Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. Especial 12, 2024, 1461-1476
julio-diciembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Valarezo, M. A., Ramos, A., y Pantoja-Díaz, O. (2024). Riesgo de crédito en instituciones financieras en Ecuador. Revista Venezolana De Gerencia, 29(Especial 12), 1461-1476. https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e12.35
Riesgo de crédito en instituciones financieras en Ecuador
Valarezo Cuenca, Martha Aide*
Ramos Álvarez, Andrés**
Pantoja-Díaz, Odette***
Resumen
La investigación tiene como objetivo analizar el riesgo de crédito en cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador, con información extraída de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La metodología aplicada se basó en una investigación cuantitativa, mediante la recopilación, análisis e interpretación de la información que reportan las entidades en el portal estadístico del organismo de control de forma mensual. Esta información se analizó, para conocer los efectos generados en las instituciones financieras, cuando no se realiza una adecuada gestión del riesgo de crédito. Como resultado, se identifican los motivos por los que las entidades enfrentan un aumento en la morosidad en los periodos analizados. Una de las causas principales fue la pandemia ocasionada por el COVID-19, que afectó significativamente de forma negativa a la situación financiera, liquidez y rentabilidad de estas. Se destaca que la falta de recursos y la restricción del crecimiento en las entidades son consecuencia de un alto índice de morosidad que afecta a las instituciones del sistema financiero, popular y solidario.
Palabras clave: riesgo; morosidad; índice; segmento.
Recibido: 08.07.24 Aceptado: 29.10.24
* Mg. en Seguros y Risgos Financieros, Analista Contable, Universidad Tecnológica Israel. Email: Mvalenca29@hotmail.com
** Mg. en Contabilidad Gerencial, profesor Titular Auxiliar 1, Universidad Tecnológica Israel, Ecuador. Email: aramos@uisrael.edu.ec. Autor para correspondencia.
*** Ph.D. en Administración y Dirección de Empresas, docente universitaria, Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Email: odpantojadi@uide.edu.ec
Credit risk in financial institutions in Ecuador
Abstract
The purpose of this research is to analyze credit risk in segment 1 savings and credit cooperatives in Ecuador, using information extracted from the Superintendency of Popular and Solidarity Economy. The methodology applied was based on quantitative research, through the collection, analysis and interpretation of the information reported by the entities in the statistical portal of the control body on a monthly basis. This information was analyzed to determine the effects generated in financial institutions when credit risk is not adequately managed. As a result, the reasons why institutions face an increase in delinquency in the analyzed periods were identified. One of the main causes was the pandemic caused by COVID-19, which had a significant negative impact on their financial situation, liquidity and profitability. It should be noted that the lack of resources and the restriction of growth in the institutions are the consequence of a high delinquency rate that affects the institutions of the popular and solidarity financial system.
Keywords: Risk; Delinquency; Index; segment.
1. Introducción
En la actualidad, todas las entidades del sistema financiero están expuestas a diferentes riesgos (Alcívar-Moreira & Bravo-Santana, 2020; Vásquez & Ceballos, 2024). En Ecuador, las instituciones del sector financiero popular y solidario son controladas y supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), la cual emite normas para el buen funcionamiento y respaldo de los fondos de sus socios (Morillo & Gómez, 2021). En consideración a las posibles vulnerabilidades, dichas entidades deben estar preparadas para poder identificar los riesgos, prevenirlos, controlarlos y mitigarlos (Pilay-Majao et al, 2024).
El proceso de control que ejerce la SEPS sobre los sujetos bajo su supervisión es diferenciador en función del nivel de activos que revelan en los estados financieros (Marin, Noriega, & Bastidas, 2022; Díaz et al, 2021). Respecto a dicha característica, se clasifican en segmentos, que van desde el 1 al 5, siendo las del segmento 1 las de mayor monto en activos, por lo que reciben mayor vigilancia (Guerrero-Guevara & Peñaloza-López, 2022).
Estas organizaciones del primer segmento cumplen un rol importante en la dinamización de la economía en el Ecuador, ya que entre su objeto social se encuentra el de brindar financiamiento a los sectores menos favorecidos y que se encuentran en lugares remotos de difícil acceso (Viera y Román, 2018; Fernández, Pérez, & Nina, 2022). Además, operan en un rango de tasas de interés atractivas, pues son más bajas que las manejadas por otras entidades del sistema financiero nacional.
Debido al sector de la población con el que operan estos entes, se ven expuestas a un mayor riesgo; de aquí se deriva la morosidad en la cartera de crédito. La morosidad se obtiene de dividir la cartera inactiva o vencida para el total de la cartera, por lo que entre mayor es este índice, mayor monto de vencimiento tiene la institución (Moreira & Santana, 2020; Párraga et al, 2021). Dicha situación afecta significativamente el resultado contable.
Al afectarse este resultado, la tasa de rentabilidad o retorno sobre la inversión de los dueños disminuye y con ello la entrada de recursos líquidos con los cuales acometer nuevas inversiones (Shahdadi et al, 2020; Adjei-Boateng, 2022). La tasa de retorno sobre el capital (ROE) es uno de los indicadores que mayor importancia tiene dentro del análisis financiero, ya que muestra cuánto está rindiendo el capital de los dueños; esta se obtiene al dividir el resultado neto para los fondos propios (Lusiana et al, 2021; Almashhadani, 2021; Sánchez, García & Alejandro, 2023; Yousaf, 2023).
Una institución que realiza intermediación financiera tiene dentro de sus activos la cuenta de cartera de créditos. Esta es la principal cuenta que le genera rentabilidad; por ende, la morosidad en la cartera de crédito disminuye el retorno del dinero colocado, disminuye la colocación de nuevos créditos y aumenta los gastos por provisiones (Noboa, Miranda & Leonardo, 2023; Cedeño-Alcívar & Bravo-Santana, 2020). Estas deficiencias en la gestión financiera implican un mayor periodo de días de vencimiento y con ello un mayor porcentaje de provisiones.
La elevada morosidad perjudica el rendimiento y rentabilidad de las organizaciones del sector, por lo que se convierten en entes menos competitivos, lo que puede ocasionar elevadas pérdidas a largo plazo (De los Santos, Fernández, & Martínez-Prats, 2020). Con los antecedentes planteados se ve la importancia de gestionar el riesgo crediticio y de monitorear la morosidad de cartera en las entidades del segmento 1, denominadas Cooperativas de Ahorro y Crédito, por los efectos negativos que ocasiona la inobservancia a su estructura financiera.
El objetivo de la investigación nace de la necesidad de analizar el riesgo de crédito en Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador a través de la información estadística de la SEPS para conocer los efectos de la morosidad en estas instituciones, y de esta manera evidenciar las causas que inciden en la morosidad en el sector cooperativo. Para el estudio se toman como referencia las 7 cooperativas del segmento 1, con mayores montos en activos.
Sector Financiero Popular y Solidario: El sistema financiero de un país se considera eje fundamental para la administración y distribución de los recursos líquidos (Moran-Chilan, Peña-Ponce, & Soledispa-Rodríguez, 2021). Sin duda alguna, mantenerlo con buena salud financiera y organizado puede contribuir en mayor medida a ese fin. En Ecuador, dicho sistema se organiza en 3 sectores: el público, el privado y el popular y solidario.
Según el artículo 163 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) del Ecuador, el sector financiero popular y solidario está integrado por cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, entidades asociativas o solidarias, cajas de ahorro y comunales (Superintendencia de Bancos, 2014: 78). A su vez, las cooperativas se encuentran clasificadas en segmentos. Dicha clasificación se hace en consideración al nivel de activos.
En el segmento 1 se encuentran las entidades que superan los 80 millones de dólares norteamericanos en activos, dentro del segmento 2 hallamos a las instituciones con activos en el orden de 20 millones a 80 millones y las que están en el segmento 3 son aquellas que oscilan entre los 5 millones hasta 20 millones. Son estas las entidades que tienen mayor control y fiscalización por parte de los órganos de supervisión y a las que se les categoriza de forma trimestral en función del nivel de riesgo.
El procedimiento a realizar en la administración de riesgos en el sector financiero, establecido por la SEPS, transita por las siguientes etapas: identificación, medición, control, mitigación y divulgación. Se evidencia que es un sistema que requiere del monitoreo permanente, donde el control y la mitigación de los riesgos juegan un papel determinante en la gestión de estos. Resulta determinante que la administración de las entidades financieras comprenda dicho fenómeno, para afrontarlo y minimizar la probabilidad de ocurrencia.
Es importante contextualizar algunos aspectos relacionados con los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades del sistema financiero. Seguidamente, se describen algunos de estos riesgos.
Por consiguiente, se considera como el riesgo por antonomasia de las entidades bancarias, hace referencia a la “probabilidad de impago por parte del prestatario y al incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato (deterioro de su capacidad de pago)” (Ruza, 2013: 7).
En el artículo 100, de la resolución 385-2017-A de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), se establece como el riesgo de liquidez: “a la posibilidad de que un participante no liquide una obligación por su valor total en el momento que corresponda” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017: 119).
En el artículo 1, párrafo 5 de la resolución señalada en el párrafo anterior, también queda definido el riesgo operativo como “la posibilidad de que se ocasionen pérdidas financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, sistemas internos, tecnología de información y por eventos externos” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017: 122).
Por su parte, el riesgo de mercado es definido como “la incertidumbre sobre el valor futuro de las masas patrimoniales de la empresa y de sus flujos como consecuencia de la incertidumbre en los mercados. Presupone la exposición y volatilidad de los mercados” (Olasagasti, 2015: 3).
Los tipos de riesgos mencionados anteriormente están asociados a las instituciones financieras, en gran medida, por la propia razón de ser de las mismas. Como se evidencia, es de esencial reconocer a qué riesgos está expuesta la entidad, para valorarlo y desarrollar acciones que lleven a la minimización en la ocurrencia de estos (Valencia-Jara y Narváez-Zurita, 2021).
En la actualidad, la gestión de riesgo debe involucrar a la administración, pero sobre todo al personal operativo y de las unidades de crédito (Carrillo, 2021). Debe hacerse parte integral de la cultura organizacional en virtud de minimizarlo lo más posible (Ullaguari-Pizarro & Montero-Cobo, 2024; Svetlova & Thielmann, 2020).
Otro de los conceptos que debe considerarse es el crédito, origen fundamental de la entrada de recursos financieros a las entidades del sistema financiero nacional. Existen diferentes líneas de créditos aprobadas para las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1. Algunas de estas son de consumo, de vivienda, productivo, comercial, inmoviliario y microcrédito. Las líneas de créditos a ofertar por parte de estas entidades son aprobadas por la JPRF, de Ecuador. En la resolución no. 209-2016-F, la JPRF, establece que el crédito de consumo se clasifica en ordinario y prioritario.
En el caso del ordinario, manifiesta que “es el otorgado a personas naturales, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil”. El prioritario es el “otorgado a personas naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016: 9).
Este es uno de los créditos con mauyor demanda en el mercado de las cooperativas de ahorro y crédito, por lo que se requiere una observancia permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones con la finalidad de disminuir la probabilidad de mora en su cancelación.
En otro orden, la Resolución 209-2016-F, establece el crédito de vivienda como de interés público e inmobiliario. Los de interés público, son aquellos otorgados con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero público, para lo cual se establecen montos límites (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016).
El crédito inmobiliario es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales, para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en el segmento de crédito de vivienda de interés público (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016).
En los conceptos descritos de los diferentes tipos de servicios crediticios que brindan los entes del sector financiero popular y solidario, queda claro que su gestión contribuye al desarrollo y dinamización de la economía con énfasis en los aspectos sociales. Los demás créditos mencionados van enfocados a actividades que no requieren grandes volúmenes de inversión.
En correspondencia al artículo 12 de la Resolución No. 129-2015-F destaca que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 no podrán conceder operaciones activas y contingentes con una misma persona natural o jurídica por un monto en saldos vigentes que, en conjunto, exceda el 10% del patrimonio técnico de la entidad (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015).
El establecimiento de límites de crédito contribuye a disminuir el nivel de riesgos en las entidades financieras y, con ello, que no se comprometa el patrimonio técnico de esta, por lo que la norma salvaguarda los recursos de la propia entidad y de los socios que depositan sus fondos como instrumentos de ahorro. Por su parte, Proaño-Altamirano (2022) llegan a la conclusión de que, durante la pandemia generada por la COVID-19, se crea un impacto negativo económico, financiero y social, lo que incide en la morosidad de los clientes ante las obligaciones con estas entidades.
Dentro de las entidades controladas por la SEPS, en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 se manejan los siguientes niveles de riesgo, normal, potencial, deficiente, dudoso recaudo y pérdida. Estos riesgos se expresan de acuerdo con el tipo de crédito, días vencidos y en correspondencia con estos parámetros se otorgan calificaciones a las entidades, las que van desde A1 a E”, siendo las primeras las de menor índice de riesgo.
En el estudio “Análisis de Riesgo de Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario”, realizado por una comisión especializada de la SEPS exponeque dicho organismo mide el índice de morosidad como el porcentaje de la cartera total improductiva frente a la cartera total bruta. Donde los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por la línea de negocio (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015).
La fórmula de cálculo del nivel de morosidad presenta claramente la tasa de cartera vencida; a medida que dicha tasa se incrementa, se incrementa de forma proporcional el riesgo. Según Morales (2021:1), “el índice o ratio de morosidad es un indicador utilizado en el mundo del sector financiero y no financiero. Este mide el volumen de operaciones que han sido consideradas morosas, con relación al volumen de préstamos y créditos concedidos por dicha entidad”.
Para poder afrontar los riesgos de morosidad, es de vital importancia provisionar la cartera en consideración a este riesgo de incobrabilidad; riesgo al que se encuentra expuesta la institución. En el caso de Ecuador, las tasas para crear dicha provisión, se encuentran establecidas por el organismo de control en función de los días de vencimiento.
En el informe de rendición de cuentas de la SEPS, del año 2021, se deja establecido que “las provisiones de cartera se realizan de acuerdo con la normativa vigente emitida por este organismo de control en concordancia a la Norma para la Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo en las Cooperativas y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda” (Naranjo, 2022: 19).
2. Proceso metodológico
El proceso metodológico de la presente investigación contribuye a definir la manera en que se lleva a cabo el mismo y las técnicas e instrumentos a utilizar para alcanzar el objetivo de la misma.
De acuerdo con lo expuesto por Sampieri (2010:27), “La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente”.
El presente trabajo se basa en un enfoque mixto (Acosta, 2023), asumiendo herramientas cualitativas y cuantitativas (Jiménez, 2021), ya que hace un estudio de las variables numéricas que intervienen en la morosidad de la cartera de las siete cooperativas del segmento 1 en Ecuador, con mayor nivel de activos.
En correspondencia a lo planteado por Sampieri (2018), los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominadas meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.
El enfoque mixto es el más adecuado para la investigación, ya que a través de los aspectos cualitativos se describen conceptos básicos del tema estudiado, permitiendo claridad y comprensión sobre qué es el riesgo, la cartera de crédito y la morosidad, variables claves dentro del estudio. En consecuencia, al enfoque cuantitativo, se exponen las cifras generadas de cartera vencida para analizar la tasa de morosidad y el nivel de riesgo.
- Métodos, técnicas e instrumentos
Según Sampieri, los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno (Sampieri, 2010).
La metodología a utilizar será con base en la compilación de información mediante análisis de los datos presentados por las 7 cooperativas del segmento 1, con mayor monto de activos. Los datos se extraen de las cifras estadísticas y los estados financieros de las organizaciones objeto de estudio, que se encuentran publicadas en la página web de la SEPS. Los datos utilizados para el análisis son públicos, por lo que no se requiere de autorización para su descarga y divulgación.
Se analiza el comportamiento de las diferentes líneas de crédito, el monto que se coloca en estas y el peso que tienen las mismas. La finalidad que tiene este estudio es conocer el comportamiento de la demanda de créditos y los factores que han influido en el mismo.
Al desarrollarse el análisis con información reportada al organismo de control por las entidades objeto de estudio, es necesario aclarar que la discusión de resultados se hace con las posibles limitaciones o distorsiones propias que puedan tener los datos primarios tomados.
3. Riesgo en cooperativas de ahorro y crédito: resultados y discusión sobre las operaciones
Para identificar el impacto del riesgo de crédito se toma información de los datos publicados en portal estadístico SEPS, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, 2021, y 2022 con los cuales se puede obtener información que ha servido para la realización del presente trabajo (tabla 1).
Tabla 1
Montos y operaciones de crédito por periodo
|
Año |
Saldo de colocaciones (USD millones) |
Operaciones vigentes |
Sujetos de crédito |
Saldo promedio |
Morosidad |
|
2020 |
11.968,5 |
1.596.093 |
1.276.493 |
7.498,6 |
3,7% |
|
2021 |
14.410,7 |
1.802.102 |
1.416.615 |
7.996,6 |
4,2% |
|
2022 |
17.616,4 |
2.006.950 |
1.552.244 |
8.777.7 |
4,0% |
Nota. La tabla 1 muestra los montos de colocación y sujetos que acceden a las operaciones de crédito.
Se muestra el crecimiento sostenido en la demanda de nuevos créditos y el incremento de sujetos que optan por ellos, lo que demuestra que hay dinamización en el sector y aporte creciente al desarrollo del país. Datos tomados del portal estadístico de la SEPS. El crédito con mayor demanda es el de consumo, siguiéndole el microcrédito e inmobiliario y los créditos de menor demanda están comercial, productivo y vivienda. Datos tomados del portal estadístico SEPS.
Es evidente que la mayor cantidad de cartera colocada por las cooperativas del segmento 1 (Gráfico 1) corresponde al crédito de consumo, cuya fuente de pago generalmente es con los ingresos mensuales que perciben de sus socios o clientes. Seguidamente, está el microcrédito, estos pagos provienen de actividades económicas de pequeños emprendimientos.
Gráfico 1
Cartera colocada en el sector cooperativo segmento 1
Nota. Gráfico 1 muestra la colocación de la cartera entre los años 2020 al 2022.
También, el inmobiliario se ve presente, este crédito está destinado para proyectos de emprendimientos de construcción y remodelación de viviendas, locales comerciales, a los pagos provienen de actividades empresariales de la construcción, y con una baja demanda el crédito productivo y el de vivienda.
El hecho de que el crédito de consumo es el más demandado en el periodo analizado, obedece a varios factores, entre los que se encuentran: la pérdida de empleo por un segmento significativo de la población, la reducción de la jornada de trabajo hasta un 50% y con ello del sueldo hasta un 55%, según el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, la quiebra de pequeños negocios.
Se puede observar que los créditos de consumo fueron los más demandados durante el periodo de análisis. Entre los créditos con menos demanda se encuentran, el comercial y productivo (Gráfico 2).
Gráfico 2
Nota. Gráfico 2 representa el total de cartera colocado por las 7 cooperativas analizadas del segmento 1. Datos tomados del portal estadístico SEPS.
O sea, son mínimos, lo que puede provocar el deterioro de las bases de generación de riqueza y con ello el incremento de la deuda. Este hecho distorsiona el desarrollo macroeconómico, pues se pide para gastar y no para invertir lo que a mediano y largo plazo puede ocasionar regresión económica e incremento de la morosidad. Considerando que la generación de deuda no proporciona generación de bienes.
- Morosidad de cartera
Este indicador muestra que, mientras mayor sea la ratio de morosidad de las entidades, mayor es el riesgo de recuperación de la cartera. Además, permite medir el desempeño de las entidades. Para calcular los porcentajes de morosidad, se aplicó la fórmula establecida por el organismo de control del sector financiero, popular y solidario, SEPS (ecuación 1):
[Ecuación 1
Cálculo de la morosidad]
De acuerdo con la ecuación 1, la Cooperativa Policía Nacional en el año 2020 con corte a diciembre registra una morosidad del 40,96%. La morosidad se encuentra en el crédito de consumo y microcrédito. La 29 de octubre reporta un ratito de morosidad del 40,20%.
El mayor índice de morosidad está en el crédito de consumo y microcrédito (Gráfico 3). Estas son las entidades que registran el mayor índice, especialmente en el crédito de consumo.
Gráfico 3
Morosidad de Cartera 2020 por Líneas de crédito
Nota. Gráfico 3 representa la morosidad de cartera en el año 2020. Datos tomados del portal estadístico SEPS.
El hecho de que los índices de morosidad más altos se concentren en el crédito de consumo, puede estar evidenciando que no siempre se toma un criterio adecuado a la hora de otorgarlo. Además, demuestra que, si no hay un respaldo productivo, se dificulta la recuperación de dichos créditos. En este sentido, las instituciones financieras deberían revisar su estructura de cartera y tratar de equilibrar la oferta, evaluar las políticas y estándares de créditos aprobados y socializar aquellas líneas de crédito que contribuyen a la pronta recuperación.
En el año 2021, la morosidad tiende a la baja, tal como se proyecta en el gráfico 4, para el caso de las entidades analizadas, ya que, como se observa en el Gráfico 4, el año con mayor morosidad en el sector financiero, popular y solidario.
Gráfico 4
Morosidad de cartera 2021 por líneas de crédito
Nota. Gráfico 4 representa la morosidad de cartera en el año 2021. Datos tomados del portal estadístico SEPS.
En este periodo, el crédito de consumo continúa siendo el más significativo, junto al microcrédito, que ya venía arrastrando niveles moderados del periodo anterior. En esta etapa influyó significativamente la situación de pandemia, la que trajo consigo el quiebre de los pequeños negocios y con ello la declaración de insolvencia y retraso en el cumplimiento de las obligaciones. Es de destacar que las políticas enfocadas a la reclasificación de los créditos y a la reestructuración de la deuda, tomadas por parte de los entes de control de estas instituciones financieras, influyeron en la baja de la morosidad.
Aunque la normativa referente a la reestructuración de la deuda muestra un nivel más bajo de morosidad, las instituciones no se vieron beneficiadas con esta decisión. Según los porcentajes y nuevos recálculos, los índices disminuyeron, ya que se aplazaron los pagos sin incremento de las tasas de interés, pero las entidades continuaron sin recibir el recurso líquido y los socios se vieron afectados al no poder reinvertir esos fondos. Aunque de forma general crece la colocación de recursos en el periodo, el incremento pudo ser mayor y con ello la posibilidad de seguir contribuyendo en mayor escala al desarrollo del país. Para el año 2022 (gráfico 5), la morosidad mantiene un comportamiento similar en las líneas de consumo y microcrédito; solo hay un alza en el portafolio del crédito productivo, para la Cooperativa COPROGRESO.
Gráfico 5
Morosidad de Cartera, periodo 2022, por la línea de Crédito
Nota. Gráfico 5 representa la morosidad de cartera en el año 2022. Datos tomados del portal estadístico SEPS.
Sin embargo, se puede notar que en los demás portafolios la morosidad bajó en comparación al año 2020, esto se da por la normativa emitida por la SEPS, referente a la reestructuración de la cartera para sobrellevar la crisis que ocasionó la pandemia por el COVID-19 y de esta manera bajar el índice de morosidad.
Como se analizó anteriormente, es de ratificar que esta medida benefició en esencia a las personas o sujetos pasivos que tenían obligaciones vencidas con el sector financiero. A su vez, mostró los indicadores del sistema financiero con una mayor salud en cuanto a la morosidad, pero tuvo una afectación en cuanto a la liquidez, la colocación y el rendimiento. Se considera que en Ecuador se distribuyen las utilidades como un beneficio social. Al no aumentar la colocación de cartera, en los niveles óptimos, por la falta de liquidez, se presume que hay un ingreso dejado de percibir por parte de los empleados del sector.
Considerando la repercusión de la morosidad en las instituciones financieras, los socios de estas y sus colaboradores, se deben buscar técnicas de cobranza y nuevos estándares para la colocación de créditos. Dichas acciones deben estar encaminadas a efectuar colocaciones más responsables y a actuar de manera oportuna para recuperar los créditos.
El riesgo de crédito y la morosidad afectan a todas las entidades que realizan intermediación financiera. Tienen un impacto negativo en la rentabilidad, liquidez y solvencia de estas entidades. Al no contar con los recursos financieros, disminuye la oportunidad de colocar cartera, baja la tasa de penetración en el mercado y la posibilidad de incrementar el nivel de utilidades.
Se determina que durante el periodo 2020 hubo un incremento considerable en la morosidad a causa de la crisis del COVID-19 y sus repercusiones en la economía. Las principales razones de la falta de pago se enfocaron en la reducción de ingresos causada por cierres y restricciones. Además, las medidas tomadas por el gobierno y el ajuste a nuevos comportamientos económicos también fueron relevantes para la evolución del riesgo crediticio en este periodo.
La morosidad o impago de la cartera colocada es un elemento que afecta a las instituciones del sistema financiero popular y solidario. El deterioro de dicho indicador abre un espacio a bajos rendimientos y el encarecimiento de las operaciones, al aumentar los costos. Las medidas gubernamentales, respecto al apoyo humanitario, contribuyeron a rebajar el indicador y dar una imagen financiera más saludable de las entidades financieras. No obstante, dichas medidas le afectaron la liquidez y solvencia. Considerando lo que se requiere de liquidez para dar cumplimiento a la actividad fundamental de estas organizaciones, se puede presumir que fue afectada la esencia del sistema y, a su vez, la autonomía en cuanto a políticas y estándares de crédit
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