Álvaro B. Márquez-Fernández, Ph.D.
Investigador Eméritus
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
El iusfilósofo venezolano José Manuel Delgado Ocando consideraba que la globalización no hace otra cosa que exceder la modernidad en sus fronteras finales. Así, él acuña el vocablo “filosofía finisecular” en un intento teórico y hermenéutico que le permite reflexionar acerca de unas prácticas políticas del pensamiento (filosofías) y del conocimiento (epistemes), que efectivamente quiebran el paradigma de la racionalidad estratégica, monológica y colonial, tan presente en la historia de los estados europeos. La globalización es un detonante del dominio del empirismo tecnocientífico que va a resituar en el espacio-tiempo virtual otros modelos de socialización completamente inéditos cuya tendencia apunta a una irrefutable reconfiguración del actual sistema-mundo.
Un lúcido análisis que merece particular atención porque se trata de una disrupción en la experiencia
jurídica positivista que ha desarrollado el estado moderno en Occidente para obtener su trascendencia, a través de la gestión de poderes que deben cristalizar en código normativos adeptos a su weltanschauung. Se trata de un modelo estatal que agudiza sus problemas estructurales; aún hoy está por lograr soluciones auténticamente democráticas por falta de prácticas comunales y comunicativas, para participar en la absorción de la estructura de los poderes que reconozcan el referente de la ciudadanía o pueblo, en su condición de sujetos constituyente de su legalidad y legitimidad.
Las bases fundacionales del Estado moderno pudieran reducirse a dos tipos de producción, implícitos en su sistema-mundo: i) desde la perspectiva teórica, dotar al Derecho de representación social a través de las Constituciones; i) desde la perspectiva de lo político, auspiciar los roles de poder que se deben arbitrar en el espacio público por medio de prácticas democráticas que validan la coexistencia de los ciudadanos entre sí y con respecto a la hegemonía del Estado.
Esta estructura de producción del sistema social y de creación de normas homologables, deben conformar un ámbito de actuación entre la ciudadanía y el Estado con la finalidad de identificar entre un actor y el otro, las condiciones materiales y contingentes que infieren situaciones de cambios con el interés de no perder el horizonte de sus valores prácticos, tales como los de justicia, igualdad y equidad.
La tesis de la modernidad es que el Estado es suficientemente racional para discernir las antinomias y contradicciones del orden político instituido a partir de la producción normativa del orden jurídico que, asentado en la Constitución, en su representación de meta-norma, es capaz de resolver en el mundo de la vida las deficiencias de la democracia representativa.
El esfuerzo es progresivo en su proyecto por avanzar en un estado social pleno de derechos para todos; sin embargo, debe enfrentar la resistencia creciente, por parte de la ciudadanía subalterna, a una gestión pública que no lograr satisfacer sus expectativas de vida. La madurez institucional de este modelo de estado no ha logrado generar procesos suficientemente descentralizados para que el acceso al poder y la resolución de la potencial conflictividad, se logre drenar por medio de actores sociales vinculados con la responsabilidad política que tiene el estado para democratizar una participación lo más directa y menos aleatoria posible.
Para el desarrollo y obtención de ciudadanías activas y plurales, el estado requiere de un ordenamiento jurídico flexible y próximo a otras formas de articular la integración social emergentes de espacios y escenarios tradicionalmente marginales de la vida y la opinión pública, de ciudadanos que no hacen parte de las élites de poder de clase o estatal. Las posibilidades de regeneración de este sistema jurídico y orden
político por sus propios medios parecen agotadas, pues mientras que apunta a fórmulas e instrumentos para conservar su centralidad; por otra parte, advienen fuerzas de movilidad subalternas que le imponen una discontinuidad a sus líneas de gobierno.
Le toca enfrentar graves disidencias en muchos casos asociadas con prácticas violentas por la conquista de derechos humanos declarados como válidos y comunes a todos. El escenario actual del Estado moderno en su generalidad pasa por una crisis institucional muy profunda que causa graves daños a la ciudadanía y la sociedad en general, proyecta un ocaso y decadencia en sus principios éticos y cada vez proliferan características anárquicas y de estatolatría.
En América Latina la distorsión y esclerosis que ha sufrido el implante del estado moderno en una de las periferias más despojadas de su antropología y sus recursos naturales por el neoliberalismo, ha traído nefastas consecuencias para la ciudadanía popular y las condiciones materiales más básicas para la sostenibilidad de la vida. Estados nacionales cada vez más fallidos e indolentes ante las permanentes crisis de gobernabilidad y los acechos insurgentes que ponen en riesgo la fragilidad de un orden democrático eminentemente proselitista y demagógico.
La expansión del modelo de intercambio y de consumo que propugna la economía neoliberal y sus desarrollos tecno-científicos, ha impactado drásticamente el orden local de los sistemas de gobernanza de la modernidad, toda vez que las nuevas dinámicas de participación globales tienden a minimizar o neutralizar las relaciones de fuerza-poder internas y externas en los espacios institucionales de la hegemonía estatal. Los estados sin otra alternativa son proclives a formar parte del proceso de expansión del capital con la finalidad de lograr los beneficios más óptimos de una economía que pueda sufragar los altos costos que demanda un estado de bienestar. Pero las crisis orgánicas que sufre el estado ponen de relieve los altos grados de inconformidad y violencia política que regularmente definen el escenario de la confrontación y el conflicto, perturbando la paz social y haciendo más problemáticos los cauces para consolidar democráticamente un orden social vulnerable en sus derechos humanos.
Asistimos al desmembramiento del estado-nación en su categorización moderna y se requiere un análisis de su causas mucho más exhaustivo y crítico. Las derivas que ha sufrido no dejarán de multiplicarse por muy claras que sea sus señas de identidad de “derecha” o de “izquierda”, y sus programas mesiánicos que profesan un populismo benefactor del bien en común. Las formas ideológicas tan particulares de esta tipología de estados que alimentan la concepción monista del estado liberal o socialista como un absoluto, no tienen cabida en los sistemas complejos de los que forma parte la globalización y sus nuevas conformaciones sociales y ciudadanas.
La tarea por hacer está a la orden del día. El desafío para la investigación académica es notorio puesto que se requiere de teorías y metodologías enmarcadas en otro paradigma epistémico que produzca la crítica dialéctica para comprender los mundos de vida y asegurar el valor de la vida a través de derechos humanos prácticos e intersubjetivos. Sería uno de los principios sustantivos para considerar el proyecto político de la democracia como filosofía de la vida, una experiencia recurrente por medio de la cual la vida ciudadana tendría el sentido ético que la justifica.
En este nuevo dossier titulado “Derechos Humanos, Democracia y Constitucionalismo, una mirada desde América Latina”, reconocidos investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Bogotá, Colombia, hace varios años han asumido el reto de elaborar la cartografía del Derecho constitucional en América Latina, nos brindan la oportunidad de conocer de primera mano la realidad política colombiana y sus principales escollos: violencia armada, inseguridad ciudadana, migraciones e interculturalidad, postconflicto, justicia transicional o alternativa, hiper-estado, democracia integral, populismo, ley de transparencia, entre otras temas. Los aportes de sus argumentos los consideramos muy bien hilvanados gracias a una pragmática del discurso esclarecedora, en su afán por contrastar las falacias de la objetividad de la realidad estudiada con la subjetividad donde reside el ser vivo de la existencia, en su condición de ciudadano libre, autónomo y, más de una vez, víctima del poder constituido.