que “El fin de la escuela de padres es dar formación básica a los progenitores con carácter preventivo y remedial, para que luego ellos asuman las riendas de la educación de sus hijos… los progenitores son los principales educadores de sus hijos. La familia puede compartir y comparte sus funciones educativas y asistenciales con otras personas o instituciones” (Rivas, 2012: 201-202). Sin embargo, es importante que la familia entienda que estas funciones son complementarias a las suyas propias y que nunca deben delegar en ellas la parte esencial que les corresponde. Hoy día a pesar de que, en las instituciones educativas, se ofrece lo que se conoce como escuela de padres, como espacios donde se realizan encuentros ocasionales dirigidos por un experto o facilitador que brinda orientación sobre aspectos de la vida familiar y el papel de los padres, estas iniciativas suelen carecer de una planificación estructurada con un currículo educativo específico para los padres, que incluya objetivos por ciclo, ejes de formación, temas y metodologías adecuadas. A pesar de que se programan fechas para los encuentros, estos suelen ser esporádicos y no se llevan a cabo con regularidad y no bajo un proyecto educativo. Esta falta de continuidad en los encuentros y la ausencia de una planificación detallada limitan la efectividad de estos espacios en la formación y orientación de los padres (Rincón, Cubillos & Martínez, 2018).
Se considera importante retomar la esencia de la escuela de padres, ya que la familia actúa como la principal entidad educativa, siendo su dinámica determinante en el aprendizaje y crecimiento de sus integrantes. Es importante destacar, que la implementación de este programa es clave para fomentar una cultura de participación y corresponsabilidad entre las familias y las instituciones educativas.
4.2. Red unidos
El principal objetivo de Red Unidos es que las familias beneficiarias logren alcanzar cuarenta y cinco metas fundamentales distribuidas en nueve áreas clave de desarrollo humano. Estas áreas incluyen: Ingresos y empleo; Vivienda; Servicios bancarios y ahorro; Nutrición; Dinámica familiar; Salud; Identificación; Acceso a la justicia y Educación.
Para lograrlo, se implementan dos líneas de acción principales: a) Acompañamiento familiar y comunitario, donde los cogestores sociales ofrecen asistencia directa a las familias; y, b) Gestión de la oferta y acceso preferente, mediante la cual las entidades gubernamentales dirigen recursos específicos a las familias de Red Unidos. Vale destacar que las entidades del gobierno nacional focalizan recursos para ofrecer servicios a las familias de Unidos, incluyendo aquellos relacionados con la educación (Departamento Nacional de Planeación [DPN], 2022).
Además, esta red adopta un enfoque territorial en su implementación, buscando la coordinación y articulación entre las entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal. Este enfoque tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos disponibles y mejorar la efectividad de las intervenciones, asegurando así un impacto más significativo en las comunidades beneficiarias (DPN, 2022). La vinculación de Red Unidos con la educación familiar se encuentra en su enfoque integral para mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables.
Dentro de las nueve dimensiones de desarrollo humano que Red Unidos busca fortalecer, la dinámica familiar y la educación son dos áreas clave que tienen un impacto directo en la formación y bienestar de los miembros de la familia. (Rodríguez, & Suárez, 2019). En el ámbito de la dinámica familiar, Red Unidos promueve la cohesión familiar, la comunicación efectiva entre sus miembros y el fortalecimiento de roles parentales. Esta dimensión reconoce la importancia de un ambiente familiar saludable para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, donde se fomenten valores, habilidades sociales y emocionales. (Rodríguez, & Suárez, 2019). Por otro lado, en la dimensión de Educación, Red Unidos busca garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo. Se promueve el compromiso de los padres y madres en la educación de sus hijos, incentivando su participación en el proceso educativo, apoyo en tareas escolares y asistencia a actividades escolares. Además, se busca mejorar la calidad educativa mediante la capacitación de docentes y la implementación de programas educativos pertinentes a las necesidades de las comunidades beneficiarias (Rodríguez, & Suárez, 2019).
La Red Unidos colabora estrechamente con las familias para fortalecer sus capacidades y habilidades parentales, proporcionando herramientas y recursos que les permitan contribuir de manera efectiva en la educación y formación de sus hijos. De esta manera, la estrategia se alinea con los objetivos de la educación familiar, contribuyendo a la construcción de entornos familiares más saludables y a la formación integral de sus miembros (DPN, 2022).
Esta estrategia se implementa a través de un enfoque territorial, con el objetivo de articular y coordinar esfuerzos entre las diferentes entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal. Esto permite que las intervenciones sean más efectivas y que se aprovechen de mejor manera los recursos disponibles. Actualmente, existen 1.037 municipios que implementan la estratega, distribuidos en 12 departamentos y ciudades de Colombia5 (DPN, 2022). Asimismo, Red Unidos trabaja en conjunto con otras estrategias y programas del gobierno colombiano, como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), el programa Más Familias en Acción, entre otros, para garantizar una atención integral a las familias en situación de vulnerabilidad.
4.3. Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera infancia
La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (ENAIPI) es una iniciativa del gobierno nacional de Colombia enfocada en garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas desde su gestación hasta los seis años de edad. Entre sus principales objetivos, destacan: Promover el desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años de vida; fortalecer las capacidades de las familias y cuidadores para brindar un entorno adecuado para el desarrollo infantil; y, garantizar el acceso y la calidad de los servicios de atención integral para la primera infancia.
Esta estrategia busca el fortalecimiento de la atención integral en salud, nutrición y cuidado; la promoción de prácticas de crianza positivas y estilos de vida saludables; la articulación intersectorial entre entidades gubernamentales, sociedad civil y comunidad en general; y, la participación de las familias en el proceso educativo y formativo de sus hijos (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, & Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, 2019).
Dicha estrategia se centra en fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas, reconociéndolos como sujetos sociales con derechos. Para ello, se promueve la implementación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que complementan las acciones de las familias y comunidades, ofreciendo educación inicial de calidad y atención integral a niños y niñas de dos a seis años. Estos centros constituyen la columna vertebral de la política de atención integral a la primera infancia, y funcionan como un complemento a las acciones de las familias y comunidades, enfocándose en el desarrollo integral de los niños y niñas y asegurando su acceso a una educación inicial de calidad (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, & Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, 2019).
El equipo de atención en los CDI está compuesto por diversos profesionales, incluyendo coordinadores, docentes, auxiliares pedagógicos, psicólogos, nutricionistas y personal administrativo. La calidad de los CDI se evalúa a través de seis componentes de calidad que abarcan aspectos como la participación de la familia, la salud, el proceso pedagógico, el talento humano, el ambiente educativo y la gestión administrativa (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, & Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, 2019).
Además, la estrategia ENAIPI, cuenta con la denominada Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia (RIA), una herramienta que guía la atención integral a través de cinco elementos principales: Salud, alimentación y nutrición; prevención de vulnerabilidades; asistencia médica; y, rehabilitación emocional y funcional. La RIA se guía por lineamientos técnicos que incluyen conceptos clave, formación y acompañamiento a las familias, directrices pedagógicas, atención en salud, fomento de la participación ciudadana, prevención de vulneraciones y creación de ambientes seguros e inclusivos, entre otros.
La implementación de esta estrategia requiere la colaboración intersectorial entre diferentes entidades estatales y actores sociales, y se rige por estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los puntos de atención pueden variar, incluyendo CDI, Hogares Comunitarios, Hogares de Paso, Hogares múltiples, Jardines Sociales y Hogares Empresariales, dependiendo de la medida de protección adecuada para cada niño o niña según su situación particular. (ICBF, 2020). Esta estrategia contribuye significativamente a la educación familiar al fortalecer la parentalidad, fomentar la corresponsabilidad, promover la educación temprana, abordar las necesidades familiares, facilitar el acceso a servicios y empoderar a las familias.
Es fundamental destacar qué iniciativas, como la Escuela para Padres, Red Unidos y la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (ENAIPI), representan un esfuerzo integral del Estado por fortalecer el papel de las familias en la educación y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Estos programas no solo buscan mejorar las condiciones de vida de las familias, sino también promover la participación de los padres en la formación integral de sus hijos.
En este contexto, la aprobación e implementación del Decreto 459 de 2024 marca un hito al fortalecer la Alianza Familia-Escuela, impulsando la formación continua de los padres y la creación de entornos educativos seguros y colaborativos. Este marco normativo no solo reconoce la importancia de la educación familiar, sino que también establece directrices claras para su integración en el sistema educativo nacional.
A continuación, se presenta el cuadro 2, en el que se realiza la comparación de tres programas relacionados con educación familiar, utilizando como criterios de comparación los aspectos más relevantes de cada uno, como lo son: Objetivo, población beneficiaria, enfoque educativo, ámbito de implementación, interacción con otras entidades, alcance y resultados esperados.
Cuadro 2
Comparación de los programas de educación familiar
|
Criterio |
Escuela para padres |
Red Unidos |
Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (ENAIPI) |
|
Objetivo principal |
Facilitar las habilidades parentales y fomentar la alianza familia-escuela |
Mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables y fortalecer la educación familiar |
Garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 6 años, y fortalecer el rol de las familias |
|
Población beneficiaria |
Padres de familia y sus hijos en el sistema educativo |
Familias en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en la educación y cohesión familiar |
Niños de 0 a 6 años y sus familias con enfoque en el desarrollo infantil y la educación inicial |
|
Enfoque educativo |
Enfocado en el desarrollo integral de los hijos a través del fortalecimiento del rol parental |
Fortalecimiento de la dinámica familiar y el rol de los padres en la educación de sus hijos |
Promoción de prácticas de crianza positivas, educación inicial y cuidado de calidad para la infancia |
|
Ámbito de implementación |
Instituciones educativas a nivel nacional |
Territorio Nacional, con énfasis en áreas rurales y comunidades vulnerables |
Centros de atención y hogares comunitarios en todo el país |
|
Interacción con otras entidades |
Colaboración entre familias e instituciones educativas |
Coordinación intersectorial con entidades gubernamentales y programas sociales |
Intersectorial, con participación de entidades como el ICBF y el Ministerio de Educación |
|
Alcance y resultados esperados |
Mejorar la participación de los padres en la educación y desarrollo de sus hijos |
Reducir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida familiar, especialmente en educación |
Asegurar el desarrollo integral y educación de calidad para la primera infancia |
Este cuadro 2 sintetiza los principales aspectos de cada programa, permitiendo una comparación clara y directa entre ellos.
5. Políticas públicas para la educación familiar en Colombia
La gestión de políticas públicas para la educación familiar en Colombia constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Desde una perspectiva normativa, estas políticas se enmarcan en principios que aseguran la protección, educación y bienestar de los jóvenes y sus familias. Estos marcos legales establecen los derechos, obligaciones y responsabilidades del Estado, la sociedad y las familias en la formación integral de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, se entrecruzan las directrices internacionales, con la legislación nacional. Además, se alinean con estrategias y programas implementados que buscan fortalecer la educación familiar como pilar fundamental para el desarrollo humano y social en el país.
La gestión de políticas públicas para la educación familiar en Colombia no solo se sustenta en marcos normativos robustos que garantizan derechos y obligaciones, sino que también se nutre de teorías pedagógicas contemporáneas y experiencias prácticas. La interacción entre políticas y gestión que se traduce en la implementación efectiva de programas como la Escuela de Padres y Madres, la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y Red UNIDOS, que promueven una educación integral, equitativa y de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes colombianos. A través del fortalecimiento de la educación familiar, se construyen bases sólidas para el desarrollo humano y social del país, asegurando un futuro prometedor para las generaciones venideras.
Como es de observar, de acuerdo con las tres experiencias descritas, es importante destacar que, en el contexto colombiano, la gestión de la educación familiar se convierte en un elemento clave para garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Una serie de acciones deben ser consideradas para lograr el fomento y desarrollo de una gestión de las políticas públicas de educación familiar. Para ello, es fundamental:
a) Adelantar estrategias de comunicación y colaboración entre padres, educadores y la comunidad educativa, facilitando así una educación integral;
b) Minimizar las diferencias en el acceso a recursos y servicios educativos entre zonas urbanas y rurales, y entre diferentes grupos socioeconómicos, ya que es crucial para generar igualdad en la educación;
c) Capacitar al personal docente, padres y el resto de la comunidad educativa en educación familiar, contrarresta las limitaciones en la implementación y supervisión efectiva de programas;
d) Incrementar la asignación de recursos económicos, materiales y humanos para cubrir las necesidades educativas del país en su totalidad;
e) Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de programas de educación familiar para garantizar su efectividad y permite realizar ajustes necesarios;
f) Aprovechar las tecnologías de la información y comunicación facilita la participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo, ofreciendo recursos y herramientas accesibles para la educación familiar; entre otras.
Con las acciones anteriormente planteadas se podrá fortalecer la gestión de políticas públicas de educación familiar para los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo así a una educación integral, equitativa y de calidad para todos.
6. Conclusión
En el contexto actual de Colombia, la gestión de políticas públicas enfocadas en la educación familiar se destaca como un elemento crucial para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Estas estrategias no solo buscan atender las necesidades inmediatas de las familias y los menores, sino que también promueven una transformación social a largo plazo, fundamentada en principios de inclusión y equidad. Las políticas propuestas reflejan un enfoque colaborativo en el que el Estado, la sociedad y las familias interactúan de manera armónica para asegurar entornos educativos seguros y sólidos.
Los programas como Escuela para Padres, Red Unidos y la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (ENAIPI) evidencian el compromiso del gobierno en fortalecer la educación desde el núcleo familiar. Este enfoque pone de relieve la importancia de fomentar la colaboración entre distintos sectores y de garantizar una distribución equitativa de recursos, con el objetivo de reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales.
Además, la formación continua de docentes y padres, junto con el uso estratégico de tecnologías de la información, subraya la relevancia de una educación integral y flexible que se adapte a los desafíos actuales. De este modo, la educación familiar se posiciona no solo como un derecho fundamental, sino también como un pilar esencial para el progreso social y humano del país.
En este contexto, resulta evidente que una adecuada gestión de estas políticas y programas puede fortalecer el tejido social colombiano, facilitando el desarrollo de ciudadanos preparados para enfrentar y transformar su entorno de manera positiva. Así, el fortalecimiento de la educación familiar respaldada por políticas públicas sólidas se presenta como una oportunidad clave para el desarrollo integral y sostenible de las futuras generaciones en Colombia, garantizando un futuro con más oportunidades y una mejor calidad de vida para todos.
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